Un millón de cartas por la consulta anticorrupción

Es posible que por estos días haya recibido un mensaje por Whatsapp en el que se invita a pedir un tarjetón adicional el próximo 11 de marzo, día en que se realizarán las elecciones a Congreso, para votar la consulta anticorrupción. Lo primero que hay que decir es que ese mensaje es completamente falso, porque aún falta un paso para que el presidente de la República y la Registraduría convoquen a los ciudadanos a decidir si quieren aprobar los mandatos que contiene dicha iniciativa, que plantea, entre otros puntos, la reducción del salario de los congresistas, la cárcel a corruptos y la prohibición de que éstos puedan contratar con el Estado, la rendición de cuentas de los congresistas o la limitación a máximo tres períodos para estar en una corporación pública, como Senado, Cámara, Asamblea Departamental o Concejo Municipal.

Apenas hasta el pasado 23 de enero, después de cuatro meses de que la Registraduría verificara más de tres millones de firmas recolectadas y le diera vía libre a la consulta anticorrupción, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que las cuentas de dicha campaña habían sido certificadas. Ahora, la iniciativa deberá seguir su trámite en el Senado de la República, en donde se necesita un aval de conveniencia de la plenaria para que el presidente llame a las urnas. “Vamos a radicar la proposición el 16 de marzo, cuando se inicien las sesiones”, señaló la senadora Claudia López, una de las promotoras de la consulta.

Según López, si la plenaria del Senado da el visto bueno, la idea es que los ciudadanos puedan acudir a las urnas el mismo fin de semana de la elección presidencial, ya sea de la primera o la segunda vuelta (si lahubiere), para votar por los siete mandatos. La ley expresa la prohibición de que la consulta se haga el mismo día de las elecciones, por eso se podría programar el día antes y así aprovechar la logística y las mesas instaladas en el país.

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Los cálculos de López apuntan a que el Senado apruebe la consulta sin problemas, pues por lo menos cuatro de los siete mandatos ya habían sido aprobados en proyectos de ley en esa corporación y hoy no son leyes de la República, básicamente, porque se hundieron en la Cámara de Representantes. “Eso me hace optimista. Si el Senado votó antes, por qué no va a dejar que los ciudadanos voten lo mismo que ellos ya habían apoyado”, comenta la senadora. Eso, sumado a que la iniciativa cuenta con las firmas de congresistas como Juan Manuel Galán, Juan Fernando Velasco, Armando Benedetti o Maritza Martínez, así como la inclusión de varias de las propuestas de la iniciativa en los programas de algunos de los candidatos a la Presidencia.

De forma paralela, los promotores iniciaron una campaña para que los ciudadanos les envíen cartas a los senadores en las que les piden votar favorablemente la iniciativa en la plenaria. Para esto, en la página web de la consulta vencealcorrupto.com se ha dispuesto de un sistema para que los interesados puedan firmar y enviar sus cartas, eligiendo al senador al que le quieren hacer llegar su petición. Hasta el momento se han recibido 800.000 cartas que serán depositadas en los buzones de los senadores, sin embargo, el objetivo es contar con un millón de misivas para el día de la radicación de la proposición. De todas formas, en caso de que el Senado no avale la proposición, la consulta queda viva y su aval podrá ser dado por el nuevo Congreso.

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En últimas, todos estos pasos son trámites políticos. Sin duda, el reto más duro que tendrá la consulta será el de lograr la participación de, por lo menos, 11 millones de personas y que éstas voten en su mayoría (la mitad más uno) por el sí en cada uno de los mandamientos. Si no se logra el umbral de participación, cercano al 33 % del censo electoral, los esfuerzos habrán sido en vano. “Nosotros escogimos la consulta porque es el único mecanismo de participación ciudadana que tiene un seguro para ser obligatorio. Necesitamos que los ciudadanos pasen de la quejadera a la votadera”, apunta la senadora de la Alianza Verde. La situación se vuelve más compleja si se tiene en cuenta el contexto colombiano y la alta abstención: en la segunda vuelta presidencial, en 2014, salieron a votar 13,2 millones personas, de 33 millones habilitadas para votar, anotando en la historia uno de los porcentajes más altos de abstencionismo. Hoy, según la Registraduría, el potencial electoral del país está en 36’024.467.

En caso de que se haga la consulta, se logre el umbral y se voten los mandatos con las mayorías necesarias, el Congreso tendrá el plazo de un año para tramitar vía proyecto de ley cada uno de los puntos de la iniciativa. Si eso no sucede, quedará habilitado el presidente de la República para hacer las modificaciones necesarias a través de decretos ley.

