Uribe asume responsabilidad por su secretario Bernardo Moreno
El ex mandatario dijo estar dispuesto a que lo investiguen.
El Espectador
El ex presidente Álvaro Uribe asumió la responsabilidad por las actuaciones de su secretario general, Bernardo Moreno, sancionado por el escándalo de las chuzadas ilegales, y se puso a disposición del Congreso y la Corte Suprema de Justicia para que lo investiguen.
"Asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta", señaló Uribe en un comunicado fechado en Ciudad de Guatemala.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó la víspera por 18 años al secretario Bernardo Moreno y a otros tres de los funcionarios más cercanos a Uribe del servicio de inteligencia DAS, por el escándalo de las escuchas ilegales y espionaje a opositores, periodistas y magistrados.
"Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada, y esta ocasión no puede ser la excepción", subrayó el ex mandatario (2002-2010).
Uribe recordó que Moreno sólo averiguó ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre las denuncias de algunos medios sobre la "posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados".
"Nunca sugirió actividades ilegales", dijo y añadió que se pondrá "a disposición del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia".
La decisión de la Procuraduría General de la Nación sancionó a Moreno a 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y a los ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera a 20 años, María del Pilar Hurtado a 18 años y Andrés Peñate a 8 meses.
El procurador Alejandro Ordóñez señaló que el entonces secretario general de Uribe se "extralimitó en sus funciones", al realizar en abril de 2008 una reunión en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Esa cita tenía como fin que los funcionarios se enteraran de "información reservada" de un amigo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo Tribunal sostuvo varias disputas con Uribe.
Por ese hecho también resultó involucrado el entonces director de la Uiaf, Mario Aranguren, quien fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.
Asimismo, Ordóñez decidió cerrar los casos contra el ex asesor y actual viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, y el entonces secretario de prensa de Uribe, César Mauricio Velásquez.
En total, la Procuraduría "sancionó disciplinariamente a nueve servidores, ex servidores públicos del DAS, de la Uiaf y la Presidencia de la República por los hechos relacionados con la ilegalidad en procedimientos de interceptaciones y seguimientos realizados a diferentes personalidades".
Ordóñez agregó que existe además un proceso pendiente en contra del actual director del DAS, Felipe Muñoz Gómez, "el cual se encuentra en indagación preliminar por posibles irregularidades en la eliminación de información en el servicio de inteligencia", que comprometía a los detectives y jefes de ese despacho.
El escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS, que incluyó a periodistas, opositores, magistrados y a miembros de organismos de derechos humanos, algunos de ellos extranjeros, se destapó en 2008 por parte de la revista Semana.
Críticas al gobierno de Uribe por caso de 'chuzadas'
El presidente del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, pidió que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez diga si las chuzadas telefónicas fueron hechas a sus espaldas.
"Acá está la pregunta del millón. Uno no puede tener cuatro directores del DAS, un secretario general de la Presidencia de la República, unos funcionarios de mucha trascendencia como los que hacen la investigación fiscal, y no ha pasado nada", dijo Garzón. "Es claro que esto fue a espaldas del Presidente o con la bendición de él", agregó el presidente del Partido Verde.
Luis Eduardo Garzón también dijo que el ex presidente controlaba todos los detalles como para no percibir lo ocurrido con las chuzadas.
Entre tanto, el ex magistrado César Julio Valencia Copete pidió que se castigue a la persona que ordenó las interceptaciones y seguimientos ilegales a integrantes de las altas cortes.
Este es el texto del comunicado
Ciudad de Guatemala, Octubre 5 de 2010-10-05
Comunicado de Prensa
Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada. Esta ocasión no puede ser la excepción; en consecuencia, me permito manifestar que si aquello que hizo el dr Bernardo Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al Das y a la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados, y además nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta. Por ende, me pongo a disposición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.
La Seguridad Democrática dio garantías a todas las fuerzas políticas; la oposición las disfrutó plenamente. En el debate y en la contradicción siempre he puesto las cartas sobre la mesa, no ha habido asomos en mi mente de interceptaciones. Promovimos la aprobación de la ley de inteligencia que precisa la tipificación de delitos como la interceptación sin orden de autoridad competente y la violación del derecho a la intimidad.
También fui interceptado y he pedido, reiteradamente y sin éxito, claridad sobre autores intelectuales de casos como las grabaciones de conversaciones entre un agente norteamericano y un magistrado auxiliar de la Corte Suprema que se presentaron a medios de comunicación para mancillar al Gobierno de entonces.
Pregunté abiertamente a la Corte Suprema, al DAS y a la Fiscalía por la investigación que se me estaría adelantando por la temeraria denuncia que me señala de haber contratado a un paramilitar en 2003 para asesinar a otro, caso Tasmania. El DAS no me dio respuesta alguna.
