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Los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2023), que acaba de dar a conocer la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela, son la mejor demostración de que en el vecino país persisten las condiciones económicas y sociales generadoras de uno de los mayores fenómenos de movilidad humana contemporáneos que ha convertido en migrantes a casi 8 millones de venezolanos.
La encuesta Encovi, que contactó a 16.212 hogares entre marzo y mayo de 2023 para realizar su estudio anual, se ha convertido en una de las pocas fuentes para conocer la situación social en Venezuela, ante la ausencia de fuentes oficiales que han dejado de publicar o reducido al mínimo información y estadísticas al respecto. Sus resultados cuestionan el relato de que “Venezuela se arregló” y reflejan la gravedad de la crisis que persiste en el país vecino.
Otras organizaciones no gubernamentales e iniciativas privadas que hacen seguimiento a sus áreas de interés, como la asociación civil Con la Escuela, la Red de Observadores Escolares o la Encuesta Nacional de Hospitales en Venezuela -que realiza Médicos por la Salud-, se han convertido también en fuentes de consulta obligada para conocer la situación en áreas críticas como la educación y la salud.
Por ejemplo, según Encovi, en 2023 el 82,8 % de los hogares venezolanos se situaron en la categoría de pobreza de ingresos, lo que quiere decir que no contaron con el dinero suficiente para adquirir la canasta básica, un porcentaje levemente superior incluso al de 2022, cuando llegó al 81,4 %.
Estos porcentajes contrastan con los de 2014, cuando los hogares en pobreza de ingresos eran el 48,4 %. A partir de este año, que coincide con el aceleramiento de los flujos migratorios desde Venezuela, la pobreza tuvo cinco años consecutivos de aumento, hasta que en 2020 tocó techo al llegar al 92,9 %.
En 2021 y 2022, tras las medidas de liberalización económica adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro, la situación mejoró algo, volviendo a niveles similares a los de 2016-2018, cuando la pobreza de ingresos bajó a 90,9 y 81,4 %, respectivamente. Sin embargo, los datos de 2023 indican que esta mejoría se detuvo.
Un comportamiento similar ha tenido la pobreza multidimensional, aquella que mide la pobreza según las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, servicios básicos, protección social, trabajo, entre otros, pues de 23,6 % en 2014 pasó a un techo de 75,2 % en 2018 y se situó en 50,5 % en 2023, ligeramente por encima de 2022 cuando fue de 50,2 %, lo que refleja que aquí también el comportamiento positivo se detuvo.
Encovi reconoce que, tras la apertura económica y la eliminación de los controles, se ha producido una mejoría en la distribución de alimentos en el país. No obstante, aún hay importantes índices de inseguridad alimentaria concentrados en focos territoriales y en ciertos estratos que afectan a un tercio de la población.
La educación en bancarrota
La encuesta Encovi refleja una gravísima situación de la educación en Venezuela, pues el 40 % de los jóvenes escolarizados de 3 a 17 años no asistieron regularmente a la escuela. Aunque el estudio reportó que la población escolarizada recuperó los niveles prepandemia al llegar a 7.613.237 jóvenes, sigue estando por debajo de la demanda potencial, que es de 11.597.754.
El rezago escolar, que expresa los años de diferencia entre el grado/año que se debería estudiar de acuerdo con la edad y el que efectivamente se cursa, también muestra datos preocupantes. Entre los estudiantes de 7 a 11 años es de 40 % en varones y de 37 % en niñas, mientras que entre los adolescentes de 12 a 17 años, 18 % de los varones reflejó rezago severo que significa dos o más años de retraso y 33 % de las jóvenes mostró rezago leve y 13 % severo.
En 2016, el 32 % de los jóvenes estudiaba en instituciones privadas y 68 % en públicas, mientras que en 2023 el porcentaje de los estudiantes que podían acceder a la educación privada se redujo al 12 % y los que están en la pública subió al 88 %, lo que denota una reducción en la capacidad adquisitiva de las familias.
El deterioro de la calidad de la educación en Venezuela puede apreciarse igualmente a través de una prueba de fluidez y comprensión de lectura, realizada por la asociación civil Con la Escuela y la Red de Observadores Escolares, a 1.738 niños y niñas de tercer grado de educación básica, la cual arrojó que 13,08 % de ellos no pudo leer ni una sola palabra de un texto que se les presentó.
Esa misma prueba de fluidez de lectura indicó que el 24,29 % de los alumnos encuestados se encontraban en la categoría muy bajo y el 23,44 % en bajo, mientras que el 30,29 % estaba en el estatus de consolidado y solo el 21,97 % en la categoría competente. Los resultados de la prueba de compresión de lectura fueron igualmente desalentadores.
La investigación realizada por Con la Escuela y la Red de Observadores Escolares también recoge que el 34,78 % de las escuelas incluidas en la muestra no tiene activo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el 58,7 % de los docentes atribuyó a la falta de ese programa la inasistencia estudiantil. Otro dato revelador es que el 19,47 % de los estudiantes manifestaron que no iban a clases por tener que ayudar a sus padres a conseguir ingresos para la familia.
La salud en terapia intensiva
El deterioro de los servicios de salud venezolanos, que se mantiene en condiciones críticas hasta el día de hoy, es uno de los factores que han impulsado la migración.
La Encuesta Nacional de Hospitales en Venezuela de 2023, que realiza la organización Médicos por la Salud, reveló que apenas el 40 % de los quirófanos en el país están funcionando correctamente, porcentaje que no ha variado desde 2022.
El promedio de camas operativas de emergencia por hospital público en 2023 fue de 34, un número menor al de 2022, cuando alcanzó las 37. En el tema de los servicios, solo el 10 % de los centros de salud públicos cuentan con aparatos para realizar tomografías.
La Encuesta Nacional de Hospitales también advirtió sobre el desabastecimiento de insumos de emergencia, que disminuyó de 46 a 37 % en comparación con 2022, aunque los insumos de quirófano aumentaron a 74 %. El 30 % de los hospitales no tienen ningún tipo de material descartable como tapabocas, gorros y batas quirúrgicas.
Asimismo, el informe indica que el 90 % de los centros hospitalarios revisados pidieron a los pacientes al menos un insumo para poder realizar las intervenciones quirúrgicas.
De acuerdo con los resultados de 2023, el 50 % de los hospitales tienen un suministro de agua intermitente y el 47 % reportaron fallas eléctricas al menos una vez a la semana.
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* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, así como presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
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