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Durante años, buena parte de la comunidad internacional miró hacia otro lado. Se insistía en leer la migración venezolana como un fenómeno económico, sin reconocer su raíz estructural: una crisis prolongada de derechos humanos. Tomó años, informes y vidas para admitir que no se trataba solo de economía, sino de persecución.
Hoy, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), más de 7,7 millones de venezolanos viven fuera del país. De ellos, 6,5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Detrás de esas cifras hay más que números, hay familias separadas, aulas vacías, comunidades deshechas. La migración se volvió una experiencia generacional, una fractura colectiva que atraviesa fronteras e historias de vida.
Y es que la salida de millones de venezolanos no fue repentina, es el resultado de una acumulación de crisis económicas, políticas y sociales que, lejos de resolverse, se profundizaron a lo largo de dos décadas. Lo que comenzó con una fachada de proyecto de redistribución se convirtió en una estructura de control, y lo que parecía una promesa de justicia social derivó en el desmantelamiento del Estado de derecho.
Las raíces políticas de un colapso anunciado
El modelo instaurado por Hugo Chávez en 1999, basado en la concentración del poder y el uso político de la renta petrolera y luego consolidado por Nicolás Maduro derivó en un sistema autoritario que subordinó la economía a la fidelidad política.
Entre 2013 y 2019, el Producto Interno Bruto se contrajo un 75 %, según datos del Fondo Monetario Internacional, una de las caídas más severas de la historia moderna fuera de contextos bélicos. En 2018, la inflación superó el 1.000.000 % anual, convirtiendo al país en símbolo de hiperinflación y empobrecimiento acelerado. El salario mínimo, ese año, equivalía a menos de dos dólares mensuales.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) reveló que más del 90 % de los hogares cayó en pobreza multidimensional en 2019. Y en uno de cada tres hogares, al menos un miembro había emigrado. Una población empobrecida intencionadamente dependiente de subsidios que ya no llegaban y sin producción nacional.
El colapso económico se agravó con el desmantelamiento institucional, la concentración del poder en el Ejecutivo, la erosión de la independencia judicial y la persecución de toda disidencia cerraron los canales de diálogo y perfeccionaron las herramientas de control. En ese contexto, la migración no fue solo una decisión económica, fue una salida política. Irse se convirtió en el único acto posible frente a un Estado que había dejado de proteger y comenzó a expulsar ante el temor de desaparecer.
El hambre fue el primer impulso, pero el miedo completó la huida, entre 2015 y 2020, más de cinco millones de personas abandonaron el país, la mayoría con destino a países vecinos. Algunos lo hicieron en avión; pero la gran mayoría, a pie, en caravanas improvisadas. Así surgió la figura del “caminante” hombres, mujeres y niños cruzando a pie diferentes fronteras, símbolo de una diáspora empujada por la necesidad y la desesperanza.
Las razones económicas no bastan para explicar la magnitud del éxodo, a partir de 2017, la represión política se convirtió en un factor determinante. Diferentes organizaciones internacionales de la sociedad civil, como Amnistía Internacional han documentado torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, ya no solo como acciones individuales, sino como formas sistemáticas de control. La Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU concluyó que existían patrones sistemáticos de crímenes de lesa humanidad. Una consecuencia inmediata fue que miles de venezolanos comenzaron a solicitar refugio, desde 2018, se han registrado más de 500.000 solicitudes según el ACNUR, sin embargo, muchas de estas solicitudes han sido ignoradas por los países de acogida.
La crisis sanitaria agudizó la emergencia, la Federación Farmacéutica de Venezuela reportó un 80 % de desabastecimiento de medicamentos, y más del 60 % de los quirófanos públicos estaban inoperativos. La huida no fue una elección, fue un mecanismo de supervivencia ante un Estado colapsado y represivo. Pero lo que comenzó como una emergencia nacional pronto desbordó las fronteras. La crisis venezolana dejó de ser un asunto interno para convertirse en un desafío regional que transformó la demografía, la política y la economía del continente.
