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14 Nov 2020 - 2:00 a. m.

“Tenemos un registrador con una ambición de poder desmedida”: Armando Novoa, exmagistrado del CNE

Asegura que el fuerte apoyo que tiene la reforma al Código Electoral se debe a acuerdos previos entre Alexánder Vega y congresistas.
Para Novoa, temas como el voto electrónico debe implementarse de manera transitoria.
Para Novoa, temas como el voto electrónico debe implementarse de manera transitoria.
Foto: OSCAR PEREZ

Como casi siempre pasa en el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la oposición le toca dar luchas internas prácticamente que en solitario. En eso tiene experiencia Armando Novoa, exmagistrado de ese tribunal electoral, quien intentó sin éxito desde ese organismo, por ejemplo, que se reconociera la personería jurídica del movimiento Colombia Humana. Hoy, luego de su paso por el CNE, aún no se desvincula del debate político, sobre todo si tiene que ver con los temas en los que tiene más conocimiento, como el sistema electoral colombiano.

Ha seguido de cerca la discusión sobre la reforma electoral que el jueves fue aprobado en comisiones primeras conjuntas y que tiene puntos polémicos. Novoa lanza fuertes críticas al registrador Alexánder Vega, quien fue su compañero en el CNE, y advierte que varios de los artículos que contiene la propuesta para transformar las reglas de las elecciones en Colombia acentuarían los hechos de clientelismo.

Además, asegura que el gran apoyo que ha tenido la reforma en el Congreso, en donde naufragó una reforma política que incluía varias bondades, tendría que ver con acuerdos entre el registrador Vega y algunos miembros del Legislativo.

¿Cómo entiende la aplanadora que hay en el Congreso para aprobar la reforma electoral?

Hunden la reforma política sin una discusión mínima y votan un código de 260 artículos sin chistar. Ahí coinciden varias cosas porque se necesita, por supuesto, un nuevo Código Electoral, ya que el de hoy es anterior a la Constitución del 91 y tenemos una legislación electoral supremamente dispersa y desordenada. Eso genera incertidumbre en los procesos porque, al momento de resolver un caso, nos encontramos con la barrera de cuál norma aplicar, cuál está vigente y cuál no. También se necesita para incorporar los principios de derechos fundamentales de la Constitución, aunque ahí hay un déficit en este código, porque deja el proceso electoral en los políticos y el Estado, no en los ciudadanos.

¿Tiene que ver algo el registrador Alexánder Vega?

Tenemos un registrador con una ambición de poder desmedida y para sacar adelante el nuevo código está ofreciendo el oro y el moro a todo el mundo. Primero, la bolsa de empleos de la organización electoral, que son 4.000 cargos que quedarán a su discreción, porque las normas del proyecto van en dirección de aplazar y obstaculizar la carrera administrativa. Nada da certezas sobre tiempos, recursos y maneras para aplicar esa carrera, a pesar de que hay sentencias de la Corte que la piden. Entonces, no resuelve el principal problema de la organización electoral, que es la falta de credibilidad.

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¿Y para esa recuperación de confianza se necesita que los funcionarios de la Registraduría hagan parte de la carrera administrativa?

Exacto, pero ahora el registrador propone en el proyecto que los registradores municipales, que son más de mil, sean de libre remoción por pérdida de confianza. En este momento, las tres cuartas partes de esos registradores están en provisionalidad, con contratos de tres y seis meses y, ahora, se les agrega el elemento de que pueden ser desvinculados solo por pérdida de confianza.

Es decir que quedan esos nombramientos a merced del registrador de turno...

Significa que, para las elecciones de 2022, todos los registradores municipales estarán a discreción del registrador. ¿Y cómo nombra 1.120 registradores? Con amigos, los sacará de una base de datos por recomendación política, y por eso es que la Cámara y el Senado, en sus mayorías, están cerrados con no hacer una discusión detallada del tema, sino de “pupitrear” el proyecto. Y eso no implica solo el nombramiento de funcionarios, sino el control del proceso electoral, porque los registradores y los delegados del registrador son los secretarios de las comisiones escrutadoras municipales, zonales, distritales y departamentales.

Claro que el problema de la falta de independencia de la Registraduría es tan viejo como las elecciones...

Según mis informaciones, está planteado por lo menos desde 1948. Después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán hicieron una comisión bipartidista coordinada por Carlos Lleras Restrepo, en donde se planteó que ese era el principal problema de la organización electoral y no se resuelve con este Código. Por el contrario, se profundiza la captura, porque ya no estamos hablando propiamente de clientelismo, de gente que hace transacciones a través de puestos, sino de la captura del Estado por unos clanes electorales y políticos. Eso lo tiene estudiado Luis Jorge Garay. Ahora se controla el paquete completo de la organización electoral.

¿Esa situación se asemejaba a lo que se proponía en ese mismo Código con la descentralización del Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Por fortuna, esa propuesta fue negada. El registrador prefirió dejar que se hundieran esos consejos a establecer un sistema de carrera. Esos consejos seccionales se necesitan, porque es muy difícil que nueve señores desde Bogotá puedan hacer control de todo, de publicidad y financiación. Se necesitan, pero en el diseño propuesto por el registrador y el CNE eran de libre nombramiento y remoción, y lo que hacían era reproducir la composición del consejo electoral a nivel territorial. Eso se hundió, a pesar de que se propuso un concurso de méritos para la selección de esos dos consejeros territoriales en cada departamento.

