Robo de ganado ahora es delito autónomo en Colombia y se pagará con cárcel

El gobierno anterior objetó un proyecto dirigido a castigar con cárcel el robo de ganado porque eliminaba beneficios como casa por cárcel. / Archivo

El presidente Iván Duque sancionó este fin de semana la ley que establece el abigeato o robo de ganado como delito autónomo en el Código Penal. El primer mandatario destacó que la nueva norma contempla duras penas contra quienes ejercen estas prácticas, incluidas las de iniciar procesos de extinción de dominio sobre los bienes que sean usados para perpetrar el hurto.

“Espero poder firmar esa ley, que le da instrumentos a todo el aparato estatal para castigar ejemplarmente ese delito que ha afectado a muchos departamentos de Colombia”, había dicho en su momento el presidente Duque en una de sus correrías por las regiones. Cuando el valor de lo apropiado exceda los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes se impondrán penas mayores, señala la norma.

(Lea: Gobierno objetó proyecto de ley sobre abigeato)

“Si el valor de lo apropiado excede los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena de prisión será de 72 meses (6 años) a 132 meses (11 años) y multa de 50 a 100 salarios mínimos legales vigentes”, indica un aparte del articulado aprobado en el Capitolio y avalado por el primer mandatario al cierre de este 2018. Además, se castigará la violencia física si se presenta en el momento del hurto, lo que daría cárcel de entre siete y 12 años.

No es la primera vez que el uribismo lidera este debate para lograr que el delito de abigeato fuera considerado autónomo dentro del Código Penal pues, en el pasado, ya había sido radicada una iniciativa similar, encabezada por la senadora Nohora Tovar. No obstante, a mitad de este año el entonces presidente Juan Manuel Santos objetó el proyecto pues consideraba que vulneraba los derechos humanos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto eliminó de tajo la  detención domiciliaria, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y los demás beneficios judiciales y administrativos para los autores del delito de abigeato. “Resulta altamente inconveniente (…) porque se incrementan los factores que están generando la persistente violación de los derechos humanos a las personas privadas de libertad”, explicó Santos en aquel entonces.