La respuesta regional y sus conveniencias
La migración venezolana transformó la demografía y la política del continente. Colombia se convirtió en el principal receptor, con cerca de 2,9 millones de venezolanos; le siguieron Perú con 1,54 millones, Brasil con 486.000, Ecuador con 475.000 y Chile con 444.000. Colombia implementó el Estatuto Temporal de Protección en 2021, regularizando a más de dos millones de migrantes, en una política elogiada internacionalmente por su carácter humanitario. Pero en el resto de la región, el entusiasmo inicial se desvaneció. Países como Perú y Chile endurecieron sus políticas de ingreso; México y Estados Unidos reforzaron sus controles fronterizos.
La mayoría de los países de acogida, además, ha evitado aplicar plenamente la Declaración de Cartagena, que ampliaría la protección internacional a quienes se ven forzados a salir de contextos de colapso institucional y violaciones de derechos humanos. Esta renuencia ha dejado a millones de venezolanos en un limbo jurídico, sin estatus formal de refugiados y, por tanto, sin acceso pleno a derechos fundamentales.
Aun así, el régimen venezolano negó durante años la magnitud del éxodo y, cuando ya no pudo ocultarlo, lo instrumentalizó. En el discurso interno lo atribuyó a las sanciones económicas; en el externo, lo convirtió en moneda de negociación. En los diálogos con Estados Unidos, la migración se transformó en una ficha de intercambio político, vuelos de deportación a cambio de concesiones o legitimidad. Así, los migrantes pasaron a ser no solo víctimas de expulsión, sino también piezas en una geopolítica del sufrimiento.
El éxodo venezolano no puede entenderse solo como un fenómeno migratorio, es una crisis prolongada de derechos humanos que se extiende más allá de las fronteras nacionales. Dentro del país, la represión, la censura y la impunidad destruyeron las garantías básicas; fuera, la exclusión y la precariedad repiten esas mismas vulneraciones, ahora multiplicadas por la condición de extranjero, sin mencionar las prácticas de represión transfronteriza que se vuelven cada vez más crueles.
Según la OIM, más del 60 % de los venezolanos en América Latina trabaja en la informalidad y apenas el 35 % tiene acceso estable a servicios de salud. En muchos países receptores, los discursos políticos han vinculado migración con inseguridad. En Perú y Chile, el aumento de la xenofobia ha dificultado la integración. En México y Estados Unidos, los controles fronterizos se han endurecido, generando nuevas formas de criminalización.
La selva del Darién se convirtió en símbolo de esa desesperación, solo en 2023, más de 280.000 venezolanos cruzaron esa ruta entre Colombia y Panamá, enfrentando hambre, violencia sexual y desapariciones. Pese a todo, la diáspora ha mostrado una capacidad notable de organización. En ciudades como Bogotá, Lima o Santiago, colectivos venezolanos crearon redes de ayuda, asesoría legal, espacios culturales y proyectos de emprendimiento. La migración venezolana no solo se cuenta en cifras, es también una presencia activa que ha reconfigurado el tejido social de los países que la acogen.
El país que se reacomoda por dentro
Mientras el mundo observaba la salida masiva de millones, dentro de Venezuela se producía otro tipo de desplazamiento, el interno. No todos los venezolanos pudieron salir del país; muchos se movieron dentro de él, buscando sobrevivir en regiones menos afectadas o con menor afectación de los servicios básicos.
Entre 2015 y 2022, más de 3,5 millones de personas se desplazaron dentro del territorio nacional, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Los estados fronterizos de Zulia, Táchira y Apure perdieron hasta el 30 % de su población activa, mientras que zonas urbanas como Caracas, Miranda y Lara se saturaron.
El resultado fue una reconfiguración social y económica silenciosa, en las ciudades grandes, la población aumentó más rápido que la infraestructura. La oferta de servicios, ya colapsada, se vio aún más presionada. En zonas más pequeñas o periféricas, la falta de mano de obra paralizó la producción agrícola, y en las regiones petroleras, miles de viviendas quedaron vacías. La migración interna también transformó la composición demográfica. La pérdida de población joven y en edad laboral compromete la sostenibilidad de los sistemas de salud y educación, Venezuela envejece aceleradamente.
