Barco quiso abrir paso a la Unión Patriótica, a pesar de la adhesión del nuevo partido, voluntaria o involuntaria, a “la combinación de todas las formas de lucha” de las Farc y del PC (69). Eso se vio en sus decisiones en el curso de la implementación de la elección de alcaldes, cambio iniciado por Betancur. Barco nombró alcaldes de la UP en catorce municipios donde los resultados electorales anteriores indicaron una mayoría de ese partido. Siempre recibió a sus delegaciones, como también a las del Partido Comunista (70). (Entrevista a Malcolm Deas sobre el caso).
Barco mandó elaborar un análisis de lo que estaba pasando, de quiénes murieron en dónde y, dentro de lo posible, a manos de quiénes y por qué. La estadística y el seguimiento del das de los asesinatos con presunto motivo político mostró un cuadro más complicado que una simple matanza de miembros de la UP. Estaban muriendo una cantidad de liberales y conservadores también. (”Barco y yo nos equivocamos en confiar en Maza Márquez”, dice César Gaviria Trujillo).
Hay indicios en los archivos de que ciertos analistas, tal vez incluyendo a Barco al principio de su administración, se inclinaron por explicaciones basadas en luchas locales por el poder y no a la existencia de algún plan más extenso de exterminio. Vale la pena recordar que Barco conoció muy bien, por su aprendizaje en la política nortesantandereana de la era de la “violencia clásica”, los mecanismos de tales contiendas. Y para ciertas regiones, por ejemplo, el Caquetá, la evidencia confirmó esa interpretación: allá los muertos liberales y conservadores iban a la par con los de la UP, y los informes indicaron una colaboración estrecha entre las Farc y la UP en la lucha por el poder local (71). (”César Gaviria vive esquivando su responsabilidad ante Colombia y la historia”: Maza Márquez).
El gobierno exploró varias hipótesis, y en sus discusiones internas intentó llegar a un diagnóstico preciso. ¿Luchas por el poder local, resistencia al esquema gobierno-oposición, sabotaje de las políticas sociales del gobierno y de la elección de alcaldes, conspiración para producir un ambiente propicio para una insurrección general, justificando plenamente la lucha armada? ¿Un plan de desprestigiar a las Fuerzas Armadas y abrir una brecha entre militares y civiles? ¿Asesinatos aislados o asesinatos que obedecían a planes regionales o a un plan nacional? ¿Rivalidades con el narcotráfico? ¿Retaliaciones por acciones de las Farc y por la colaboración entre la UP y las Farc? ¿Tuvo relación el salvajismo en contra de la UP con lo indefinido e insatisfactorio del cese al fuego?
El presidente expresó su frustración con la falta de resultados de las investigaciones. En uno de sus memorandos sobre una larga reunión con los jefes de todas las instituciones responsables anotó una de sus propias preguntas: “¿Por qué no hay responsables identificados y qué solución habría para lograr resultados en las investigaciones? Por ejemplo, caso de San José del Guaviare (asesinato alcalde, representante Octavio Vargas y esposa del comisario) con 250 policías antinarcóticos, 30 policías de vigilancia, 300 soldados y 10.000 habitantes, y no se sabe nada”.
Era claro que los investigadores, además de su falta casi total de capacidad técnica, estuvieron en muchos casos intimidados o implicados (72). Ellos se defendieron argumentando que los homicidios políticos fueron bien planeados, no dejaron mucha pista y, en consecuencia, fueron difíciles de investigar. La impunidad fue casi total.
Los archivos muestran una serie larga de reuniones entre la presidencia y los líderes de la UP y del Partido Comunista. Aparte de pedir avances en la investigación de los asesinatos, las delegaciones a veces incluyeron otras demandas poco realistas: el cese de pago de la deuda externa, la revisión de la política petrolera, la purga de las Fuerzas Armadas, en muchas comunicaciones con nombres propios de oficiales, el cambio de la doctrina militar e incluso el nombramiento de un ministro civil de Defensa. El lenguaje fue a veces fuerte: “Por último, señor Presidente, queremos saber si las garantías que se anuncien a la UP serán tuteladas por las FF. AA. bajo su mando o por los grupos paramilitares al mando de las FF. AA.”.
