Tras escándalo de contratación, Gobierno saca circular para prevención y control

El Gobierno Nacional fue foco de críticas, en los pasados días, cuando se conoció que la esposa del exasesor de María Paula Correa, jefa de gabinete, Mauricio Mayorquín, tuvo contratos en el tiempo que él se desempeñó como funcionario por más de $1.200 millones. Por ello, el Ejecutivo optó por blindarse y emitió una circular a ministerios, departamentos administrativos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional para dar las pautas de cómo hacer control y prevención en la contratación pública.

Quien informó de la expedición de la circular, fue la misma Correa, quien retiró del cargo a Mayorquín cuando se destapó el escándalo y señaló que no sabía nada al respecto, aun así, cuando hubo dos contratos de Karen Váquiro, su esposa, que celebró directamente con Presidencia.

Lea: “No sabía de los contratos”: Correa sobre caso de Andrés Mayorquín y Karen Váquiro.

“El Gobierno Nacional está convencido de que la transparencia, la integridad y la legalidad en la gestión pública y, en especial, en la contratación estatal, constituyen la garantía y la materialización de los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución”, se lee en el encabezado de la directriz.

Son siete directrices que ordena el Gobierno Nacional, para evitar casos como los del matrimonio Mayorquín Vaquiro y para hacer mayor control en la contratación pública.

También: Otro escándalo de contratación en Presidencia, ahora con su secretario Jurídico.

1. Exigen verificar si el contratista tiene uno o más acuerdos suscritos con otras entidades del Estado de la misma naturaleza. “Lo anterior con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”.

2. Hacer registro de toda contratación y contratistas en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (Sigep). Esto va no solo para las entidades nacionales, sino, también, para las territoriales.

3. Publicar toda la información oficial de la contratación en el Secop, sin importar el régimen contractual de las entidades estatales. Esto incluye también documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales.

4. Colombia Compra Eficiente deberá enviar informe semestral a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) sobre todo lo que conste en Secop I y Secop II, para que la UGPP haga el debido control sobre el cumplimiento contractual.

5. Las autoridades de control y las entidades suscritoras de contratos están en la obligación de hacer permanente seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los contratos celebrados, así como a las modificaciones que se hagan de los acuerdos en el tiempo en el que se desarrolla el contrato, para identificar potenciales conflictos de interés.

6. En el Sigep se habilitará una casilla de reporte de vínculos familiares con funcionarios públicos (segundo grado de afinidad y de consanguinidad) que, obligatoriamente deben de diligenciarse para la celebración de contratos. “Todo lo anterior con el fin de generar las posibles alertas a partir de la interoperabilidad de sistemas de información del Estado y en cumplimiento de la normatividad vigente”.

7. Por último, ante cualquier irregularidad en el proceso contractual, la entidad deberá de reportar la información a la autoridad competente.

La circular termina invitando a las otras ramas, legislativas, judiciales y órganos autónomos, a acoger las directrices y expidan, así mismo, sus mecanismos de control.

Más: “Pequé por inocencia, por desconocimiento”: Váquiro sobre polémica de contratación.

Además de los millonarios contratos que obtuvo Vaquiro durante el tiempo en que su esposo fungía como asesor de María Paula Correa, las críticas también se volcaron a su idoneidad como contratista, pues su experiencia de trabajo era como gerente de oficina del Banco de Bogotá durante más de un año y medio, y en la empresa Link Consultores SAS, que fundó con Mayorquín.

Por lo ocurrido con el matrimonio Mayorquín Vaquiro, pidieron la renuncia de María Paula Correa, quien, contrario a dar muestras de irse, salió en una rueda de prensa a señalar que no conocía a Vaquiro y no tenía idea alguna de que ella contratara con el Estado. Correa manifestó a los medios que se sintió “asaltada en mi buena fe”.

El Gobierno Nacional fue foco de críticas, en los pasados días, cuando se conoció que la esposa del exasesor de María Paula Correa, jefa de gabinete, Mauricio Mayorquín, tuvo contratos en el tiempo que él se desempeñó como funcionario por más de $1.200 millones. Por ello, el Ejecutivo optó por blindarse y emitió una circular a ministerios, departamentos administrativos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional para dar las pautas de cómo hacer control y prevención en la contratación pública.

Quien informó de la expedición de la circular, fue la misma Correa, quien retiró del cargo a Mayorquín cuando se destapó el escándalo y señaló que no sabía nada al respecto, aun así, cuando hubo dos contratos de Karen Váquiro, su esposa, que celebró directamente con Presidencia.

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“El Gobierno Nacional está convencido de que la transparencia, la integridad y la legalidad en la gestión pública y, en especial, en la contratación estatal, constituyen la garantía y la materialización de los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución”, se lee en el encabezado de la directriz.

Son siete directrices que ordena el Gobierno Nacional, para evitar casos como los del matrimonio Mayorquín Vaquiro y para hacer mayor control en la contratación pública.

También: Otro escándalo de contratación en Presidencia, ahora con su secretario Jurídico.

1. Exigen verificar si el contratista tiene uno o más acuerdos suscritos con otras entidades del Estado de la misma naturaleza. “Lo anterior con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”.

2. Hacer registro de toda contratación y contratistas en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (Sigep). Esto va no solo para las entidades nacionales, sino, también, para las territoriales.

3. Publicar toda la información oficial de la contratación en el Secop, sin importar el régimen contractual de las entidades estatales. Esto incluye también documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales.

4. Colombia Compra Eficiente deberá enviar informe semestral a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) sobre todo lo que conste en Secop I y Secop II, para que la UGPP haga el debido control sobre el cumplimiento contractual.

5. Las autoridades de control y las entidades suscritoras de contratos están en la obligación de hacer permanente seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los contratos celebrados, así como a las modificaciones que se hagan de los acuerdos en el tiempo en el que se desarrolla el contrato, para identificar potenciales conflictos de interés.

6. En el Sigep se habilitará una casilla de reporte de vínculos familiares con funcionarios públicos (segundo grado de afinidad y de consanguinidad) que, obligatoriamente deben de diligenciarse para la celebración de contratos. “Todo lo anterior con el fin de generar las posibles alertas a partir de la interoperabilidad de sistemas de información del Estado y en cumplimiento de la normatividad vigente”.

7. Por último, ante cualquier irregularidad en el proceso contractual, la entidad deberá de reportar la información a la autoridad competente.

La circular termina invitando a las otras ramas, legislativas, judiciales y órganos autónomos, a acoger las directrices y expidan, así mismo, sus mecanismos de control.

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Además de los millonarios contratos que obtuvo Vaquiro durante el tiempo en que su esposo fungía como asesor de María Paula Correa, las críticas también se volcaron a su idoneidad como contratista, pues su experiencia de trabajo era como gerente de oficina del Banco de Bogotá durante más de un año y medio, y en la empresa Link Consultores SAS, que fundó con Mayorquín.

Por lo ocurrido con el matrimonio Mayorquín Vaquiro, pidieron la renuncia de María Paula Correa, quien, contrario a dar muestras de irse, salió en una rueda de prensa a señalar que no conocía a Vaquiro y no tenía idea alguna de que ella contratara con el Estado. Correa manifestó a los medios que se sintió “asaltada en mi buena fe”.