El presidente Abelardo De la Espriella mencionó en un consejo de seguridad impartido desde Barranquilla que Colombia iniciaría un proceso de deportación a todo aquel migrante que tuviese líos penales o, como en la mayoría de los casos, no contara con su estatus regulatorio al día. El anuncio generó controversia sobre cómo un anuncio que es totalmente legítimo de definir la política migratoria del país, puede tener efectos adversos o ir en contravía del Derecho Internacional.
El Espectador habló con Giovani Lepri, representante en Colombia de Acnur, sobre las discusiones paralelas que deben darse cuando se habla de migración, seguridad y ante todo, derechos humanos. Entrevista.
¿Es riesgoso referirse a la migración como un asunto exclusivamente de seguridad y crimen para ser combatido?
La movilidad humana (sea desplazamiento forzado interno, transfronterizo, o migración voluntaria) y la criminalidad son fenómenos que no se deben equiparar ni confundir. Migrar no es un crimen. Encontrarse en situación migratoria irregular no convierte a una persona en delincuente. Quien comete un delito debe responder ante la justicia, independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria en el país.
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La movilidad humana es una realidad de naturaleza muy diversa. Hay personas que salen de sus países por diferentes razones, algunas se han visto forzadas a huir porque su vida, libertad, seguridad o integridad está en riesgo. A veces huyen de guerras, violaciones de derechos humanos, alteraciones de orden público, entre otras razones. Estas personas pueden estar en necesidad de protección internacional y deben poder acceder a mecanismos que permitan identificarlas y protegerlas.
Por eso es riesgoso reducir la movilidad humana a una cuestión de seguridad. La seguridad es una responsabilidad soberana de los Estados, que no es incompatible con el deber de proteger a quienes se encuentran en su territorio. Una gestión segura de la movilidad humana requiere el cumplimiento de la ley y de mecanismos que permitan a las personas definir su situación legal, acceder a documentación e integrarse. Quienes tienen necesidades de protección internacional, deben poder acceder a un sistema para la determinación de la condición de refugiado de asilo justo, eficaz y eficiente. Por otro lado, quien comete un delito, cualquiera que sea su situación migratoria o su nacionalidad, debe responder ante la justicia. Son situaciones diferentes y no deben confundirse.
En Colombia y en muchos otros países está demostrado que cuando las personas acceden a documentación, vivienda, educación y trabajo formal, derechos y servicios, se reducen los riesgos de entrar en la criminalidad o ser víctimas de esta, en la inseguridad económica, en el desempleo y la exclusión social. En ese sentido, la documentación y la inclusión socioeconómica reducen situaciones de vulnerabilidad, riesgos de explotación y abusos, y fortalecen la convivencia. No solo pueden hacer a las sociedades más seguras, sino que tienen impactos positivos en lo social, lo cultural y lo económico.
Sobre el aspecto económico, por ejemplo, el Banco Mundial ha mostrado que la regularización de venezolanos en Colombia generó un aumento del 48 % en el consumo per cápita, un incremento del 22 % en los ingresos laborales y mejores resultados en materia de salud. Estos avances fueron posibles gracias a un mayor acceso a los sistemas de protección social, a servicios de salud subsidiados y a servicios financieros.
Hay varios blindajes legislativos y constitucionales que protegen la movilidad humana. ¿Cuáles debería superar o derribar el Gobierno De la Espriella para seguir con su anuncio de deportar personas irregulares?
No lo describiría como “derribar blindajes”. Hablamos de garantías que forman parte del ordenamiento jurídico colombiano y de compromisos internacionales y regionales asumidos por el Estado.
Todo Estado tiene derecho a gestionar su seguridad y sus fronteras, y aplicar su legislación interna y los estándares internacionales. Colombia puede verificar la situación en que se encuentra una persona y, cuando corresponda, adoptar las medidas previstas en la legislación. Estas facultades se deben ejercer respetando garantías como el debido proceso, en particular salvaguardas para respetar el principio de la no-devolución para personas en necesidad de protección internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Más aun, si se hace evidente que algunas personas no deberían ser devueltas al lugar donde su vida o integridad corre un riesgo.
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Para ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, este último punto es fundamental. Antes que una medida pueda conducir al retorno de una persona extranjera, debe existir la posibilidad de identificar si tiene necesidades de protección internacional. Una persona puede no estar en situación regular y, al mismo tiempo, necesitar protección internacional. Una cosa no es excluyente de la otra.
Debemos distinguir la comisión de un delito, de la situación migratoria de una persona en el país de acogida. Si una persona, nacional o extranjera, comete un delito, debe responder ante las autoridades colombianas. Una cuestión distinta es la situación de quienes no cuentan actualmente con un estatus regular y requieren definir su situación en Colombia.
¿Por qué se apela a términos penales (“ilegales”, “criminales”) a un fenómeno que debe tener un enfoque de derechos?