Sospecho que esta mezcla de demandas, coincidiendo con la “combinación de todas las formas de lucha”, fue contraproducente: el nombramiento de un ministro civil en el Ministerio de Defensa era imposible en la coyuntura existente, y aún más imposible como una concesión a la up. Tampoco el cese del pago de la deuda externa tenía algo que ver con el problema (73).
El Gobierno creó salas penales especiales y trató de mejorar la protección de los amenazados (74). Terminó con la legalidad de las autodefensas, abrogando una ley de 1968. En marzo de 1989, el DAS denunció la existencia de 128 grupos de autodefensas ilegales con su centro en Puerto Boyacá. No pudo parar las bajas de la UP, que incluyeron a sus líderes y candidatos presidenciales Pardo Leal y Jaramillo (75).
Aunque nada alteró su resolución de seguir la apertura hacia la UP, Barco se quejaba en privado de que Betancur le había dejado una imposibilidad, la existencia —lo que muchos miraron como una anomalía— de un partido político con un brazo armado. En una nota manuscrita del presidente se lee: “Terrible la ambigüedad. Gobierno anterior admitió que había un partido político armado. UP tiene que decir que no tiene nada que ver con las Farc” (76). ¿Se demoró demasiado tiempo el Gobierno en tomar medidas para proteger en lo posible al movimiento?
Barco, por su experiencia nortesantandereana, conoció muy bien el potencial violento de la competencia política local, y sus primeros diagnósticos de lo que pasaba fueron para ciertas regiones verosímiles. Además, fue consciente de que había heredado de Betancur un elemento que en la coyuntura no iba a ser viable, que iba a suscitar reacciones violentas: un partido político con brazo armado. Los que no pudieron llegar a los líderes de las Farc, iban a castigar a la UP.
El presidente no pudo confiar plenamente en las Fuerzas Armadas ni en la Policía, y como hemos contado, la inteligencia que le llegó fue muy deficiente. La tarea de proteger a los líderes y filas de la UP por todo el territorio fue mucho más allá de las capacidades del gobierno. La protesta pedía en vano que “hiciera algo”, pero no se tomaba el trabajo de identificar “ese” algo que debía hacerse. Treinta y tantos años después, sigue pasando lo mismo, y seguimos escuchando la misma protesta vacía.
* Se publica con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial, sello Taurus.
** Notas a pie de página:
69 Al igual que su diagnóstico de las Farc, el análisis del Gobierno de la up y de su rol táctico y estratégico en esa combinación no pecaba de inocencia, como se ve en un memorando de Gabriel Silva, en el agn, enviado desde Washington; que cuenta con una perspectiva quizás ayudada por la distancia.
70 Sobre la UP, la introducción indispensable es Stephen Dudley, Walking Ghosts, Nueva York y Londres: Routledge, 2004. Aunque el autor no esconde sus simpatías, expone sus críticas al movimiento mismo y a las Farc; trata acerca de las extorsiones y secuestros de estas últimas, pero muy poco de sus relaciones con el narcotráfico y nada de sus asesinatos. Muestra casi un interés nulo por los gobiernos de Betancur en adelante, y Barco no aparece sino tres veces en el índice del libro. De los relatos de la up, valen mucho la pena Yezid Campos Zornosa, El baile rojo. Relatos no contados del genocidio de la up, Bogotá: Icono, 2014; Luis Alberto Matta Aldana, Poder capitalista y violencia política en Colombia: Terrorismo de Estado y genocidio contra la Unión Patriótica, Bogotá: Ediciones Ideas y Soluciones Gráficas, 2002. Véase también la correspondencia entre Arenas y Rojas Puyo en Arenas, Correspondencia secreta.
71 El primer informe que he encontrado en los archivos, un “Resumen de atentados políticos” del Comando General del Ministerio de Defensa de 1986, contiene cifras incompletas para ese año: “Liberales: 18 muertos, 2 heridos, 4 ilesos; Conservadores: 10 muertos; up: 22 muertos, de quienes 14 dirigentes; FF. AA.: 79 muertos 18 heridos; funcionarios judiciales: 3 muertos; alcaldes: 15 muertos; inspectores: 14 muertos”. Informes posteriores —hay varios en el Archivo Gaviria, unos muy detallados sobre las luchas políticas entre liberales y UP en el Caquetá— muestran intentos de análisis más sofisticados, en lo geográfico y en lo político. Contienen algunas observaciones sobre la invisibilidad de las víctimas liberales y conservadoras, presuntas víctimas de las Farc, en comparación con la publicidad que recibieron —y siguieron recibiendo— las de la UP.
