Afrocolombianos se lanzan a la movilización pacífica nacional

Hijo, nieto y bisnieto de afrocolombianos, Richard Moreno Rodríguez nació en el río Atrato, en Tanguí, Chocó. “Se me ocurrió venir al mundo en una canoa, cuando la familia había ido a recoger maíz”, recuerda 51 años después de ese 14 de septiembre de 1971 en el que, por la casualidad de los trabajos agrícolas, quedó marcado con el sobrenombre con el que hasta hoy lo reconocen en el pueblo: “Campesino”.

Hijo, nieto y bisnieto de afrocolombianos, Richard Moreno Rodríguez nació en el río Atrato, en Tanguí, Chocó. “Se me ocurrió venir al mundo en una canoa, cuando la familia había ido a recoger maíz”, recuerda 51 años después de ese 14 de septiembre de 1971 en el que, por la casualidad de los trabajos agrícolas, quedó marcado con el sobrenombre con el que hasta hoy lo reconocen en el pueblo: “Campesino”.

Aclaración importante en un país que no solo gusta de los apodos, sino de separar a su población por categorías que obedecen a criterios racistas, clasistas y a todo tipo de discriminación y estereotipos. Y sí, Richard es afrocolombiano. Y campesino. Y abogado. Y ha sido procurador delegado de asuntos étnicos, procurador delegado en el Chocó y hasta hizo parte de la comisión que redactó el capítulo étnico de los acuerdos de paz ente el Estado colombiano y la exguerrilla de las Farc.

Es hijo de uno de los líderes más importantes que ha tenido la población afrocolombiana: Saturnino Moreno Rivas, de quien aprendió a cumplir en silencio sus responsabilidades y reclamar en voz alta sus derechos.

El Tanguí de su infancia estaba lleno de exuberancia natural y de ilusiones frente a las luchas sociales de Saturnino. El de su edad adulta, de dolores por la llegada de la violencia de las Farc, que dos veces obligó al desplazamiento de sus habitantes. El de ahora es una especie de mezcla de los anteriores. Tiene un poco más de 120 casas, 1.950 habitantes y es un orgullo de resistencia frente a las violencias que azotan a los pueblos afros. La del conflicto armado, aunque ha sido especialmente cruel, no es la única.

Resiliencia, esa palabra tan llena de significado a la hora de exaltar las capacidades un pueblo o persona para sobreponerse a las adversidades, resulta insuficiente cuando se trata de comunidades como la de Tanguí. En 2007 llegaron hasta ese corregimiento del municipio de Medio Atrato las hoy extintas Farc y los comandantes guerrilleros no podían creer que los afros les plantaran cara y hasta les salieran con ultimátum. Si la guerrilla no se iba, la comunidad abandonaría el pueblo. Y como las armas hicieron sentir muy valientes a los subversivos, el pueblo entero salió de la zona, dejando a los guerrilleros solos con su soberbia de poder y sin nadie a quien someter. Después de meses de refugio en albergues de Quibdó, Tanguí volvió por fin a Tanguí.

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La comunidad de esta región de Chocó es una de las tantas que hacen parte del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), una articulación de 13 procesos organizativos nacionales y regionales para la construcción de paz territorial y la reivindicación de los derechos étnicos y territoriales. Su coordinador es un abogado de la región, hijo de Saturnino y al cual todos conocen como “Campesino”. El Espectador habló con él acerca de las preocupaciones de los afrocolombianos, de la inclusión de esas inquietudes en la agenda del Gobierno Petro y de una inédita marcha nacional afrocolombiana que harán desde sus territorios y pretende llegar hasta la Casa de Nariño.

El Conpa le ha dado muchas lecciones al país, pero esa de la pandemia es increíble. Contra viento y mareo sacaron hasta la cumbre en Cali. ¿Cuáles fueron los principales mandatos de esa reunión?

Participaron más de 800 personas de todo el país. Y sí, hubo unos mandatos como el de impulsar la reglamentación de la Ley 70, la creación de una gran juntanza nacional afrocolombiana, impulsar el área de Mujer Familia, pero sobre todo trabajar por el derecho a la paz y en la construcción de la paz. Desde octubre de 2021 estamos haciendo juntanzas departamentales.

¿Y cuál es el objetivo de las juntanzas?

Articular procesos organizativos que están en todos los departamentos y los municipios para que tengamos como mínimo la posibilidad de encontrarnos y trabajar en medio de la diferencia en cuatro temas específicos: paz, organización social, territorio y etnodesarrollo o desarrollo para la construcción de la vida digna de nuestra gente.

¿Cómo hacen para que los intereses comunes prevalezcan en medio de esas diferencias a las que usted hace alusión?