A esa transformación demográfica se suma el impacto de las remesas que son una fuente vital de ingreso, pero también reflejan una nueva desigualdad. Familias con acceso a divisas frente a otras que sobreviven con bolívares depreciados. Pese a que, producto de la inflación, ni siquiera aquellas familias que reciben remesas logran cubrir hoy sus necesidades básicas, eso ha llevado a que ya no solo un miembro de la familia migre para enviar divisas al país, sino que ha llevado a muchas familias a migrar. Se estima que para el cierre de 2025 Venezuela podría recibir USD 3.200 millones en remesas con una disminución del 15 % respecto a 2024.
En estados como Portuguesa, Guárico o Mérida, los censos locales muestran reducciones poblacionales de entre 25 y 35 %. Venezuela se vacía desde adentro, mientras su economía se sostiene en los lazos transnacionales que mantiene su diáspora.
El espejismo del retorno
El deseo de regresar persiste como un punto luminoso en la memoria colectiva; sin embargo, la realidad lo contradice. Estudios realizados por el ACNUR y la OIM en 2023 y 2024 muestran que menos del 30 % de los migrantes venezolanos consideraría regresar si se produce un cambio político inmediato, y apenas el 11 % lo haría sin garantías de estabilidad. La reconstrucción económica del país, requeriría al menos una década de políticas sostenidas y apoyo internacional.
El régimen venezolano intentó apropiarse de esa esperanza con el Plan Vuelta a la Patria, lanzado en 2018. Según cifras oficiales, más de 30 000 personas habrían retornado al país gracias al programa, pero los datos de la OIM y R4V muestran que esa cifra representa menos del 0,5 % de la diáspora total, y muchos de los repatriados volvieron a emigrar meses después. Más que un éxito, el plan se convirtió en un instrumento de propaganda, diseñado para proyectar control y negar la magnitud del éxodo. Mientras las condiciones estructurales del país no cambien represión, pobreza, colapso institucional y ausencia de servicios, el retorno masivo seguirá siendo un espejismo.
Aun en un escenario de transición política, los desafíos serían monumentales. Venezuela carece hoy de la capacidad administrativa, económica y técnica para recibir de vuelta a millones de ciudadanos. El sistema de identificación civil está desmantelado; millones de venezolanos no poseen pasaportes vigentes ni cédulas actualizadas, y buena parte de la red consular se encuentra inoperante. Sin documentos, quienes regresen no podrían acceder a servicios básicos, ejercer derechos civiles ni reincorporarse formalmente a la vida económica.
La situación se agrava con los niños y niñas nacidos en el exilio, muchos de los cuales corren riesgo de apatridia o tienen una nacionalidad distinta a la de sus padres. Sin mecanismos bilaterales de reconocimiento, podrían quedar fuera de los registros civiles venezolanos y, por tanto, sin ciudadanía efectiva, reconstruir el país implicará también reconstruir la identidad jurídica de su población.
A ello se suma la ausencia de un sistema de seguridad social operativo. Con hospitales en ruinas, una población envejecida y una cobertura sanitaria mínima, el país no podría absorber fácilmente retornados sin afectar aún más sus estructuras básicas. El sistema educativo atraviesa una situación similar, miles de maestros han emigrado, y las universidades apenas operan. La infraestructura eléctrica, de agua y transporte está fragmentada.
Además de las carencias materiales, existe una fragmentación emocional y generacional, muchos niños y adolescentes han crecido fuera del país, formados en otros valores y sistemas. Las familias están repartidas entre tres o cuatro países, y un eventual regreso implicaría nuevas separaciones o un reacomodo cultural profundo.
Incluso en caso de una apertura política, la economía venezolana no tendría cómo absorber inmediatamente el regreso. Con un aparato productivo devastado y un mercado laboral dominado por la informalidad, quienes vuelvan podrían enfrentar las mismas condiciones que los obligaron a irse. El riesgo sería un retorno frustrado, un segundo exilio.
