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En un año decisivo para orientar la agenda de desarrollo del país, Colombia enfrenta desafíos estructurales que condicionan su productividad y su crecimiento de largo plazo, en particular las desigualdades en acceso a empleo, ingresos y activos que afectan a las mujeres.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, principalmente en labores domésticas y de atención a dependientes, presentan menores tasas de participación laboral y perciben ingresos más bajos. A estos sondeos se suman registros de la CEPAL, que ha advertido que la organización desigual del cuidado es uno de los principales frenos al crecimiento inclusivo en América Latina. Cuando el trabajo no remunerado recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, se restringe su inserción laboral, se limita su acceso al crédito y se debilita su acumulación patrimonial.
En Colombia, estas brechas se profundizan en la ruralidad. Las mujeres rurales trabajan jornadas de hasta 14 horas diarias, pero reciben ingresos que representan apenas el 39 % de ese tiempo. Aunque el 76 % es considerado “económicamente inactivo”, en la práctica sostiene las economías familiares y comunitarias a través del trabajo doméstico, de cuidado y productivo no remunerado. Además, por cada 100 pesos que vende un emprendimiento liderado por un hombre, uno liderado por una mujer genera alrededor de 60. Estas diferencias limitan la autonomía económica, reducen la protección en la vejez y dificultan la ruptura de ciclos de pobreza y violencia.
Frente a este panorama, la Fundación WWB Colombia, que trabaja en el cierre de brechas de desigualdad para las mujeres y en promover su participación activa en el desarrollo económico, realizó “10 recomendaciones estratégicas para la inclusión, la equidad y el desarrollo social del país 2026–2030”. El documento articula cinco dimensiones estratégicas: autonomía económica, cuidado, inclusión financiera, seguridad y protección, así como gobernanza basada en datos.
“En la actualidad, persisten desigualdades que limitan el potencial productivo de millones de mujeres. Y cuando ese potencial se frena, el país entero pierde enormes oportunidades de crecimiento. Hemos construido estas recomendaciones basadas en evidencia y en nuestra experiencia en los diferentes territorios del país”, explicó Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia.
El documento, que está disponible en la página web de la Fundación WWB Colombia, plantea estrategias y recomendaciones que pueden ser adoptados tanto por los altos círculos de poder de Colombia, tanto a nivel nacional como local, así como a la sociedad civil y otras organizaciones que trabajan constantemente por la igualdad de las mujeres.
Las 10 recomendaciones
- Formalización con sentido social: poner en marcha un esquema progresivo, sin costos y con trámites simplificados que no penalice a los micronegocios de subsistencia, sino que los articule a asistencia técnica y oportunidades de mercado.
- Titulación con enfoque de género: acelerar la entrega de títulos conjuntos y preferenciales para mujeres rurales, de modo que la propiedad de la tierra se convierta en un respaldo efectivo para acceder al crédito formal.
- Compras públicas y redes de valor: consolidar circuitos de comercialización que integren de manera obligatoria a micronegocios liderados por mujeres en las cadenas de abastecimiento del Estado y de grandes compañías.
- Servicios de cuidado sincronizados: ampliar la oferta de centros de atención para infancia, personas mayores y con discapacidad, con horarios alineados a la jornada laboral y comercial de las mujeres, para eliminar la barrera del tiempo en la generación de ingresos.
- Reconocimiento del cuidado comunitario: destinar recursos a modelos en los que el Estado remunere y certifique el cuidado comunitario y ancestral, especialmente en territorios con baja presencia institucional.
- Historial crediticio alternativo: aprovechar la información transaccional del sistema financiero para construir perfiles de crédito que reflejen la capacidad real de pago de las mujeres y reduzcan los sesgos de los algoritmos tradicionales.
- Coberturas frente a riesgos climáticos: ampliar líneas de crédito con pagos ajustados a los ciclos productivos y microseguros sociales de bajo costo que protejan el patrimonio de las emprendedoras ante emergencias climáticas o de salud.
- Salud sexual con enfoque territorial: invertir en infraestructura sanitaria en zonas dispersas que dialogue con los saberes locales y reconozca la autonomía reproductiva como condición para romper ciclos de pobreza.
- Reducción de precios en medicamentos clave: implementar mecanismos regulatorios y compras estratégicas que bajen los costos y aseguren disponibilidad oportuna de medicamentos asociados a la salud sexual y reproductiva.
- Higiene menstrual en la respuesta humanitaria: incorporar estos insumos en los kits de emergencia para garantizar condiciones de dignidad y continuidad del cuidado en contextos de crisis.
Para asegurar que estas propuestas no se queden en el papel, el documento plantea que haya sistemas de información sobre autonomía económica útiles si incorporan variables de género, etnia y territorio.
“La autonomía económica es una condición estructural para el desarrollo sostenible. Cuando una mujer fortalece su capacidad productiva y financiera, amplía su poder de decisión y fortalece la estabilidad de su entorno”, concluye Konietzko.
El informe completo está disponible para consulta pública y busca servir como insumo técnico para tomadores de decisión, sector privado, academia y organizaciones sociales comprometidas con un desarrollo más incluyente. Puede consultarlo a través de este enlace.