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Alfonsina* ya perdió la cuenta de los días que lleva confinada en su hogar, en una pequeña choza de madera en Catatumbo, Norte de Santander. Sabe que la orden de los comandantes llegó en marzo de 2025, y no había margen de negociación. A toda la población, de un momento a otro, le fue prohibido movilizarse por sus tierras, transitar de un corregimiento a otro y, en su caso, tenía que apelar a argumentos y súplicas para que el grupo armado ilegal que controla el territorio le diera permiso de asistir al casco urbano a atender lo que ella sospecha que es un cuadro profundo de deterioro psicológico.
Vivir con miedo y en cuatro paredes de tabla, dice, a veces le altera su relación con el tiempo, el espacio y el futuro. De su trabajo, el que sea que consiga en el rebusque y el estado de sitio, dependen dos hijos, uno de ocho años y otro joven que, a sus 15, no entiende bien por qué caminar o ir a la escuela se puede convertir en una cuestión de vida o muerte. “Uno aquí solo espera a que lleguen a matarlo a uno”, afirma a El Espectador, luego de enumerar una larga lista de derechos que como mujer, madre y cabeza de hogar ha visto vulnerados mientras está confinada.
En los últimos 10 años, al menos 780.000 colombianos han sido sometidos a confinamientos en medio de la guerra que se vive en sus territorios. Aunque los daños afectan sin distinción a todos los habitantes de las poblaciones, hay voces que insisten en que el fenómeno debe leerse en clave de género e identificar cómo una sentencia a encierro también causa daños diferenciales a las mujeres. Una de ellas es la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló a El Espectador que usualmente las mujeres confinadas en medio del conflicto sufren amenazas particulares, como posibles violencias de género o agresiones sexuales en un intento de controlar tanto los territorios como sus cuerpos.
Las cifras sobre las mujeres afectadas en el confinamiento son, más que incompletas, prácticamente inexistentes. La base de datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su sigla en inglés) es considerada como la más robusta y minuciosa. Pero aun siendo el mejor insumo estadístico, está lejos de ofrecer un panorama completo a través de los datos: los registros de OCHA, que reúnen más de 900 casos de confinamientos, solo han distinguido en 23 ocasiones cuántas mujeres o niñas fueron afectadas.
Del total de registros, menos del 3 % han tenido enfoque de género y, en otras palabras, no distingue cuántas mujeres, tanto jóvenes, como en embarazo o en necesidades de salud obstétrica, fueron afectadas.
Sin cifras exactas, explica Marín, no solo se desconoce el panorama del confinamiento en su totalidad, sino que la respuesta también es “tardía y limitada”: “Un dato nos dice cuántas personas están confinadas, pero no cómo está viviendo ese confinamiento. En mujeres y niñas, las restricciones a la movilidad pueden coexistir con formas de control social, violencias basadas en género y agresiones sexuales. Hemos documentado estos casos y también situaciones concretas en que mujeres con emergencias en salud no han podido ser evacuadas debido al confinamiento”.
Control total
El problema no es únicamente sobre las cifras y los vacíos que hay en los registros del confinamiento, sino en las afectaciones de las vidas de las mujeres que viven esto.
Natalia Ángel Cabo, magistrada de la Corte Constitucional, explica que el confinamiento vulnera una serie de derechos para quienes lo experimentan: impacta todas las esferas de la vida de una mujer, una familia o una comunidad que es obligada a encerrarse.
“No existe una lista cerrada de derechos fundamentales que puedan verse afectados en el confinamiento, porque sus consecuencias pueden extenderse a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana (…). Incluso pueden comprometer derechos colectivos, como la identidad cultural, la autonomía y puede poner en riesgo la supervivencia de las comunidades, si se habla de pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes”, asegura la togada del tribunal constitucional.
Sentencias de la Corte y alertas tempranas de la Defensoría han detallado el control territorial que viven las mujeres en sus hogares. Un fallo proferido en 1996 indagó cómo un confinamiento a manos de un bloque paramilitar en Chocó ocasionó, además de la pérdida de los medios de vida de toda la comunidad, el silencio de mujeres que intentaron alzar la voz para revertir la situación de encierros y amenazas.
Autorización para parir
Liceth Quiñones, directora de Asoparupa, el colectivo de parteras afro más antiguo de Colombia, considera que el confinamiento tiene daños diferenciales para atender algo “tan sagrado como dar vida”. “Nuestras sabedoras han sido imposibilitadas de acceder a territorios bajo el control de grupos armados, lo que pone en riesgo hacer el control periódico de un embarazo o atender un parto. Esta situación es aún más complicada si se piensa que ellas viven en comunidades rurales lejanas, donde salir a un puesto de salud no es una opción, pero nuestra llegada para ayudar a traer una nueva vida tampoco lo es”, comenta Quiñones.
Los departamentos donde más confinamientos se registran son, precisamente, donde a juicio de Quiñones más necesidades en salud sexual y reproductiva se necesitan. Por casi 40 años, las parteras de Asoparupa han recorrido el Pacífico para garantizar los derechos obstétricos. Así lo hicieron cuando las mujeres se desplazaban de sus hogares a la ciudad más cercana o cuando alguna madre a punto de dar a luz se acercaba a su sede en Buenaventura. Pero la entrada a territorios confinados en Chocó, Cauca, Nariño o Valle del Cauca por parte de las integrantes del colectivo de parteras pone en riesgo la vida tanto de las mujeres como de los niños a punto de nacer, y el futuro de las comunidades.
Para Alfonsina, el confinamiento empezó con una orden que le prohibió caminar por su territorio. Con el paso de los meses, esa prohibición alcanzó también su posibilidad de trabajar, cuidar a sus hijos, acceder a atención y decidir sobre su propia vida.
*Nombre modificado por seguridad.