Además de la capacidad de protesta del movimiento, que no tuvo paralelo en los partidos tradicionales, se debe tener en mente que el número de muertos de la UP fueron muchos más proporcionalmente, dado el tamaño del movimiento, y entre ellos estuvieron sus líderes y candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Además, los muertos y abusos que sufrió la up fueron en contra de las garantías explícitas y recientes del gobierno de Betancur, asumidas formalmente por el gobierno de Barco, y tuvieron la apariencia de sistemáticos, con —en muchos casos por lo menos— el beneplácito de las Fuerzas Armadas y la Policía. Para una muestra, véase la entrevista con Imelda Daza Cotes en El baile rojo, pp. 37-75.
72 Una constante de las décadas recientes ha sido la ignorancia o indiferencia de la opinión frente a la necesidad de crear unidades técnicas de investigación, con toda la gama de pericias y recursos modernos que necesitan. Es en parte una consecuencia de una cultura jurídica que enfatiza excesivamente las funciones de jueces y fiscales frente al papel básico desempeñado por los detectives: esta última palabra aparece muy poco en la prensa nacional, y se oye poco en el vocabulario de los colombianos.
73 Una fuerte crítica de las excesivas pretensiones de la UP en el editorial de El Tiempo del 24 de marzo de 1987.
74 Hubo muchas quejas sobre la calidad de la protección: “[…] la incapacidad del DAS no existe, sino que allí se ha adoptado una política discriminatoria contra la UP, asignándonos un verdadero cementerio de carros con el claro objetivo de que desistamos del servicio de escoltas por su irregularidad y deficiencia”. AGN, carta de la UP del 19 de mayo de 1988. El das se quejaba de la indisciplina de los escoltados. Muchos amenazados no quisieron aceptar escoltas de los rangos de los agentes del das o de la Dijín: exigieron gente seleccionada por ellos. Queda claro que la tarea excedió la capacidad del Gobierno.
75 Jaime Pardo Leal fue asesinado por órdenes del narcotraficante Rodríguez Gacha, dadas sus diferencias con uno de los frentes de las Farc en asuntos relacionados con el negocio de la droga. Un documento en el AGN, Archivo Barco, caja 1394, de un informante con seudónimo, describe en gran detalle el grado de dominio que “el mexicano” ejerció en ese entonces en Pacho y otras partes de Cundinamarca. Tuvo total ascendencia sobre las autoridades y la Policía del municipio, fue dueño de la estación de radio (Radio Futurama) y de los buses de la Flota Rionegro Cundinamarca, y en general controlaba cualquier acceso a su feudo; montó en la vereda Veraguas una escuela de autodefensas y se movió en Toyotas venezolanos traídos de contrabando sin papeles: mandaba numerosos asesinos a Bogotá a matar gente de izquierda. “Deben tener mucho cuidado al investigar ya que tienen gente muy bien armada y entrenada regada por todas las entradas y salidas y en todas las veredas”. El informante, “reservista del Ejército de Colombia 5 contingente de 1981″, firma con el seudónimo del implacable policía de Los Miserables de Víctor Hugo, Jean Valjean. Semana, 19 de agosto de 1988, tiene esta cita del “Mexicano”: “El Ejército es el pueblo, la Policía es el pueblo, y ellos saben que nosotros les damos la platica; mientras que el Estado les da una o dos condecoraciones, nosotros les damos plata”.
76 AGN, Archivo Barco, caja 1438, memo de VB, marzo de 1987. El acuerdo entre la UP y el Gobierno de Betancur de 1984 se lee así: “El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El Gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden”. Promesa que no iba a ser posible cumplir: vana frase; la ley no iba a pesar nada. Cita de Yezid Campos, El baile rojo, anexo 2, p. 225.
Por Malcolm Deas * / Especial para El Espectador
