La conversación ocurrió en Cartagena. Era octubre de 2008, México se desangraba por la violencia diaria entre los carteles de la droga y sus constantes choques con la fuerza pública, mientras que en las ciudades el secuestro y los asesinatos se incrementaban ferozmente. Bastaron unos minutos para que el presidente mexicano, Felipe Calderón, le explicara la situación al presidente Álvaro Uribe, y el trato quedó sellado. Durante los siguientes dos años, 11.000 oficiales mexicanos recibirían cursos de interdicción de drogas y combate al secuestro y la extorsión, dictados por la Policía Nacional de Colombia.
La historia se repitió en Paraguay, donde se ayudó incluso a liberar a un comerciante secuestrado; en Brasil y Guatemala, y otros 23 países que hicieron uso del “portafolio de servicios” ofrecido hoy por Colombia para mejorar la capacidad de sus fuerzas policiales en la lucha contra el crimen.
Detrás de esta nueva manera de relacionarse con el mundo se encuentra una estrategia sin precedentes en el ámbito de la cooperación internacional colombiana, nacida de la tesis de que, tras décadas de ser un país netamente receptor de ayuda, era hora de devolver lo recibido. “Durante todos estos años hemos aprendido, tenemos capacidades”, le dijo el canciller Jaime Bermúdez a este diario, cuando el año pasado se discutía la posibilidad de enviar expertos colombianos a apoyar a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán. “Es poner al alcance de un país que sufre y padeció lo que Colombia, todo el conocimiento y experiencia que tenemos”.
Pero durante los años uribistas, Colombia no circunscribió su capacidad de cooperación al área de seguridad. A través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la empresa de transporte de energía eléctrica ISA, estableció líneas de trabajo en el ámbito de la cooperación energética y educativa, acercando el país a dos zonas de alto valor estratégico: Centroamérica y el Caribe.
Este tipo de diplomacia, sumado a una activa agenda global de varios ministerios, fortalecieron la presencia hemisférica del país. Asimismo, la mejoría en la percepción internacional sobre Colombia —al borde de caer, a finales de los noventa, en el famoso índice de Estados fallidos de la revista Foreign Policy— permitió que la inversión y el turismo crecieran y convirtió el país en sede de importantes eventos internacionales, como la 38º Asamblea de la OEA, la 50º Asamblea del BID, la III Cumbre China-América Latina y el Foro Económico Mundial de América Latina.
Hubo dificultades y las sigue habiendo, especialmente en lo referente al vecindario y las maltrechas relaciones con Ecuador (rotas desde 2008) y Venezuela (que esta semana volvió a tener un nuevo revés, con la ruptura anunciada por el presidente Hugo Chávez). Sin embargo, durante todo estos meses de crisis y tensión en la región, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un constante esfuerzo por acompañar a las comunidades en la frontera, principales víctimas de la crisis.
Según cifras de Cancillería, a través de 30 entidades se realizaron 64 visitas a centros poblados y fueron invertidos 51 mil millones de pesos “para llevar puestos de salud, escuelas, bibliotecas y obras de infraestructura a más de 800 mil colombianos”, se lee en el Balance 2002-2010 elaborado por la entidad.
Hacia adelante el país tendrá que trabajar sobre lo recomendado por la Misión de Política Exterior, grupo de expertos que trabajó durante más de un año convocados por canciller Bermúdez. Sus recomendaciones no son vinculantes, pero de implementarse, el Estado colombiano ganaría más solidez y coherencia, en medio de un mundo cambiante, veloz, diverso e interconectado y con un sinnúmero de preocupaciones a las que el país puede ayudar a dar soluciones.