Colombia está a pocos días de conocer quiénes serán los nuevos nombres en llegar al Congreso de la República para manejar los hilos legislativos del país. Entre tantos candidatos, hay organizaciones que han manifestado que independientemente de quién ocupe un escaño en el Senado o en la Cámara de Representantes, debe llegar para resolver algunas prioridades.
La Fundación WWB Colombia es una de esas organizaciones. Este miércoles publicó un informe sobre la necesidad de que el Estado y la sociedad civil les apueste a la equidad de género y la autonomía financiera de las mujeres. La organización, que lleva cerca de una década trabajando por la garantía de los derechos de las mujeres y su inclusión en el mundo laboral, compartió con El Espectador un decálogo de recomendaciones que tanto los nuevos legisladores como quien llegue a ocupar la Presidencia podrían tener en cuenta a la hora de tomar decisiones que afecten a más de 27 millones de mujeres que hoy viven en el país.
“En un año decisivo para orientar la agenda de desarrollo del país, Colombia enfrenta desafíos estructurales que condicionan su productividad y su crecimiento de largo plazo, en particular las desigualdades en acceso a empleo, ingresos y activos que afectan a las mujeres”, reza el informe.
Y es que de acuerdo con WWB Colombia, el Estado debe ser garante de derribar algunas desigualdades que se han mantenido durante años, como las cargas de cuidado y trabajo no remunerado o la baja participación laboral que tienen miles de mujeres a causa del mantenimiento del hogar.
Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación, asegura que las cifras respaldan estas dinámicas de desigualdad. Por ejemplo, la directiva comenta que las mujeres trabajan jornadas que rondan las 14 horas diarias, pero aunque el tiempo de labores es muy alto, solo perciben ingresos que remuneran el 39 % de ese tiempo.
“Aunque estos trabajos en el 76 % de los casos son considerados ‘económicamente inactivos’, en la práctica son los que sostienen las economías familiares y comunitarias. Por cada 100 pesos que vende un emprendimiento liderado por un hombre, los de las mujeres difícilmente llegan a 60 pesos”, comenta Konietzko.
El documento, que está disponible en la página web de la Fundación WWB Colombia, plantea estrategias y recomendaciones que pueden ser adoptados tanto por los altos círculos de poder de Colombia, tanto a nivel nacional como local, así como a la sociedad civil y otras organizaciones que trabajan constantemente por la igualdad de las mujeres.
Las 10 recomendaciones
- Formalización con sentido social: poner en marcha un esquema progresivo, sin costos y con trámites simplificados que no penalice a los micronegocios de subsistencia, sino que los articule a asistencia técnica y oportunidades de mercado.
- Titulación con enfoque de género: acelerar la entrega de títulos conjuntos y preferenciales para mujeres rurales, de modo que la propiedad de la tierra se convierta en un respaldo efectivo para acceder al crédito formal.
- Compras públicas y redes de valor: consolidar circuitos de comercialización que integren de manera obligatoria a micronegocios liderados por mujeres en las cadenas de abastecimiento del Estado y de grandes compañías.
- Servicios de cuidado sincronizados: ampliar la oferta de centros de atención para infancia, personas mayores y con discapacidad, con horarios alineados a la jornada laboral y comercial de las mujeres, para eliminar la barrera del tiempo en la generación de ingresos.
- Reconocimiento del cuidado comunitario: destinar recursos a modelos en los que el Estado remunere y certifique el cuidado comunitario y ancestral, especialmente en territorios con baja presencia institucional.
- Historial crediticio alternativo: aprovechar la información transaccional del sistema financiero para construir perfiles de crédito que reflejen la capacidad real de pago de las mujeres y reduzcan los sesgos de los algoritmos tradicionales.
- Coberturas frente a riesgos climáticos: ampliar líneas de crédito con pagos ajustados a los ciclos productivos y microseguros sociales de bajo costo que protejan el patrimonio de las emprendedoras ante emergencias climáticas o de salud.
- Salud sexual con enfoque territorial: invertir en infraestructura sanitaria en zonas dispersas que dialogue con los saberes locales y reconozca la autonomía reproductiva como condición para romper ciclos de pobreza.
- Reducción de precios en medicamentos clave: implementar mecanismos regulatorios y compras estratégicas que bajen los costos y aseguren disponibilidad oportuna de medicamentos asociados a la salud sexual y reproductiva.
- Higiene menstrual en la respuesta humanitaria: incorporar estos insumos en los kits de emergencia para garantizar condiciones de dignidad y continuidad del cuidado en contextos de crisis.
Para asegurar que estas propuestas no se queden en el papel, el documento plantea que haya sistemas de información sobre autonomía económica útiles si incorporan variables de género, etnia y territorio.
“La autonomía económica es una condición estructural para el desarrollo sostenible. Cuando una mujer fortalece su capacidad productiva y financiera, amplía su poder de decisión y fortalece la estabilidad de su entorno”, concluye Konietzko.