Ya hay fecha para debate a Mindefensa: será escuchado por el Congreso el 13 de mayo
Congresistas de la oposición esperan que Carlos Holmes Trujillo comparezca presencialmente al Congreso el próximo miércoles. También serán invitados el fiscal, Francisco Barbosa; el procurador Fernando Carrillo, y el contralor, Carlos Córdoba.
Redacción Política - politicaelespectador@gmail.com
Por cuenta de los seguimientos efectuados por el Ejército a más de un centenar personas —entre periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y organizaciones—, este martes se confirmó la fecha en que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, deberá dar explicaciones al Congreso: el próximo miércoles 13 de mayo.
En contexto: Lo que se avecina en el Congreso tras las “chuzadas” 2.0
Según las bancadas de oposición, el debate de control político fue aprobado por la plenaria del Senado bajo las temáticas de seguridad e interceptaciones ilegales a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y líderes políticos. Además de Holmes Trujillo, figuran como invitados el fiscal General Francisco Barbosa; el procurador Fernando Carrillo, y Carlos Felipe Córdoba, contralor General de la República.
Las bancadas citantes, con base en el Estatuto de la Oposición, pidieron que sean ellas quienes determinen el orden del día de la sesión plenaria, que además sería presencial, del próximo 13 de mayo. Entre otros, los senadores que promueven el debate son Gustavo Bolívar (Decentes), Iván Cepeda (Polo), Gustavo Petro (Colombia Humana), Inti Asprilla (Alianza Verde), Pablo Catatumbo (FARC) y Feliciano Valencia (MAIS).
Por su parte, el congresista, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador —colectividad que incluso está declarada como de gobierno— radicó una proposición para citar a debate de control político a los ministerios de Defensa e Interior, a la cúpula militar y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El objetivo es que den sus explicaciones en la Comisión Segunda que tramita, entre otros temas, los relacionados con la Fuerza Pública.
Coincidencias o no, la historia de las “chuzadas” parece haber dormitado por unos años mientras regresaba la política de seguridad democrática al país. O al menos esa es la percepción de los congresistas de la oposición víctimas de estas interceptaciones ilegales en el nuevo capítulo que reveló el viernes pasado la revista Semana, y que se complementan con las conocidas el pasado mes de enero, días después de la renuncia del general Nicacio Martínez, entonces comandante del Ejército, por “motivos familiares”, según dijo. Para la revista, su salida se habría precipitado por el uso ilegal de sofisticados equipos de espionaje.
Las fórmulas son las mismas: periodistas, políticos críticos al Gobierno, magistrados y líderes sindicales que se convierten en el foco de sospechas, años atrás para el extinto DAS y ahora para comandos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Carpetas, perfiles, conexiones laborales y personales.
Una suma de datos que a los ojos de muchos no son obtenidos mediante fuentes abiertas y redes sociales, como se aseguró desde la cabeza de las Fuerzas Militares. “Es como si no cambiara la lógica con la que se maneja el poder y la inteligencia en el país (…) creo que es el uribismo puro y duro al mando”, dijo Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, una de las afectadas.
Por cuenta de los seguimientos efectuados por el Ejército a más de un centenar personas —entre periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y organizaciones—, este martes se confirmó la fecha en que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, deberá dar explicaciones al Congreso: el próximo miércoles 13 de mayo.
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Según las bancadas de oposición, el debate de control político fue aprobado por la plenaria del Senado bajo las temáticas de seguridad e interceptaciones ilegales a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y líderes políticos. Además de Holmes Trujillo, figuran como invitados el fiscal General Francisco Barbosa; el procurador Fernando Carrillo, y Carlos Felipe Córdoba, contralor General de la República.
Las bancadas citantes, con base en el Estatuto de la Oposición, pidieron que sean ellas quienes determinen el orden del día de la sesión plenaria, que además sería presencial, del próximo 13 de mayo. Entre otros, los senadores que promueven el debate son Gustavo Bolívar (Decentes), Iván Cepeda (Polo), Gustavo Petro (Colombia Humana), Inti Asprilla (Alianza Verde), Pablo Catatumbo (FARC) y Feliciano Valencia (MAIS).
Por su parte, el congresista, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador —colectividad que incluso está declarada como de gobierno— radicó una proposición para citar a debate de control político a los ministerios de Defensa e Interior, a la cúpula militar y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El objetivo es que den sus explicaciones en la Comisión Segunda que tramita, entre otros temas, los relacionados con la Fuerza Pública.
Coincidencias o no, la historia de las “chuzadas” parece haber dormitado por unos años mientras regresaba la política de seguridad democrática al país. O al menos esa es la percepción de los congresistas de la oposición víctimas de estas interceptaciones ilegales en el nuevo capítulo que reveló el viernes pasado la revista Semana, y que se complementan con las conocidas el pasado mes de enero, días después de la renuncia del general Nicacio Martínez, entonces comandante del Ejército, por “motivos familiares”, según dijo. Para la revista, su salida se habría precipitado por el uso ilegal de sofisticados equipos de espionaje.
Las fórmulas son las mismas: periodistas, políticos críticos al Gobierno, magistrados y líderes sindicales que se convierten en el foco de sospechas, años atrás para el extinto DAS y ahora para comandos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Carpetas, perfiles, conexiones laborales y personales.
Una suma de datos que a los ojos de muchos no son obtenidos mediante fuentes abiertas y redes sociales, como se aseguró desde la cabeza de las Fuerzas Militares. “Es como si no cambiara la lógica con la que se maneja el poder y la inteligencia en el país (…) creo que es el uribismo puro y duro al mando”, dijo Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, una de las afectadas.