Estamos en ese en ese propósito. Ya tenemos una gran coordinación de la juntanza afrocolombiana, con delegados y delegadas de las cinco macro regiones: Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonía, que están trabajando en función de fortalecer esta gran articulación. En noviembre del año pasado, en la segunda cumbre, en Bogotá, se les dio la bendición nacional a estas cinco personas tres mujeres y dos hombres.

¿Y qué sigue ahora?

Nuestro tercer momento es el de la movilización social. Aspiramos a que a mayo del próximo año estemos movilizando de manera pacífica, artística, por la paz y por la reivindicación de nuestros derechos entre 15.000 y 20.000 negros y negras que vengan de todos los rincones del país a decirle a la sociedad colombiana, al Estado colombiano, a la comunidad internacional, que somos un pueblo que, como lo dice el capítulo étnico el acuerdo final de paz, hemos aportado a la construcción de la Nación y que hemos sido las principales víctimas (en términos poblacionales y territoriales) del conflicto armado. Y que también somos los territorios y la población donde están los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas.

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Es decir, quieren llegar a Bogotá para contarle al país las tragedias que viven y a las que el Estado les ha dado la espalda.

Claro. Pero también les vamos a contar que somos la población y el territorio donde hay mayores niveles de organización social, comunitaria, de capacidad propositiva, de capacidad de construcción de paz, de capacidad de resiliencia y en ese sentido le vamos a notificar al país que a partir de esa fecha nos vamos a relacionar de diferentes maneras.

¿Cuáles?

La incidencia política, la acción jurídica y la participación política, pero también a través de la movilización pacífica en las calles. Lo que no consigamos con la participación política, la acción jurídica o la incidencia política nos lo tendrá que dar la movilización social pacífica.

En Colombia ha habido muchas movilizaciones, pero una de carácter nacional y exclusiva de la comunidad afro del país es toda una novedad por esta época.

Esta sociedad debe entender que la inclusión de los derechos del pueblo negro afrocolombiano, palenquero y raizal no es opcional. Es una obligación constitucional y legal y eso ya lo demostramos en la negociación que se hizo en La Habana entre el Estado colombiano y las extintas Farc. Nosotros como pueblos étnicos le dijimos al gobierno y a las Farc: “ustedes no nos representan y por lo tanto vamos a estar allí en esa negociación para defender nuestros derechos”. Fuimos a La Habana de manera, autónoma creamos entre pueblo negro e indígena la Comisión étnica de paz y la defensa de los derechos territoriales y nos convertimos en el tercer actor no armado de la negociación de La Habana, que con otros sectores organizativos y mucho apoyo internacional logramos lo que hoy es el capítulo étnico del acuerdo final de paz que se ha convertido en la Constitución étnica de este país.

En la negociación de La Habana lograron el capítulo étnico. ¿Ahora qué es lo que buscan? ¿Quieren algo parecido en las negociaciones de paz del Gobierno Petro?

Le hemos dicho a este gobierno y a los actores que van a negociar con este gobierno que nosotros vamos a estar en la negociación y vamos a participar a partir de lo logrado en La Habana. De ahí para adelante, todo. De ahí para atrás, absolutamente nada.

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Estamos convencidos de que la lucha del pueblo negro afrocolombiano y el raizal tendrá éxito en la medida que nos juntemos en medio de la diferencia. En la medida en que entendamos que diferenciando los roles somos más eficaces en la acción. Que el propósito final es la vida en dignidad de nuestra gente, la garantía de nuestros derechos en igualdad de condiciones con los demás sectores sociales y poblacionales, pero en equidad, que no es lo mismo. No es lo mismo tener distribución en igualdad, que distribución en igualdad y equidad.

Entonces las demandas por respeto a sus derechos y apoyo estatal que durante años han movilizado a municipios como Tumaco y Buenaventura, entre otros, ahora van a hacer lo propio, pero en todo el país.

Para nosotros la paz es importante, avalamos este proceso, pero ni los gobiernos ni los actores armados conocen nuestros derechos. Las Farc, en su lucha de clases, supuestamente negociaban por todos los colombianos. Y el gobierno nacional nos veía a todos en igualdad de condiciones. Pero resulta que, para nosotros y nosotras, sobre todo el negro y el indio rural, el territorio no es un bien comercial. El territorio hace parte integral de su vida. El territorio es para los pueblos como el pueblo para el territorio y eso no estaba en la negociación.

Una vez más queda claro que sus comunidades no solo rechazan a los violentos, sino que también tienen críticas a los enfoques de paz y desarrollo impulsados desde los gobiernos.

