La adjudicación de la Registraduría a Thomas Greg & Sons del contrato para la logística electoral de las elecciones de 2026 desató una tormenta política por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a esa multinacional, la misma que hasta el momento se encarga de fabricar los pasaportes en Colombia. Tras la confirmación de que la empresa se quedó con el convenio de $2,1 billones, el jefe de Estado aseguró que tiene dudas sobre la “transparencia” en las próximas elecciones.
Sin embargo, desde la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y algunos partidos políticos aseguran que no hay indicios para lanzar dicha advertencia, pues, además de otras razones, Thomas Greg no es la empresa que maneja todas las elecciones, ya que los procesos están divididos y requieren la contratación de otras firmas. Además, según explicaron las autoridades electorales, el conteo de los votos no está a cargo de ningún privado, sino de los jurados y luego de los jueces en la etapa del escrutinio.
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De acuerdo con fuentes de la Registraduría, además de que en las próximas semanas se contratarán las auditorías de los contratos, también se publicarán otros procesos claves para el desarrollo de las legislativas y presidenciales de 2026, como es el caso del contrato para la consolidación y divulgación de las votaciones.
Pero entonces, ¿cómo han funcionado las elecciones en los últimos años y qué empresas están detrás? Para responder esta pregunta conviene revisar los últimos dos grandes procesos electorales que se han celebrado en Colombia, las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, en las que ganó Gustavo Petro, y las territoriales para elegir alcaldes, gobernadores y concejales.
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En 2022, la Registraduría no solo contrató a Thomas y sus socios, sino que celebró 13 convenios por un total de $1,3 billones. Eso sí, la firma que también maneja los pasaportes se quedó con el proceso más cuantioso, ya que su contrato fue de $1,2 billones para garantizar la inscripción de ciudadanos y candidatos, el kit electoral, preconteo, digitalización de los formularios E-14 y otros servicios.
Además de este proceso, ese año la Registraduría contrató a Indra, multinacional española para que se encargara de la divulgación de los resultados por un costo de $34 mil millones, a los que se sumaron otros $27 mil millones para el proceso de escrutinios generales. Por otra parte, se contrató a la firma JAHV McGregor para la auditoría. En esas elecciones también se suscribieron convenios con Satena para el transporte de personal, con Compensar para la capacitación de personal y con Telecafé para el plan de medios, entre otras empresas.
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Las elecciones regionales de 2023 tuvieron una estructura similar. Thomas Greg & Sons, junto a otras empresas en la Unión Temporal Disproel ganó el contrato de logística por un valor de $1 billón. Indra también repitió con la divulgación de resultados por un valor de $74 mil millones y JAHV McGregor hizo lo propio con la auditoría, que costó poco más de $19 mil millones.
Ese año se firmaron en total 15 contratos para garantizar la realización de la jornada electoral. En total, los procesos sumaron $1,4 billones. La contratación para las elecciones de 2026 ya inició y todo indica que el proceso tendrá un costo mayor a los anteriores, pues solo la logística implicará más de $2,1 billones.
Lo cierto es que Thomas Greg e Indra, dos de las empresas más mencionadas en el debate, llevan varios años involucradas en los temas electorales. Indra, por ejemplo, que como lo reveló El Espectador visitó en noviembre pasado la Casa de Nariño, ha participado –entre otras– en las territoriales de 2011, 2015, 2019 y 2023, las legislativas y presidenciales de 2014, 2018 y 2022, el plebiscito por la paz de 2016 y la consulta anticorrupción de 2018.
Probablemente el debate por la contratación electoral continuará agitando los ánimos políticos, pero las autoridades electorales insisten en que las elecciones de 2026 se realizarán sin alteraciones y que estarán blindadas.
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