Es posible que por estos días haya recibido un mensaje por Whatsapp en el que se invita a pedir un tarjetón adicional el próximo 11 de marzo, día en que se realizarán las elecciones a Congreso, para votar la consulta anticorrupción. Lo primero que hay que decir es que ese mensaje es completamente falso, porque aún falta un paso para que el presidente de la República y la Registraduría convoquen a los ciudadanos a decidir si quieren aprobar los mandatos que contiene dicha iniciativa, que plantea, entre otros puntos, la reducción del salario de los congresistas, la cárcel a corruptos y la prohibición de que éstos puedan contratar con el Estado, la rendición de cuentas de los congresistas o la limitación a máximo tres períodos para estar en una corporación pública, como Senado, Cámara, Asamblea Departamental o Concejo Municipal.

Apenas hasta el pasado 23 de enero, después de cuatro meses de que la Registraduría verificara más de tres millones de firmas recolectadas y le diera vía libre a la consulta anticorrupción, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que las cuentas de dicha campaña habían sido certificadas. Ahora, la iniciativa deberá seguir su trámite en el Senado de la República, en donde se necesita un aval de conveniencia de la plenaria para que el presidente llame a las urnas. “Vamos a radicar la proposición el 16 de marzo, cuando se inicien las sesiones”, señaló la senadora Claudia López, una de las promotoras de la consulta.

Según López, si la plenaria del Senado da el visto bueno, la idea es que los ciudadanos puedan acudir a las urnas el mismo fin de semana de la elección presidencial, ya sea de la primera o la segunda vuelta (si lahubiere), para votar por los siete mandatos. La ley expresa la prohibición de que la consulta se haga el mismo día de las elecciones, por eso se podría programar el día antes y así aprovechar la logística y las mesas instaladas en el país.

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Los cálculos de López apuntan a que el Senado apruebe la consulta sin problemas, pues por lo menos cuatro de los siete mandatos ya habían sido aprobados en proyectos de ley en esa corporación y hoy no son leyes de la República, básicamente, porque se hundieron en la Cámara de Representantes. “Eso me hace optimista. Si el Senado votó antes, por qué no va a dejar que los ciudadanos voten lo mismo que ellos ya habían apoyado”, comenta la senadora. Eso, sumado a que la iniciativa cuenta con las firmas de congresistas como Juan Manuel Galán, Juan Fernando Velasco, Armando Benedetti o Maritza Martínez, así como la inclusión de varias de las propuestas de la iniciativa en los programas de algunos de los candidatos a la Presidencia.

De forma paralela, los promotores iniciaron una campaña para que los ciudadanos les envíen cartas a los senadores en las que les piden votar favorablemente la iniciativa en la plenaria. Para esto, en la página web de la consulta vencealcorrupto.com se ha dispuesto de un sistema para que los interesados puedan firmar y enviar sus cartas, eligiendo al senador al que le quieren hacer llegar su petición. Hasta el momento se han recibido 800.000 cartas que serán depositadas en los buzones de los senadores, sin embargo, el objetivo es contar con un millón de misivas para el día de la radicación de la proposición. De todas formas, en caso de que el Senado no avale la proposición, la consulta queda viva y su aval podrá ser dado por el nuevo Congreso.

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En últimas, todos estos pasos son trámites políticos. Sin duda, el reto más duro que tendrá la consulta será el de lograr la participación de, por lo menos, 11 millones de personas y que éstas voten en su mayoría (la mitad más uno) por el sí en cada uno de los mandamientos. Si no se logra el umbral de participación, cercano al 33 % del censo electoral, los esfuerzos habrán sido en vano. “Nosotros escogimos la consulta porque es el único mecanismo de participación ciudadana que tiene un seguro para ser obligatorio. Necesitamos que los ciudadanos pasen de la quejadera a la votadera”, apunta la senadora de la Alianza Verde. La situación se vuelve más compleja si se tiene en cuenta el contexto colombiano y la alta abstención: en la segunda vuelta presidencial, en 2014, salieron a votar 13,2 millones personas, de 33 millones habilitadas para votar, anotando en la historia uno de los porcentajes más altos de abstencionismo. Hoy, según la Registraduría, el potencial electoral del país está en 36’024.467.

En caso de que se haga la consulta, se logre el umbral y se voten los mandatos con las mayorías necesarias, el Congreso tendrá el plazo de un año para tramitar vía proyecto de ley cada uno de los puntos de la iniciativa. Si eso no sucede, quedará habilitado el presidente de la República para hacer las modificaciones necesarias a través de decretos ley.