Élber, hablar de desarrollo con las Farc no es lo mismo que hablar de bienestar con los pueblos. Y para el gobierno también hay asuntos difíciles de entender. Muchas veces una comunidad étnica, aun teniendo recursos naturales no renovables en su territorio, dice que no le interesa sacarlos porque hacen parte un territorio ancestral o espiritual. Eso a algunas personas les parece una locura en la medida que creen que entre más se extraigan los recursos, hay más riquezas. Pero ¿riqueza para quién? ¿La material, la espiritual, a qué riqueza le apuntan y a quién beneficia?

Un concepto muy diferente sobre el valor de las cosas y el de la vida misma.

A muchos pueblos étnicos les ofende eso de la indemnización económica por las familias o los territorios que perdieron. Eso de que el Estado venga a decir que les va a pagar 14 o 20 millones de pesos por su hijo o su hermana es muy chocante para muchas familias. La vida es invaluable y eso no se ve en este país en el que muchos piensan que quien tiene más tierra es más rico que los demás.

¿Y por qué es tan importante el territorio en la ancestralidad y las prácticas culturales d ellos afrocolombianos?

Para los pueblos, más territorio tiene la mayor garantía de preservación de la identidad y de la herencia familiar y colectiva. Son concepciones que se tienen del mundo, de cómo vivirlo, de cómo sentirlo. Eso no se negocia en una en una mesa.

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No hablemos de asuntos de hace 10 o 20 años. ¿Cuál es hoy el ejemplo más doloroso del abandono a la comunidad afro que se le viene a la mente en este momento?

El Chocó tiene 31 municipios y sólo 13 tienen energía medianamente permanente en las cabeceras municipales. Si no hay energía permanente en un territorio, en una comunidad, cómo va a haber conectividad. Si no hay energía, por supuesto que el servicio de educación es precario. Si no hay energía, es precaria la conservación de los medicamentos y demás temas relacionados con el servicio de salud. ¿Y cómo nos vamos a conectar con otros lugares? Hasta la conservación de los alimentos termina siendo deficiente. El pueblo negro afrocolombiano, palenquero y raizal tiene los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas. Y en sus mismos territorios están los mayores volúmenes de recursos naturales renovables y no renovables.

En esos mismos territorios se traslapan los diferentes niveles de violencia, incluyendo la violencia armada que tiene el país.

¿Y cómo se conecta esa realidad con el flagelo del racismo?

Aquí ha existido un racismo estructural frente a los pueblos étnicos que ha llevado a la exclusión y a la falta de oportunidades de estos pueblos y por lo tanto no hay acceso eficiente a la educación. No hay acceso eficiente a la salud, ni saneamiento básico.

¿Qué le piden al Estado en relación con esos problemas que está mencionando?

Lo que le estamos diciendo al Estado es: no nos dé más que los demás. Dennos lo que nos han negado y lo que nos merecemos por ser colombianos, pero también por ser pueblos étnicos. Y esa es una parte que normalmente la gente no entiende. El solo hecho de que seamos pueblos étnicos nos concede dos tipos de derechos: los derechos generales, que tiene cualquier ciudadano, cualquier habitante de este país, y los derechos especiales por ser pueblos que están reconocidos en normatividad nacional e internacional.

¿Está hablando de temas como la propiedad colectiva de la tierra?

Así de claro, Élber. ¿Quiénes tienen propiedad colectiva en este país? Los negros y los indígenas. ¿Y por qué tenemos propiedad colectiva? Porque tenemos vida colectiva. ¿Y por qué tenemos vida colectiva? Porque el territorio es parte de nuestra identidad. Además, como le decía hace un momento, el territorio para nosotros no es un bien comercial.

¿Así era en su casa? ¿La tierra era de todos?

Mis abuelos murieron hace más de 30 años y los hermanos de mis padres no se han sentado a dividir cuántas hectáreas le tocan a cada persona de lo que quedó cuando murieron sus padres. Allá quien vaya a trabajar, o quiera trabajar la tierra, la trabaja. El papá, los hijos, los nietos, todo el mundo. Pensar en dividir ese territorio es pensar en dividir la familia. Eso no se entiende en otros sectores poblacionales. Somos un pueblo con una cultura y una forma de ver el mundo totalmente diferente. Las políticas públicas que se diseñan en Colombia en nada corresponden con el fortalecimiento de esa identidad, sino más bien tienen a desconocer esa riqueza cultural.

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Cuéntenos más sobre esa movilización que preparan. ¿Cómo va a ser?