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Así como está planteado el nuevo Código, le entiendo, solo profundizaría el clientelismo en las regiones, en cabeza del registrador nacional...

Y amplificado. Que es, entre otras cosas, lo que ya está pasando. Uno de los delegados del registrador en Atlántico, de apellido Novoa y que no es mi pariente, al momento de posesionarse ante la gobernadora agradeció a la casa Char la designación. Hay datos como los que publica la fundación Pares: previamente al trámite de este proyecto, el registrador ha removido decenas de funcionarios para nombrar recomendados por los políticos. Sé que hay personas de la Comisión Primera del Senado en eso. El clan de los Aguilar en Santander, líderes del Partido Liberal en Santander, en Valle del Cauca, en Antioquia. En Caldas hay que averiguar si familiares del presidente del CNE son registradores. Entonces, así se va entendiendo el unanimismo: porque antes los vacunó con puestos. Y hay decenas de personas aprovechando la provisionalidad para meter en esos cargos a personas recomendadas por los congresistas.

O sea, para usted, la unanimidad en el Congreso es porque el registrador está haciendo pactos con políticos regionales...

Está haciendo lo que va a suceder con el Código, y lo está haciendo de facto, desde que se posesionó. El registrador cuadró a la clase política para pavimentar la aprobación del Código. Es que no es posible que, en un mes, aprueben 260 artículos sin que el país se entere de eso. En las reglas electorales es donde se juega la suerte de la formación de la voluntad popular.

Además de ese punto, las modernizaciones del Código Electoral implicarán mucha contratación...

La contratación gigantesca es el otro elemento, porque hay que poner en marcha toda la tecnología, los softwares, la cédula digital. El registrador se ufana de que vamos a tener cédula digital en diciembre y no nos ha dicho ni qué información va a tener ese documento, sin unas reglas claras de privacidad, de habeas data, y eso es muy grave. Hay un imperativo tecnológico, pero también una razón mercantil muy poderosa.

¿Considera que con la modernización del sistema electoral puede haber mayores garantías electorales?

Depende, porque toca ver de qué manera se aprueba y se implementa. Pero no podemos glorificar la tecnología si no hay ganancias en la independencia del aparato electoral, ya que la tecnología no se maneja por sí sola, tiene un límite, está sujeta al elemento humano y, en este caso, quedaría controlada por la clase política tradicional de manera permanente. Se plantean unos avances, como la auditoría al software de escrutinios, y su efecto se verá en relación a esas curules que siempre quedan en disputa en la circunscripción nacional de Senado, por ejemplo. Pero en las elecciones a Presidencia, a cargos uninominales y elecciones territoriales, el problema está en otra parte: en la compraventa de votos y en el manejo de la contratación pública. El proyecto no avanza nada en esa materia porque los pocos instrumentos que contemplaba de transparencia en la financiación, donantes, registro de proveedores, se hundieron.

¿Quiénes están detrás de esa contratación?

¿Cómo explica usted que el proyecto entre con mensaje de urgencia y las comisiones terceras aprobaron duplicar el presupuesto de la Registraduría? Ni el Ministerio de Salud ni el de Educación. El presupuesto de la Registraduría pasó de $660.000 millones a $1,1 billones en 2021, sin que el Código esté aprobado. Va a haber una feria de contratos en ligas mayores, en donde van a participar algunos congresistas. Eso es lo que explica el unanimismo. Esa es la interpretación que yo tengo luego de hacer parte de la organización electoral.

Se puede concluir que se necesita ese Código, pero que hay una prisa evidente para aprobarlo porque hay un interés económico detrás. ¿Se debería esperar?

Hay negocios, hay clientelismo, hay contratación y, por supuesto, hay un tema político de cara a las elecciones de 2022, porque el Código cambia algunas cosas en los procesos electorales que quedan bajo el control del registrador en alianza con el presidente. El registrador, de forma atípica, está pidiendo facultades extraordinarias por seis meses al presidente para modificar la planta de personal. El Código se aprueba en diciembre, va a control previo de constitucionalidad en la Corte, y, por términos, eso no sale antes de abril o mayo. Y se le entregan inmediatamente facultades extraordinarias al presidente para reformar la planta de personal, con una reforma que estaría lista para mediados del segundo semestre de 2021, cuando ya el calendario electoral está corriendo. ¿A quién se le ocurre pedir facultades extraordinarias al presidente para que asuma el poder de fijar la estructura de la organización electoral, sin el control del Congreso?

¿Cuál debe ser la forma de aprobar algo que se necesita, pero que traería riesgos en el corto plazo?

Hay un manto de duda sobre los móviles de este Código y sobre las consecuencias que tendrá su aplicación apresurada, y la forma de salvar eso es que se aplique el Código, pero después de las elecciones de 2022, incluso de 2023. Hay cosas que no se pueden aplicar en 2022, ni siquiera gradualmente. El Código debe establecer unas normas transitorias, de progresividad, para que la nueva arquitectura institucional entre en vigencia después de 2022.

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