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Son al menos 330.000 los ciudadanos haitianos que a partir de esta semana quedaron en un limbo migratorio en Estados Unidos y deben escoger entre salir voluntariamente o arriesgarse a una deportación. Esta semana finalizó oficialmente el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que Washington les otorgó a miles de haitianos tras los terremotos y la compleja situación humanitaria y de seguridad que vive el país caribeño.
El permiso les permitía permanecer, vivir y trabajar en suelo estadounidense bajo una figura que reconocía que la situación en Haití era insostenible y volver suponía un riesgo para sus derechos, e incluso sus vidas. Pero una decisión de la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el gobierno Trump, puso fin al TPS.
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La disputa migratoria viene desde hace algunos meses, cuando Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional del gabinete Trump, impulsó una medida en la que alegaba que “Haití ya no cumple con la designación para su designación bajo el TPS”.
La decisión fue controvertida, pues el país tanto en aquel entonces como ahora mostraba todas las señales de alerta. Informes de la ONU aseguraron que la nación aún no ha podido reponerse del terremoto de 2010 que, además de dejar 300.000 muertos, afectó toda la infraestructura. Además, más de la mitad de la población (6,4 millones de personas) requieren atención humanitaria urgente, como alimento, servicios sanitarios o seguridad; sumado a que la guerra entre distintas pandillas ha causado el desplazamiento interno de cerca del 10 % de la población.
Al abanico de caos se suma que desde 2021, año en que fue asesinado el entonces presidente, Jovenel Moise, el liderazgo de Haití permanece acéfalo, lo que ha ahondado las necesidades sin una cabeza visible que tome las riendas del poder.
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Incluso, el mismo departamento de Estado, que hace parte de la cúpula política de Trump, mantiene a Haití como uno de los países más peligrosos del mapa. Así lo demuestra un informe del departamento, entidad que desde 2024 ha mantenido a la isla en “Alerta 4”, es decir, un país no recomendado para viajar, hacer turismo debido al “riesgo de delincuencia, secuestro, terrorismo, disturbios y servicios de salud limitados”.
Aún así, Noem insistió en que no había razones suficientes para que Washington ofreciera asilo migratorio a los haitianos en Estados Unidos, población que se calcula que podría superar los 350.000 personas. La decisión fue respaldada por un tribunal del Distrito de Columbia y posteriormente por la Corte Suprema, que determinó que el TPS expiraría esta semana.
¿Qué significa?
La decisión tiene impacto directo en la vida de al menos 330.000 haitianos que edificaron sus vidas en Estados Unidos bajo la sombrilla del TPS. Las secuelas sociales, alerta la Agencia EFE, serán las más notorias en el corto plazo. Y es que en Estados Unidos hay centenares de familias haitianas que han construido sus proyectos de vida alrededor del refugio otorgado por Washington en su momento. Hay casos, dice la agencia, de personas que completan casi tres décadas residiendo en EE. UU. pero ahora están en riesgo de ser detenidos y deportados.
“Las deportaciones implicarían que cerca de 50.000 niños que son ciudadanos pierdan al menos a uno de sus padres”, amplía EFE.
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Pero también podrían llegar efectos colaterales económicos. Debbie Wasserman, congresista demócrata en Ohio, aseguró que la mayoría de los haitianos en Estados Unidos hacen parte de la mano de obra que mueve la economía del país, como el sector de la salud, de los restaurantes o el turismo. De acuerdo con aproximaciones, se estima que los haitianos aportan poco más de USD 59.000 millones a la economía estadounidense cada año y tiene fuerza particularmente en ciudades como Miami u Ohio.
“Va a ser un esfuerzo enorme deportar a los 350.000. Y sé que separar a los haitianos de sus empleos y de sus hijos ciudadanos va a ser la prioridad de la Administración. Esa es una situación inaceptable y es algo que no deberíamos aceptar”, declaró Wasserman.