26 Aug 2020 - 2:57 a. m.

Se cae denuncia contra representantes que sesionaron desde el Capitolio

A principios de mayo, un abogado de la firma de Abelardo de la Espriella denunció a los parlamentarios que, en plena pandemia, hicieron presencia en el Salón Elíptico. La Corte inadmitió la denuncia y reiteró la autonomía del Legislativo respecto a las disposiciones administrativas.

Después de tres meses y de que la Corte Constitucional tumbara el artículo 12 del decreto legislativo 491 de 2020, con el que el Gobierno pretendió darle vía libre a las sesiones virtuales de todas las ramas del poder público, la Corte Suprema de Justicia zanjó otra discusión que se desató a raíz de una denuncia del abogado Hollman Ibáñez contra cinco representantes que sesionaron desde el Capitolio en plena pandemia y que, según él, violaron las medidas sanitarias dispuestas por el Ejecutivo y la Alcaldía de Bogotá.

En el sentido del fallo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema inadmitió la denuncia interpuesta por Ibáñez, abogado de la firma de Abelardo de la Espriella y recordado por tratar de posesionarse como magistrado del Consejo Nacional Electoral a través de una notaría, al considerarla improcedente porque no tiene relevancia jurídico-penal y no cuenta con el suficiente contenido material para determinar un acto delictivo por parte de los representantes Inti Asprilla, Katherine Miranda y León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde; David Racero y María José Pizarro, de los Decentes.

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En las consideraciones de la Corte, se resalta la autonomía del Legislativo respecto a las otras ramas del poder público, en este caso a decisiones administrativas del Gobierno y la Alcaldía de Bogotá. Otro de los argumentos que trajo a colación fue el reglamento interno del Congreso (Ley 5 de 1992) que señala a “la presencialidad como regla general para el cumplimiento de las funciones congresionales de deliberación y debate de los proyectos de ley y actos administrativos”.

Así mismo, el alto tribunal señala, basándose en la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, que “los decretos y resoluciones emitidos por el poder ejecutivo en el presente ‘Estado de Emergencia’ no tienen la potencialidad de modificar las reglas por las que han de regirse las actividades de los poderes legislativo y judicial”. Y aunque reconoce la naturaleza del estado de excepción, recordó las funciones del mismo Congreso ante situaciones como la mencionada de revisión de las motivaciones de la declaratoria y la posibilidad de modificar y derogar los decretos ley.

También, la Corte cita la Resolución 464 del 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud con el que decreta la medida de aislamiento preventivo, exceptuando, entre otros, a funcionarios que deban de atender gestiones propias de su empleo y servidores de elección popular.

En últimas, el tribunal rescata que “no es posible prohibir y, menos aún, sancionar penalmente la asistencia presencial de aquellos miembros de las corporaciones públicas de elección popular que así lo consideren como necesario para realizar cabalmente su labor, toda vez que el derecho penal no puede convertirse en una herramienta o instrumento que afecte el diseño de un Estado Social de Derecho, en el que rigen los principios de independencia y autonomía de las tres ramas del poder público”.

Tras la decisión de la Corte, el representante Asprilla escribió en Twitter: “Al bufet de De la Espriella debería de darles pena poner denuncias tan ridículas. Todavía recuerdo su columnita tratándonos de ‘bandoleros’ por ser los primeros en ir a trabajar al Congreso”. Esto último con relación a un artículo de Abelardo de la Espriella en las que criticó fuertemente a los cinco representantes que asistieron al Capitolio.

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