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Este miércoles, la Superintendencia de la Economía Solidaria anunció que ordenó la toma de posesión “inmediata” de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir), administradora de Drogas La Rebaja, por incumplir sus estatutos. Esta decisión continúa llamando la atención sobre las acciones que últimamente han tomado las superintendencias.
En cuestión de 13 días, y en medio del hundimiento de la reforma a la salud, la Superintendencia de Salud intervino administrativamente tres EPS. La última, a EPS SOS, se produjo 28 días después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inspeccionara las instalaciones de la Cancillería, Registraduría y Thomas Greg and Sons en medio del escándalo por la fallida licitación de pasaportes. Estos eventos han abierto el debate sobre si las acciones de las superintendencias están alineadas con los intereses del gobierno del presidente Gustavo Petro, como lo contó El Espectador el lunes, cuando ahondó en este debate.
Desde el mundo político, las interpretaciones varían. Mientras algunos ven estas medidas como una politización de las superintendencias, y otros argumentan que es la primera vez que las entidades ejercen a plenitud sus funciones. La Supersalud y la SIC no son las únicas. Estas acciones también han generado críticas y preocupaciones sobre la imparcialidad y objetividad de la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Subsidio Familiar.
Esta última estuvo inicialmente bajo la administración de Luis Guillermo Pérez Casas, quien ha ejercido como abogado de Petro en el pasado, la cual pronto creó un ambiente de tensión con las cajas de compensación. En noviembre de 2023, la Procuraduría lo suspendió de su cargo por tres meses porque se le acusa de haber modificado, sin justificación legal, la lista de elegibles para ocupar puestos de director administrativo y agentes interventores de las cajas, incluyendo personas que no cumplían con los requisitos inicialmente exigidos.
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Esta acción ha sido leída por integrantes de las cajas como un intento de Pérez Casas por ubicar a sus “fichas” en estos cargos. “El superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable”, explicó el Ministerio Público por medio de un comunicado.
Por otro lado, el Ministerio Público también profirió un segundo cargo disciplinario contra Pérez Casas por solicitar a las cajas de compensación vigiladas un aporte en dinero para el proyecto de “paz total” Buenaventura, Valle del Cauca. “Esta petición se pudo entender como una orden para las cajas de compensación, debido a las funciones de vigilancia y control que Pérez Casas ejercía sobre ellas”, concluyó el órgano de control.
Al respecto, el abogado, que ha defendido su gestión, ha optado por pedir medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando una presunta persecución política por parte de la Procuraduría, que también investiga si siguió ejerciendo mientras estuvo suspendido.
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Por otra parte, la Supertransporte también ha sido cuestionada en términos de “fichas”. Según Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente e investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la superintendente Ayda Lucy Ospina Arias es una ficha de Euclides Torres, líder del poderoso Clan Torres y quien terminó mencionado en medio de las investigaciones por la presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
“Laura Sarabia se encargaba de ubicar a gente en cargos importantes, en sectores en los que Euclides tiene algún tipo de interés (...) Por ejemplo, la Superintendencia de Transporte, esa ficha es del señor Euclides”, dijo Petro Burgos en sus declaraciones a la Fiscalía en agosto del año pasado. “Desconozco si Euclides le pidió al presidente nombrar a Laura en el cargo en el que estaba, pero, sin lugar a dudas, Laura aprovechó ese cargo para ayudar al señor Euclides”, agregó.
Por su parte, la superintendente le dijo a este diario que fue designada por el presidente, no es ficha ni de grupos políticos, ni de persona alguna.
Este tema cobra especial relevancia pues, según reveló La Silla Vacía, Euclides Torres y su clan estarían beneficiándose de los trámites y certificaciones necesarios para licencias de conducción y revisiones técnico-mecánicas de vehículos en el país. El lucrativo negocio se multiplicaría, además, gracias a un proyecto de ley que fue impulsado por el senador del Pacto Histórico Pedro Flórez, quien también es sobrino político de Torres, y que está en su último debate en el Congreso.
Este proyecto, que ahora está en la Cámara, obligaría a los ciudadanos a realizar estos trámites a través de un sistema llamado Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (Sicov), que ya ha recaudado alrededor de $186 mil millones desde su implementación. Sin embargo, según el representante liberal Luis Carlos Ochoa, ha dicho que el articulado que modifica el Sicov no beneficia al Clan Torres ni a ningún grupo económico.
En cuanto a las otras superintendencias, la Superintendencia Financiera ha facilitado operaciones empresariales importantes como la OPA entre Grupo Gilinski y el GEA, mientras que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha participado activamente en la formulación de reformas a la Ley de servicios públicos, como lo contó El Espectador.
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