Un mensaje de unos cuantos segundos, pronunciado por el presidente Abelardo De la Espriella, desenterró un temor que miles de familias migrantes habían mantenido sepultado desde hacía años. Se trataba de la incertidumbre de pensar si, una vez más, serían obligados a salir forzosamente del lugar que consideran su hogar.
La caja de Pandora se abrió principalmente en los hogares venezolanos: un poco más de 800.000 personas que echaron raíces en Colombia, y que al no tener un estatus de regularización se debaten entre arriesgarse a ser deportados, o por el contrario, volver voluntariamente a suelo venezolano, donde aún persisten las causas que los obligaron a huir.
Pero el desasosiego también tocó a las puertas de familias de al menos otras 14 nacionalidades que, según Migración Colombia, hoy conviven en el país y también podrían estar en un escenario de irregularidad.
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Expertos en migración consultados por El Espectador consideran que el anuncio del presidente De la Espriella, si bien es legítimo al determinar cómo gestiona su política migratoria o las fronteras, podría tener efectos adversos para más de 2,8 millones de personas que las atravesaron y desarrollan su proyecto de vida en Colombia.
El debate radica precisamente en que el jefe de Estado utiliza términos penales (“ilegales”) o policivos (“operativos”) en un asunto que tanto la Constitución en Colombia como su legislación y la evidencia internacional establecen que debe tratarse con un lente de derechos humanos.
“Se genera un escenario de temor que, aunque no fue profundizado en sus declaraciones, causa incertidumbre y emergencia a la movilidad humana”, dice Lublanc Prieto, directora de Refugiados Unidos, una ONG que durante los últimos cinco años ha litigado para que los migrantes, aún en irregularidad, reciban garantías y procesos sin violaciones a sus derechos.
El poder de las palabras
Tanto el presidente De la Espriella como su ministro de Interior, Rodrigo Lara, han señalado que sus “operativos” se dirigirán contra “inmigrantes ilegales” (denominación contraria al derecho internacional). Hay que hacer una salvedad: ambos distinguieron entre personas extranjeras con un prontuario judicial y ciudadanos que no están regularizados, aunque sin ofrecer ninguna cifra o respaldo numérico.
Tampoco mencionaron explícitamente la diáspora venezolana. Y no hizo falta, pues la mayor cantidad de extranjeros en suelo colombiano en la actualidad son oriundos del país vecino: algunos que escaparon hace más de una década de la persecución política que implementó Nicolás Maduro en su momento y otros que, debido a la crisis humanitaria, empacaron maletas para probar suerte en Colombia.
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Pero para María Gabriela Trompetero, investigadora y experta en movilidad humana de la Universidad de Bielefeld, Alemania, el lenguaje utilizado, además de inconveniente, crea una narrativa en la que la migración es un “problema” que debe ser gestionado a través de “operativos” y “persecución”, lo que la priva de cualquier discusión de derechos, garantías o humanitarismo.
“Estar en una situación irregular migratoria no es un delito, es una condición administrativa. Mezclar categorías como ‘inseguridad’ y ‘criminalidad’ con migración irregular es criminalizarla. Eso desaparece la pregunta de por qué más de 500.000 personas no han regularizado su situación y, en lugar de plantear si tienen vías para hacerlo, se refuerce el discurso de que ‘deciden vivir por fuera de la ley’”, dice Trompetero.
El peso del silencio
Lo que el presidente y su ministro de Interior no dicen también incide en el panorama y en cómo los colombianos reciben el mensaje de una nueva política migratoria. Por ejemplo, el foco se centró en la migración venezolana, acogida en Colombia durante la última década por medio de instrumentos legales.
Pero los datos de los últimos cuatro años de Migración Colombia muestran que hay al menos 3.847 extranjeros de otras nacionalidades diferentes a Venezuela que han estado envueltos en pleitos judiciales, como Argentina, China, Ecuador, República Dominicana e incluso personas provenientes de Estados Unidos relacionadas con delitos de explotación sexual. Los venezolanos, por su parte, representan el 35 % del total de extranjeros expulsados en el último cuatrienio.
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El Barómetro, iniciativa de la Universidad Externado que investiga la xenofobia en Colombia, señala que la población venezolana ha sido el principal receptor de discursos de odio. En 2021, por ejemplo, la iniciativa documentó que Colombia era el país donde más acechaba la xenofobia contra los venezolanos, por encima de otros países que también han vivido la diáspora, como Perú, Chile o Ecuador.
Giovanni Lepri, representante de Acnur en Colombia, considera que el debate no debería estar en si un ciudadano que viola la ley debe ser judicializado o deportado; eso es un deber del Estado y quien delinque debe responder por sus actos.
“El lenguaje crea realidades y contribuye a proteger o estigmatizar. Una persona puede estar en situación irregular, pero no significa que haya cometido un delito o sea criminal. No se es ilegal por cruzar una frontera sin documentos (...) Es clave que no asociemos automáticamente la situación irregular de una persona con la criminalidad”, subraya Lepri.
Aunque es muy pronto para conocer cómo, cuándo y dónde actuará el Gobierno de De la Espriella para incursionar en su nueva política migratoria, los analistas coinciden en que lo más prudente es un llamado a la calma y el diálogo. La mayoría de ellos señala que se puede construir sobre los años de experiencia en que Colombia ha ofrecido acogida y derechos a la migración, mientras que otros aseguran que el debate puede servir para ofrecer nuevas vías de regularización a quienes aún están indocumentados y, aún más importante, integrarlos en el andamiaje social de Colombia.
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