Álvaro Uribe Vélez.
El ex presidente Álvaro Uribe asumió la responsabilidad por las actuaciones de su secretario general, Bernardo Moreno, sancionado por el escándalo de las chuzadas ilegales, y se puso a disposición del Congreso y la Corte Suprema de Justicia para que lo investiguen.
"Asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta", señaló Uribe en un comunicado fechado en Ciudad de Guatemala.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó la víspera por 18 años al secretario Bernardo Moreno y a otros tres de los funcionarios más cercanos a Uribe del servicio de inteligencia DAS, por el escándalo de las escuchas ilegales y espionaje a opositores, periodistas y magistrados.
"Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada, y esta ocasión no puede ser la excepción", subrayó el ex mandatario (2002-2010).
Uribe recordó que Moreno sólo averiguó ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre las denuncias de algunos medios sobre la "posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados".
"Nunca sugirió actividades ilegales", dijo y añadió que se pondrá "a disposición del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia".
La decisión de la Procuraduría General de la Nación sancionó a Moreno a 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y a los ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera a 20 años, María del Pilar Hurtado a 18 años y Andrés Peñate a 8 meses.
El procurador Alejandro Ordóñez señaló que el entonces secretario general de Uribe se "extralimitó en sus funciones", al realizar en abril de 2008 una reunión en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Esa cita tenía como fin que los funcionarios se enteraran de "información reservada" de un amigo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo Tribunal sostuvo varias disputas con Uribe.
Por ese hecho también resultó involucrado el entonces director de la Uiaf, Mario Aranguren, quien fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.
Asimismo, Ordóñez decidió cerrar los casos contra el ex asesor y actual viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, y el entonces secretario de prensa de Uribe, César Mauricio Velásquez.
En total, la Procuraduría "sancionó disciplinariamente a nueve servidores, ex servidores públicos del DAS, de la Uiaf y la Presidencia de la República por los hechos relacionados con la ilegalidad en procedimientos de interceptaciones y seguimientos realizados a diferentes personalidades".
Ordóñez agregó que existe además un proceso pendiente en contra del actual director del DAS, Felipe Muñoz Gómez, "el cual se encuentra en indagación preliminar por posibles irregularidades en la eliminación de información en el servicio de inteligencia", que comprometía a los detectives y jefes de ese despacho.
El escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS, que incluyó a periodistas, opositores, magistrados y a miembros de organismos de derechos humanos, algunos de ellos extranjeros, se destapó en 2008 por parte de la revista Semana.
Críticas al gobierno de Uribe por caso de 'chuzadas'
El presidente del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, pidió que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez diga si las chuzadas telefónicas fueron hechas a sus espaldas.
"Acá está la pregunta del millón. Uno no puede tener cuatro directores del DAS, un secretario general de la Presidencia de la República, unos funcionarios de mucha trascendencia como los que hacen la investigación fiscal, y no ha pasado nada", dijo Garzón. "Es claro que esto fue a espaldas del Presidente o con la bendición de él", agregó el presidente del Partido Verde.
Luis Eduardo Garzón también dijo que el ex presidente controlaba todos los detalles como para no percibir lo ocurrido con las chuzadas.
Entre tanto, el ex magistrado César Julio Valencia Copete pidió que se castigue a la persona que ordenó las interceptaciones y seguimientos ilegales a integrantes de las altas cortes.
Este es el texto del comunicado
Ciudad de Guatemala, Octubre 5 de 2010-10-05
Comunicado de Prensa
Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada. Esta ocasión no puede ser la excepción; en consecuencia, me permito manifestar que si aquello que hizo el dr Bernardo Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al Das y a la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados, y además nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta. Por ende, me pongo a disposición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.
La Seguridad Democrática dio garantías a todas las fuerzas políticas; la oposición las disfrutó plenamente. En el debate y en la contradicción siempre he puesto las cartas sobre la mesa, no ha habido asomos en mi mente de interceptaciones. Promovimos la aprobación de la ley de inteligencia que precisa la tipificación de delitos como la interceptación sin orden de autoridad competente y la violación del derecho a la intimidad.
También fui interceptado y he pedido, reiteradamente y sin éxito, claridad sobre autores intelectuales de casos como las grabaciones de conversaciones entre un agente norteamericano y un magistrado auxiliar de la Corte Suprema que se presentaron a medios de comunicación para mancillar al Gobierno de entonces.
Pregunté abiertamente a la Corte Suprema, al DAS y a la Fiscalía por la investigación que se me estaría adelantando por la temeraria denuncia que me señala de haber contratado a un paramilitar en 2003 para asesinar a otro, caso Tasmania. El DAS no me dio respuesta alguna.
Álvaro Uribe Vélez.