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La tierra americana ha dejado de ser el sueño prometido para los migrantes que salen de sus países en las condiciones más precarias buscando un futuro mejor. La desesperanza pisa cada vez con más fuerza, al punto de hacerlos tomar la decisión: “es hora de regresar”.
Esa es la situación que a diario viven más de 14.000 personas que han retornado a sus países natales, aunque allí las condiciones de vida no sean dignas. Se trata de un efecto inverso a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos que han provocado una reducción del 97% en el paso hacia el norte entre enero y agosto del 2025.
La crisis puede ser mayor, es lo esperado, sobre todo después de que el presidente Donald Trump eliminó el Estatuto de Protección para migrantes venezolanos recientemente. Esta medida, en el marco de la política de inmigración de esa administración, pondría en riesgo a 250.000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos escapando de la crisis de su país.
Un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los gobiernos de Colombia, Panamá y Costa Rica da cuenta de este fenómeno y reúne las alertas en materia de protección a los migrantes en sus retornos.
A la cruzada de Trump para sacar a los migrantes del país, se le suman una serie de factores que agravan todavía más la situación como la suspensión de fondos de cooperación, un punto clave para garantizar la asistencia humanitaria en las rutas.
En medio de las restricciones, la falta de garantías y la vulnerabilidad, los migrantes que han decidido retornar encuentran muchos otros tipos de violencias como la trata, el tráfico ilícito y la discriminación. En ese contexto muchos de ellos quedan varados y sin recursos para continuar su viaje lo que desencadena al mismo tiempo mayor exposición a abusos.
Dentro de las principales motivaciones de los migrantes para regresar a sus países a pesar de las crisis están los cambios en la política migratoria de Estados Unidos, la imposibilidad de ingresar a tierra americana, el temor a ser detenidos o deportados y el agotamiento de recursos para continuar el viaje. La inseguridad, la violencia, los secuestros y otros abusos también han influido en las dinámicas de retorno.
El informe detalla un panorama crítico de derechos humanos en el contexto del creciente fenómeno de migración. “La información recabada evidencia la persistencia de la violencia en las rutas migratorias y fronteras, manifestada como un continuum que se reproduce y se intensifica en distintas variantes ante la ausencia de vías seguras y regulares para migrar. Esta situación se ve agravada por la falta de una respuesta estatal integral y basada en los derechos humanos, incluida la atención a las personas en situación de retorno”, se lee en la investigación realizada a través de 182 entrevistas en Costa Rica, Panamá y Colombia.
A eso se le suma el perfil de la población migrante que busca retornar con altos niveles de vulnerabilidad. Según los datos de OIM, el 37% de estas personas reporta necesidades económicas críticas. La situación evidencia el deterioro de las vidas de quienes deciden regresar o se ven forzados a retornar a sus países en crisis. Aun así, los migrantes se ven enfrentados a criminales que les venden “paquetes” y tarifas para retornar.
Uno de los llamados de atención de la ONU a los países estudiados para el informe es precisamente sobre el nivel de impunidad, pues durante el monitoreo no se encontraron medidas específicas para investigar las redes de tráfico y garantizar justicia. Dentro de los principales abusos y violencias que alcanzan a reportar los migrantes están los abusos físicos, extorsiones, detenciones arbitrarias y violencia sexual en su paso por México y Guatemala. A eso se le agrega un patrón de desinformación y desprotección estatal.
Un bajo nivel de denuncia responde principalmente a la falta de información sobre sus derechos y sobre instituciones para acudir. Eso, más la falta de confianza. “No tiene sentido, no nos van a creer”, relató una de las personas entrevistadas para el informe de la ONU.
“Se ha identificado un patrón en los tres países relacionado con la falta de autoridades nacionales encargadas de la protección de los refugiados en los puntos fronterizos y en las rutas que utilizan las personas (...) la migración inversa constituye, en gran medida, un retorno forzado de quienes han visto vulnerados de forma reiterada sus derechos humanos. Este fenómeno refleja la ausencia de garantías efectivas por parte de los Estados de destino y tránsito, manifestada en la falta de respuesta oportuna a solicitudes de refugio, la inexistencia de vías seguras de regularización migratoria y la insuficiente atención a las necesidades de protección y prevención frente a la violencia, la discriminación y otras formas de vulnerabilidad ”, se lee en el documento.
Las rutas por Costa Rica, Panamá y Colombia
Para el caso de Costa Rica, el informe detalla que desde el 31 de enero a julio de 2025 se registró un total de 1,480 personas en flujo inverso. Los migrantes han reportado falta de acceso a información clara y dificultades para conseguir el dinero para continuar el viaje.
El paso por ese país también representa para los migrantes condiciones de vulnerabilidad y precariedad, lo que pone en evidencia una grave insuficiencia en la respuesta humanitaria, que requiere atención urgente por parte de las autoridades competentes. Las personas que quedan varadas se ven expuestas a la permanencia en la calle cuando su objetivo es continuar su viaje de retorno lo más pronto posible.
Sobre Panamá, específicamente en la zona de Palenque, la investigación determinó que la población en tránsito destaca por el alto número de familias con niños y niñas. En esta ruta, el 55.2% de personas no cuentan con recursos suficientes para pagar el costo de la lancha que ronda por los 280,00 USD para llegar hasta Colombia. Solo el 38.8% de las personas dijo contar con los recursos para viajar. Esto aumenta las condiciones de precariedad.
“La ausencia institucional representa un vacío importante para la reproducción del crimen organizado, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. De la misma forma, la falta de albergue, acceso a agua y saneamiento, alimentación e infraestructura sanitaria para las personas migrantes, deja a las personas en condiciones de extrema precariedad. Las personas duermen en los balcones y aceras de las casas de ambas comunidades”, se lee.
Colombia es un punto crítico para la migración. El aumento de rutas supera las capacidades locales en zonas costeras y fronterizas. De acuerdo con cifras de Migración Colombia en lo corrido del año 2025 se han identificado 14.422 personas en flujo inverso. La Defensoría del Pueblo de Colombia, en su labor de monitoreo, había ya alertado sobre riesgos presentes en dos rutas de migración inversa durante el año 2025.