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En medio de la controversia desatada por el proyecto que busca tumbar la prohibición actual del porte de armas, de autoría de los congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés, este miércoles se pronunció el expresidente y jefe natural del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien tomó distancia de la iniciativa.
En línea con lo dicho por Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional –quien advirtió que “las armas no son un derecho” y que la política del Gobierno de Iván Duque es el “desarme general” –, Uribe instó a los miembros de su partido a no pedir “generalización del porte de armas”.
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Para el exsenador, se trata de un “tema muy delicado”, por lo que insistió en mantener el decreto de desarme: “se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales y por razones plenamente justificadas”, manifestó.
Tema muy delicado, no pidamos generalización de porte de armas, manteniendo el decreto de desarme se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales y por razones plenamente justificadas. https://t.co/UFRsCfPS8t
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 17, 2021
Justo este miércoles, sin hacer mención explícita al proyecto, el consejero para la Seguridad Nacional sostuvo que “las armas no son un derecho”. Según argumentó el funcionario, “el camino no es armar a los colombianos, ni promover la compra”, insistiendo en que la Constitución de Colombia señala que “las armas no son un derecho” y que el control riguroso a las armas que tienen permiso, así como el seguimiento y persecución a las ilegales, “contribuye a reducir el delito”.
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“En el Estado social de derecho tener permiso de porte o tenencia de un arma de fuego debe ser una situación extraordinariamente excepcional, jamás un derecho. Garantizar el principio constitucional de exclusividad de la fuerza y el monopolio estatal de las armas de fuego, son los parámetros de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana que sustentan avanzar hacia el desarme general”, explicó Guarín.
Si bien desde 2016 Colombia ha prohibido el porte de armas cada año bajo decreto presidencial –siendo tal su éxito, que la restricción se ha prolongado desde entonces–, en el Congreso de la República fue radicado ayer un proyecto de ley para eliminar la figura del “porte especial de armas”, adoptada en el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que implicaría levantar la medida.
Detrás de la iniciativa están los congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés, del Centro Democrático. El proyecto le apuesta a una nueva regulación al porte legal de armas –según sus autores– para fortalecer el monopolio del Estado sobre estas, fomentando su registro.
La propuesta busca reformar el artículo 41 del decreto 2535 de 1993, que establece los criterios con los que las autoridades pueden suspender el porte de armas. Mientras que dicho decreto establece que las autoridades nacionales y locales pueden suspender el porte, el proyecto del partido de Gobierno plantea que solo lo pueda hacer el Gobierno Nacional. Además, mientras que la actual normativa establece que es a discreción de la autoridad la prohibición, en esta iniciativa se busca reducir las posibilidades a solo dos: guerra o estado de conmoción interior.
El proyecto propone que solo se puede prohibir el porte en el territorio nacional si se cumple con las condiciones de los artículos 212 y 213 de la Constitución Política. Estos artículos se centran en las formas como el Estado puede declarar la guerra o el estado de conmoción interior. El texto radicado también específica que se debe suspender el porte de armas “en caso de concurrencia a reuniones políticas, elecciones o sesiones de corporaciones públicas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas”.
“Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales de difícil acceso”, reclamó la senadora Cabal.
La idea del Centro Democrático también entra a endurecer las multas por cometer irregularidades con las armas (consumo de licor o drogas siendo portador de un arma, uso de las armas fuera de los lugares autorizados, disparar un arma en un lugar público y sin motivo, y no cargar el permiso de porte de las armas).
El representante Garcés señaló que la intención no es armar a todos los colombianos y alegó que, de las cerca de 400.000 licencias que había en 2016, se pasó a 6.000, “mientras más de 2,5 millones de armas ilegales circulan en el país y son usadas en la gran mayoría de los delitos”.
En diciembre, el último decreto del año fue destinado para continuar con la restricción del porte de armas. La determinación se fundamentó en un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el que se expresó que “es posible sostener que el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares”.
Bajo estos argumentos, y fundamentados en que para mantener el derecho a la vida hay que “preservar el conjunto de condiciones de seguridad y tranquilidad que permiten la prosperidad general y el ejercicio de las libertades ciudadanas”, el presidente Iván Duque prolongó los efectos de decretos anteriores para restringir el porte de armas desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
En el decreto se mantuvieron excepciones en las que están incluidas las empresas de vigilancia, esquemas de seguridad del sector público y los ciudadanos que demuestren que el porte de un arma es la única forma de preservar su seguridad.