No vamos nada más por salir a protestar. Esa no es la intención. Tampoco vamos a salir a bloquear. Nos vamos a movilizar en el marco de la Constitución y la ley, de manera pacífica, en términos de reivindicación de derechos colectivos. En términos culturales e identitarios, para marcar un antes y un después del relacionamiento entre el Estado colombiano (sin importar cuál sea su gobierno) y el pueblo negro afrocolombiano, palenquero y raizal. Hemos tenido varias vías para reivindicar nuestros derechos. Una es la acción jurídica, y hay muchos colectivos jurídicos y fundaciones y tenemos muchas sentencias ganadas, la gran mayoría de ellas incumplidas. Tenemos también incidencia política. Nos sentamos permanentemente con los gobiernos cada año. Hacemos planes de desarrollo de las comunidades negras y hacemos consultas para el plan de desarrollo nacional. Tenemos también la incidencia internacional. Todo eso es importante, pero muy pocos frutos nos ha dado en términos de que equiparemos nuestra existencia en este país en relación con la satisfacción de derechos.

¿Y eso es lo que le dirán al país con su marcha?

Vamos a decirle al Estado que a partir de ahora también nos veremos en la calle. Y no para destruir carreteras, bienes públicos, ni para paralizar la economía del país (de la cual estamos excluidos, porque no genera bienestar para la gran mayoría). Nos vamos a movilizar para que los derechos de la gente nuestra tengan igual valor que los de los demás miembros de la sociedad colombiana en lo general. Y para que tengan mayor valor en lo individual, porque hay un tema de reconocimiento como pueblos que hace que nos apliquen derechos muy especiales que a otros sectores poblacionales no les aplican. En mayo del próximo año van a salir negros y negras de todos los municipios del país, de todos los departamentos. Vamos a llegar, haciendo paradas en determinados territorios, a la Plaza de Bolívar, en Bogotá, a decirle al Estado colombiano: aquí estamos, estos somos, esto nos falta y a partir de la fecha también nos vamos a movilizar.

¿Será una movilización contra el Gobierno Petro?

Entre más organización social consolidada coherente exista en el país, mejor para el país. Ese el llamado que el presidente está haciendo al pedir que haya una sociedad movilizante. Cuando pide a la sociedad que se movilice no está diciendo salgamos a dañar las vías y las calles. Está diciendo que necesitamos una sociedad que proponga, que defienda sus propias causas, así sea frente al mismo gobierno o al mismo Estado. Eso es, justamente, lo que queremos hacer: defender nuestras propias causas.

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A propósito, ¿cómo le fue a la comunidad afro en el Plan Nacional de Desarrollo?

Quedaron temas importantes en términos de tierra, de derecho a la consulta, de proyectos importantes para el Pacífico, pero eso no es motivo de mucha alegría, todo el tiempo han quedado en los planes. Desde la Ley 70 de1993 se han hecho cinco planes de desarrollo para comunidades negras. En el gobierno anterior, se concertaron 19.5 billones de pesos para invertir en la población negra. Las cifras del Gobierno dicen que se invirtieron como seis. Para nosotros la cifra no llegó ni a uno. El problema no es que el tema quede en el Plan de Desarrollo. Después vienen los planes de inversión y en esos no participamos nosotros y nosotras como comunidades y es allí donde se define realmente la plata que se va a invertir y dónde se va a invertir. Y como ahí no participamos de manera directa tenemos que hacerle seguimiento desde las calles, desde las esferas organizativas.

¿Y cómo hacen ese seguimiento?

Pronto tendremos un encuentro nacional de Consejos Comunitarios en Quibdó. Los consejos comunitarios son unas entidades de gobierno propio que reguló la Ley 70 de 1993, que tienen una estructura definida, un representante legal, una junta directiva, una asamblea general. Muchos de ellos tienen propiedad colectiva del territorio privada. En el caso del Chocó, mi consejo comunitario, Cocomacia, tiene casi un millón de hectáreas tituladas colectivamente, más de 45.000 personas. Y ahí vamos a analizar lo que está pasando y ahí vamos a decirle al Gobierno Nacional que somos cinco millones de hectáreas tituladas colectivamente y más de tres millones de personas. El presidente está diciendo que va a contratar con acciones comunales y autoridades étnicas lo que concierne a vías terciarias y proyectos locales, pues aquí están estas autoridades y con ellas se puede contratar. Vamos a decirle: usted está diciendo que la paz pasa por los territorios y autoridades territoriales, pues aquí están estas autoridades que han sufrido el conflicto y saben cómo hacer paz territorial. Usted se comprometió en el plan de desarrollo a hacer estas obras, nosotros vamos a estar haciéndole seguimiento. Aquí el territorio es un elemento identitario y que faltan tantos títulos colectivos por otorgarnos. Que hay derechos territoriales que restituir. Vamos a marcarle también una ruta desde los Consejos Comunitarios al gobierno nacional, no como una oposición, sino como una oportunidad para avanzar en lo que se llama paz total, pero también en lo que se llama implementación del plan de desarrollo, que es el fundamento y la base de la paz total y de la implementación del acuerdo final de la de La Habana.

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