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Con una grieta que llegó hasta las escalinatas del Capitolio Nacional, un grupo de organizaciones sociales —lideradas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)— y 28 congresistas de distintos partidos simbolizaron las vulneraciones de empresas a los derechos humanos. El acto no fue al azar. Luego de su realización, se radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca, precisamente, que las organizaciones empresariales se responsabilicen por estos hechos.
El propósito es que sea “una ley vinculante que imponga obligaciones a las empresas para prevenir violaciones a los derechos humanos y que permita exigirles responsabilidad jurídica cuando las cometan”. Entre los congresistas que lo respaldan hay integrantes del Partido Liberal, La U, las curules de paz, Comunes y el Pacto Histórico.
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En plata blanca, el articulado propone crear criterios para garantizar el acceso a la justicia en litigios contra empresas por violaciones a los derechos humanos. Para ello, plantea un nuevo marco legal en procesos relacionados con estas.
Busca “herramientas que den por probadas ciertas cuestiones, como que se presumirá cierta la versión de los hechos presentada por personas o comunidades que son reconocidas como sujetos de especial protección constitucional”.
En conversación con El Espectador, el representante a la Cámara Alirio Uribe (Pacto Histórico), uno de los autores del proyecto, explicó que responde a dos coyunturas: una internacional y una nacional. Sobre la primera, dijo que, desde este año y hasta 2025, avanza en Ginebra (Suiza) la discusión de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en la que el Estado colombiano participará.
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Respecto al contexto nacional, afirmó que “tenemos un país donde se han presentado graves violaciones de derechos humanos”. Como ejemplo, mencionó el reciente fallo del Juzgado Sexto Penal de Antioquia, que sentenció a siete exdirectivos de una multinacional estadounidense y de su filial en Colombia a 11 años de prisión por apoyar económicamente el proyecto paramilitar de los hermanos Castaño.
“Hay por lo menos 600 empresas investigadas. Por ejemplo, empresas que usaron o compraron tierras previamente despojadas a comunidades. Entonces se hace necesaria una ley nacional para regular el tema. Hay principios, definiciones, destinatarios de la ley (empresas transnacionales, nacionales, de economía mixta y todas las que operan en Colombia), hay deberes para estas y para el Estado, y derechos para las víctimas y las comunidades para obtener verdad, justicia y reparación”.
A su turno, Rosa María Mateus, abogada del Cajar, explicó que el proyecto surgió luego de diálogos con comunidades afectadas y de “valoraciones de actuaciones de empresas durante casi 100 años, donde encontramos que no están siendo reguladas para el cumplimiento de los derechos humanos. De esta reflexión colectiva, comunitaria, del análisis de casos y sentencias se inicia este trabajo de presentar un proyecto de ley que diera cuenta de todas esas ausencias”.
Como ejemplo de esas valoraciones, Mateus habló de la masacre de trabajadores de empresas bananeras en 1928, despojos petroleros, acumulación violenta de tierras, represión estructural a sindicatos, las crisis por la explotación de carbón y los cierres mineros sin procesos de reparación.
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“La sociedad no quiere a una empresa que no se deje regular. El llamado es ese: ¿por qué tanto temor frente a iniciativas que nos permitirían ser un país más organizado y cumplidor de estándares internacionales? Es algo incomprensible y, claramente, si esto le molesta a alguien, debe ser a quien no respeta los derechos humanos”.
Por su parte, Uribe resaltó que, además de esta iniciativa que inicia su trámite en el Congreso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro publicará un decreto sobre empresas y derechos humanos para que “todas las instituciones del poder Ejecutivo se coordinen interinstitucionalmente para que las organizaciones privadas hagan negocios, ganen dinero, pero también respeten los derechos laborales, ambientales y de las comunidades”.
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