El lenguaje es muy importante porque crea realidades, contribuye a proteger o a estigmatizar. Como ya mencioné, una persona puede encontrarse en situación migratoria irregular, pero esto no significa que haya cometido un delito o que sea un criminal. Las personas no son ilegales ni irregulares por cruzar una frontera sin documentos.
Esto no significa que un extranjero con una visa o cualquier otro documento no pueda cometer un delito, del mismo modo que una persona que no cuenta con estatus migratorio regular puede respetar plenamente las leyes del país que la acoge. Es clave que no asociemos automáticamente la situación irregular de una persona con la criminalidad.
La gran mayoría de las personas en situación irregular no son delincuentes, sino personas que tuvieron que huir de sus países y dejarlo todo atrás, incluso sus familias, sus documentos, sus proyectos de vida. El Estado colombiano ha reconocido esta realidad y ha hecho importantes esfuerzos, reconocidos por la comunidad internacional, para que estas personas puedan acceder a derechos fundamentales, a documentación y servicios básicos, a vivienda y empleo digno. El mecanismo de protección temporal para venezolanos (ETPV) es un ejemplo a nivel regional y global.
Se asocia principalmente la migración colombiana a venezolanos. ¿Qué otras nacionalidades o factores deben contemplarse en la fórmula para tener un panorama completo?
La gran mayoría de las personas refugiadas y en necesidades de protección internacional en Colombia son venezolanas. Se trata de un país hermano con el que Colombia comparte una de las fronteras más dinámicas y vivas de América Latina, además de grandes similitudes en lo social y cultural. También hay que recordar que Venezuela ha acogido a más de 6 millones de personas colombianas desde los años 90.
Colombia es hoy un país de acogida, tránsito, retorno y origen. Recibe personas refugiadas y migrantes de diferentes nacionalidades. Hoy en Colombia hay solicitantes para el reconocimiento de la condición de refugiado en su mayoría de Venezuela, pero también de Cuba, Ecuador, Perú, Rusia, Ucrania, entre otras nacionalidades. Al mismo tiempo, el país recibe colombianos que regresan, voluntariamente o después de medidas adoptadas por otros Estados.
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El mandato de ACNUR se enfoca en las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas con necesidad de protección internacional. En Colombia, la población venezolana representa una parte muy importante de esta realidad, pero la necesidad de protección internacional no depende de la nacionalidad.
Una persona perseguida puede necesitar protección internacional. Una víctima de trata necesita protección y asistencia, y en ciertas circunstancias también podría requerir la protección como refugiada. Un colombiano retornado puede necesitar apoyo para reintegrarse. Entender los diversos perfiles y sus necesidades es fundamentar para una respuesta efectiva por parte del Estado.
En un momento de tanta incertidumbre, ¿cuál es el llamado más prudente a hacer?
El primer llamado es a mantener la calma, a brindar información clara y evitar que la incertidumbre y la desinformación se traduzca en miedo, angustia, desesperanza y estigmatización. En estos días hemos observado un aumento importante de las personas que buscan información sobre cómo definir su situación migratoria en Colombia. Esto muestra que hay una preocupación real y que es fundamental que las personas puedan acceder a información clara y confiable.
También es importante preservar los avances que Colombia ha construido durante años en materia de protección, documentación e inclusión. Colombia ha sido un referente internacional en la respuesta a la llegada de personas de Venezuela y ha demostrado que facilitar la documentación y la inclusión permite a las personas trabajar formalmente, contribuir a la economía y construir sus proyectos de vida con las comunidades que las acogen. Hoy hay casi 2 millones de personas venezolanas en situación regular en este país.
Al mismo tiempo, todavía existen personas que enfrentan barreras para definir su situación legal. Aún hay más de 520 mil personas venezolanas en situación irregular y más de 300 mil en proceso de regularización. Por eso consideramos importante mantener y fortalecer los mecanismos de estancia legal, especialmente para quienes hoy no cuentan con una vía que les permita resolver su situación.
Para quienes han sido forzados a huir, hay además un mensaje fundamental: la situación legal de una persona en un país no determina si necesita protección internacional.
Quienes no puedan regresar a su país porque su vida, libertad, seguridad o integridad pueden estar en riesgo deben acceder al sistema para la determinación de la condición de refugiado y contar con las garantías correspondientes. Nadie debe ser devuelto al lugar donde corre riesgos sin que sus necesidades de protección hayan sido debidamente identificadas y evaluadas.
El llamado de ACNUR es a gestionar la movilidad humana garantizando el cumplimiento de la ley y del debido proceso, preservar las garantías de protección y continuar avanzando con documentación, mecanismos de estancia e integración.
Colombia tiene experiencia, instituciones y herramientas para hacerlo. ACNUR está dispuesto a acompañar y ofrecer su experiencia para seguir apoyando al Estado colombiano en su conjunto en estos esfuerzos. Queremos seguir trabajando juntos para encontrar soluciones.
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