Si la transición política llegara, el regreso sería un proceso espontáneo, desigual y desordenado mientras el Estado se pone al día sobre sus deudas con la población migrante y el país no podría gestionarlo solo. Un retorno de millones de personas requeriría cooperación internacional, asistencia técnica y recursos financieros, pero ese apoyo conlleva un riesgo, que la población migrante se convierta nuevamente en instrumento de negociación entre gobiernos, como ya ocurrió cuando los flujos migratorios fueron usados para obtener concesiones políticas o económicas.
Sin embargo, hablar del retorno no es hablar de imposibles, sino de los enormes retos que implica reconstruir un Estado desinstitucionalizado, de los cuales debemos ser conscientes. Habría que rehacer la confianza ciudadana, modernizar el sistema de identificación, restablecer la seguridad social, reactivar la producción, y garantizar justicia y reparación. Solo entonces regresar dejará de ser una promesa y se convertirá en una posibilidad.
Volver no será regresar al pasado, sino construir un país distinto sobre las ruinas del anterior. Esa es, quizá, la tarea más difícil y, al mismo tiempo, la más urgente, asegurar que ningún venezolano tenga que volver a marcharse de manera forzada para poder vivir con dignidad.
El país que ahora existe en movimiento
El éxodo venezolano es, además de una crisis humanitaria, una mutación nacional de largo aliento. Lo que comenzó como una salida urgente se ha convertido en un proceso profundo de transformación social, cultural y emocional. Venezuela ya no está contenida en sus fronteras, existe dentro y fuera de sí, en los espacios vacíos, en las aulas de Lima, en los consultorios de Bogotá, en los mercados de Santiago, en las comunidades digitales que sostienen lazos familiares y económicos a miles de kilómetros.
Los informes de distintas organizaciones coinciden en un diagnóstico común, millones de venezolanos se marcharon por causas estructurales de origen político y no por voluntad individual. Pero también muestran la otra cara, la de una diáspora que, dispersa, sigue tejiendo vínculos, sosteniendo familias, enviando remesas, participando en redes comunitarias y culturales. Esa persistencia es también una forma de resistencia civil frente a un poder que los quiso invisibles; es la prueba de que, incluso lejos del territorio, la ciudadanía venezolana sigue existiendo, viva y en movimiento.
Esa movilidad ha dado origen a una Venezuela transnacional, extendida más allá del mapa. La nación, más que un espacio geográfico, se ha convertido en una red de afectos, memorias y economías. Las remesas mantienen a millones de hogares; las redes digitales reemplazan los vínculos rotos; y las comunidades migrantes son hoy actores políticos, sociales y culturales con peso real en sus países de acogida.
Sin embargo, el impacto demográfico interno sigue siendo devastador, la ENCOVI estima que una cuarta parte de la población ha abandonado el territorio desde 2015. Los grupos más afectados son los de entre 15 y 49 años, los de mayor productividad y capacidad reproductiva. El resultado es una estructura poblacional envejecida, una caída sostenida en la natalidad y una pérdida dramática de capital humano, hospitales sin médicos, escuelas sin maestros, campos sin trabajadores.
Pero hay algo más profundo que el exilio físico, el exilio emocional. La migración venezolana arrastra un trauma colectivo que pocas veces se nombra. Durante años, irse fue vivido como una derrota, como un castigo. Las despedidas en los terminales y aeropuertos no eran promesas de aventura, sino de supervivencia. Es necesario sanar esa herida y desmontar la idea de que migrar es una condena o una culpa. La movilidad humana, cuando ocurre en libertad y con derechos garantizados, puede ser una fuerza positiva, un ejercicio de autonomía, una oportunidad de reconstrucción.
Por eso, uno de los grandes desafíos del futuro será también acompañar institucional y socialmente a la población migrante, reconocer su aporte, protegerla de la explotación y la xenofobia, y crear condiciones para que su movilidad sea digna. La migración no debe ser el precio del colapso, sino un derecho ejercido en libertad y dignidad. El retorno más urgente no es solo físico, sino simbólico, el regreso a la ciudadanía, a la justicia y a la confianza como país.
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