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Este jueves, las autoridades migratorias del presidente chileno, José Antonio Kast, informaron la salida de un nuevo vuelo de deportación. A lo largo de 2026, es el quinto vuelo que sale lleno de migrantes que, en su mayoría, solo han cometido faltas administrativas, como no regularizar su estatus de permanencia en tierras australes.
Los colombianos son una de las nacionalidades más afectadas. Datos del Palacio de la Moneda totalizan al menos 165 colombianos expulsados por aire y, según esos mismos reportes, podrían ser centenares más que han optado por la “salida voluntaria” que propuso Kast a los extranjeros en Chile.
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Sobre este vuelo en específico, el gobierno de Kast anunció que 62 fueron expulsadas: de ellas, solo 16 contaban con un prontuario penal, mientras que 46 se deben a deportaciones administrativas.
Se trata de vuelos charter que despegan de algunas de las principales ciudades chilenas y aterrizan en las diferentes naciones de origen de los extranjeros deportados. El vuelo pasado, por ejemplo, la aeronave estuvo llena de migrantes colombianos y bolivianos que fueron forzados a regresar a su país.
Respuesta incompleta
Expertos en migración consideran que las medidas de Kast, si bien son importantes para garantizar la seguridad en la jurisdicción chilena, les falta un enfoque humano y son “incompletas”.
Y es que Kast recién llegó al cargo de jefe de Estado, destinó recursos policiales y de seguridad para frenar la entrada de extranjeros al país y, paralelamente, expulsar a todos aquellos que permanecieran en situación irregular. Así lo hizo, por ejemplo, con la creación de una zanja de tres metros de profundidad en todo el borde de la frontera con Bolivia para impedir que cualquier persona pueda continuar su camino continente abajo.
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Para Luz Hernández, abogada del Estudio Jurídico de Migración en Chile, el jefe de Estado está asociando erróneamente la migración con la inseguridad creciente del país austral.
La jurista señala que las deportaciones motivadas por delitos penales o violaciones a las normas de Chile no superan el 20 %, mientras que el resto de ellas son personas, con arraigo y familias en jurisdicción chilena, que no han cometido delitos y su única falta ha consistido en no regularizar su identidad migratoria.
Kast, en teoría, está cumpliendo la legislación migratoria del país: expulsa a quienes nutren grupos criminales, al tiempo que fuerza un éxodo para miles de personas que ingresaron irregularmente o, en su defecto, llegaron por vías oficiales a Chile, pero jamás resolvieron su estatus migratorio.
Pero ahí empiezan los problemas. Hernández comenta que el jefe de Estado está creando un cóctel peligroso, donde criminaliza la movilidad humana y la vincula directamente a narrativas donde quienes llegaron al país buscando seguridad o una mejor vida terminan convertidos en forajidos que deben ser perseguidos.
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Además, los emisarios de Kast complican aún más el escenario cuando vinculan constantemente a los migrantes venezolanos con la irregularidad o el crimen, algo también incongruente con miles de personas que, como Ronald Ojeda, llegaron a Chile buscando refugio político y, en su caso, terminó secuestrado y asesinado presuntamente por alfiles del chavismo.
Según informaron medios locales chilenos, este mismo jueves las autoridades entregarán un nuevo balance sobre la política migratoria y puede que ofrezcan nuevas cifras sobre cuántas personas han salido del territorio.
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