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En la noche de este jueves 4 de agosto fue radicado ante el Senado el Proyecto de Ley 106 que busca crear el Fondo de Prevención, Protección y Asistencia de Mujeres Periodistas Víctimas de Violencia de Género. Con esta iniciativa se cierra la participación del gobierno de Iván Duque en el legislativo.
El proyecto —en el que también participaron el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer— se formuló en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó a Colombia “adoptar medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las periodistas mujeres que se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su oficio, desde una perspectiva de género”.
La sentencia C-146 de 2021 se dio como resultado del caso “Jineth Bedoya Lima y otra vs. Colombia”, acompañado por la Fundación para la Libertad de Prensa y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, en el que la Corte IDH declaró al Estado colombiano responsable por la tortura y violencia sexual sufrida por la periodista Jineth Bedoya en mayo de 2000 cuando fue secuestrada mientras tramitaba su ingreso a la cárcel Modelo para realizar una entrevista con un emisario del paramilitarismo, por las posteriores amenazas y falta de garantías para ejercer su labor.
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El mandato de la Corte IDH referente al fondo estableció que “el Estado creará un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en el género”. En consecuencia, el proyecto radicado ante el Senado propone que el fondo a crear tenga una asignación de 500 mil dólares, es decir, alrededor de 2.168 millones de pesos, y que cada año sea reintegrado el dinero gastado hasta completar el monto inicial, tal como lo indica la sentencia de la Corte IDH.
La institución encargada de administrar el fondo sería el Departamento de Prosperidad Social, a través del Centro Nacional de Memoria Histórica por lo que el dinero propuesto se adicionaría al presupuesto del centro para gestionar el funcionamiento del fondo. El dinero sería asignado desde el Presupuesto General de la Nación, “los recursos que aporten las entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, de acuerdo con los convenios que se celebren al respecto y las donaciones o aportes de organizaciones internacionales o nacionales”, se explica en el radicado del proyecto.
Aunque en el documento presentado no se aclara, para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, en la administración y decisiones sobre los recursos asignados también deberán participar delegados de la campaña “No es hora de callar”, liderada por Bedoya, y de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
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El trámite de la creación del Fondo de Prevención, Protección y Asistencia de Mujeres Periodistas Víctimas de Violencia de Género deberá ser priorizado por el nuevo Congreso para dar cumplimiento a la sentencia que ordena que “la constitución y entrada en funcionamiento del Fondo en cuestión deberá ser realizada por el Estado en un período no mayor a 12 meses a partir de la notificación de la presente Sentencia”. Es decir, antes del 18 de octubre, fecha en que se notificó al Estado colombiano de la sentencia emitida el 26 de agosto de 2021.
Adicionalmente, a partir de la creación del fondo, el Estado deberá presentar un informe anual, durante cinco años, en el que se detalle el estado del fondo y las acciones ejecutadas en pro de su objetivo de prevenir y acompañar los casos de periodistas víctimas de violencia basada en género.