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Cargar con varias décadas buscando a un ser querido desaparecido se está haciendo más pesado para las mujeres que se han dado a esa labor. Algunas sienten que el tiempo y las esperanzas de encontrarlos con vida, o en su defecto algún cuerpo al que poderle dar sepultura, se agota. Otro grupo asume que la búsqueda implicó enfermedades, empobrecimiento o secuelas irreparables, y desisten de recorrer trochas y lomas. Pero la gran mayoría de las casi 500.000 mujeres buscadoras coincide en que la elección del presidente Abelardo de la Espriella supone un nuevo reto para una búsqueda que llevan haciendo más de la mitad de sus vidas y que solo tiene como propósito encontrar a sus allegados, la verdad de los crímenes de los que fueron víctimas y garantías de no tener que volver a llorar a un familiar ausente.
El Espectador habló con algunas de las madres, esposas o hermanas que hace décadas pausaron sus vidas para emprender la búsqueda de sus desaparecidos acerca de sus expectativas para el próximo cuatrienio. La respuesta más repetida: preocupación y desazón respecto a la llegada de un presidente que, independientemente de su orilla política, no oriente los esfuerzos del Estado a cumplir demandas que han repetido por décadas y frente a diferentes mandatarios.
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El Estado (no el gobierno) tiene varios compromisos legales e internacionales con las mujeres buscadoras. En 2023, por ejemplo, el Congreso aprobó una ley que reconoce su lucha y ordena a las entidades llenar los vacíos que toda una vida de búsqueda dejaron en sus hogares, como nulo acceso a salud, ingresos dignos o educación y, por supuesto, avances en las investigaciones para determinar dónde están sus familiares y qué fue lo que realmente sucedió con ellos. También está la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos entidades que en buena parte nacieron gracias a muchas de estas mujeres y las discusiones que llevaron a La Habana y que posteriormente se tradujeron en el Acuerdo de Paz de 2016.
“La búsqueda nos ha tocado hacerla por nuestra cuenta durante años. Hemos sobrevivido la tortura, el dolor, el silencio, la violencia sexual y la desaparición de otros familiares mientras buscábamos a los ausentes independientemente del gobierno de turno. Tememos ver que los avances que tantas décadas nos costaron, como la Ley de Buscadoras o las instituciones que nos ofrecen verdad, se devuelvan al punto de partida”, dice Nancy Galárraga, buscadora de Putumayo que aún espera verdad sobre la tortura, desaparición y violencia sexual a las que fueron sometidas sus cuatro hermanas en 2001.
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De vuelta al silencio
El principal temor se extiende a que De la Espriella, que mencionó públicamente buscar tumbar la JEP “de un plumazo” o recortar “de 19 a nueve los ministerios”, se traduzca en un borrón y cuenta nueva para encontrar a sus desaparecidos, sea por falta de voluntad política como por decisiones ejecutivas que derrumben instituciones y leyes que construyeron por su propia cuenta.
Al no haber un empalme adecuado entre el gobierno Petro y el nuevo mandatario, muchas de esas apuestas que consiguieron las buscadoras pueden quedar en el limbo, dice Amparo Buzato, quien busca desde hace 23 años a su hija, Sully, por trochas y veredas de Guaviare y Meta sin ningún resultado hasta el momento.
“Ya no tenemos aliados. Siempre nos hemos hecho escuchar, y esta no será la excepción para que agachen la oreja (sic). Pero el panorama se complica cuando vemos que la búsqueda, las buscadoras y los derechos que nos quitó la desaparición no son una prioridad para el próximo gobierno”, dice.
En su programa de gobierno, compuesto principalmente por la “anticorrupción” o seguridad, De la Espriella no mencionó la reparación a las víctimas de la guerra o que desde sus directrices apoyará restablecer los derechos que las buscadoras perdieron con la desaparición de sus familiares.
La UBPD contestó a El Espectador que hasta el momento no hay fecha en el calendario para conocer cómo trabajará con el gobierno de De La Espriella para dar con el paradero de más de 136.000 desaparecidos registrados en sus bases de datos, como La Escombrera de Medellín o la intervención de cementerios. El Ministerio de Justicia (entidad que podría desaparecer bajo el recorte estatal que propone el gobierno entrante), muestra las mismas preocupaciones. Juan David Villalba, director de Justicia Transicional de esa cartera, asegura: “Al gobierno entrante le quedan cuatro herramientas listas para aplicar a resarcir el daño de la desaparición forzada. Si es responsable, debe recoger los avances y tramitarlos en respuestas. Pero los desafíos que enfrenta son muy importantes”.
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Este diario contactó a Iván Cancino, ministro de Justicia designado para el nuevo gobierno, quien nos remitió al equipo de comunicaciones del presidente electo, del que no obtuvimos respuesta.
Temor del pasado
Otras buscadoras sienten miedo de que Colombia vuelva al pasado, es decir, que vean nuevas desapariciones en el seno de sus familias o que sean violentadas mientras indagan dónde están. Ese es el caso de Cleiner Almanza, quien en los 28 años que ha recorrido los Montes de María en las pesquisas de su hermano ha sufrido violencia sexual y secuestros y, nuevamente en 2026, volvió a ser víctima de agresiones.
La defensora de derechos humanos fue atacada con ácido hace unas semanas, al parecer por hombres del Clan del Golfo, y alerta que su agresión es un mensaje disuasorio a otras buscadoras que pone, nuevamente, la búsqueda en riesgo extremo.
“Lo único que tenemos es la ley que tanto nos costó llevar al Congreso. Tememos volver atrás no solo cuando retroceden nuestros avances, sino cuando, con la situación de seguridad en el país, vemos riesgos de ser violentadas mientras buscamos o, como me ha sucedido a mí, amenazan con desaparecer a otros familiares si seguimos buscándolos”, dice.
Para Galarraga y Almanza, solo el tiempo dirá qué vendrá en el próximo cuatrienio: un gobierno aliado con la búsqueda y la justicia que reclaman o, por el contrario, un nuevo mandato presidencial en el que ellas, a sus avanzadas edades, deberán nuevamente salir con pala y mapa en mano a intentar encontrar pistas.
“Nos mueve el amor por nuestros seres queridos y solo queremos que el próximo gobierno nos permita que el dolor de la desaparición forzada se convierta en derechos. Nada más”, concluyen.
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