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Nadie supo a ciencia cierta dónde estaba Arnold Alexander Rincón. Fueron dos meses de incertidumbre, preguntas sin responder y una ubicación que nadie conocía. Como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), Rincón dedicó sus días a proteger cualquier forma de vida de su territorio. En 22 años, administró los recursos disponibles para financiar las labores de conservación ambiental, movilizó los alfiles de la entidad para proteger manglares en riesgo de desaparecer y trató que las especies que caminan la selva chocoana fueran protegidas a toda costa.
Pero el secuestro pausó su trabajo y la defensa ambiental del territorio. Estuvo más de dos meses retenido por un grupo armado, y, cuando volvió, solo le quedaba agradecer por recuperar una libertad que le fue quitada por intentar cuidar del lugar que intentaba proteger.
“Nos sentimos solos”, fue la conclusión general de los otros directores de las Corporaciones Autónomas del país cuando conocieron que liderar la protección ambiental podía pagarse caro, y en este caso, el precio de esa labor fue el secuestro.
En 30 años, las Corporaciones Autónomas han tenido que enfrentarse a casi todos los problemas existentes para frenar la degradación ambiental en sus territorios. Chocó es solo un ejemplo, donde la violencia y los linderos invisibles impuestos por los grupos armados impiden su labor de conservar y proteger. Pero la falta de recursos o catástrofes ambientales que superan sus capacidades también entran en la baraja de riesgos.
Laboratorio de conservación
Hace unos días se cumplieron tres décadas desde que un pequeño grupo de Corporaciones decidieron unirse para coordinar mejor la defensa de la naturaleza. Era el año 1996 y Colombia recién estaba poniendo en marcha una nueva Constitución y un mecanismo que, en el papel, conjugaría a varios actores para que el cuidado medioambiental fuera uno de los nortes del Estado y sus instituciones.
Experimentos previos mostraban que sí era posible que las regiones de Colombia tuviesen una corporación autónoma, con libre albedrío y con recursos propios para conservar su fauna, flora y cuerpos de agua. Así sucedió en Valle del Cauca, por ejemplo, cuando en la década de los 50 un grupo de ambientalistas y expertos en conservación dieron inicio a la CVC para determinar cuál era la mejor forma de lograr desarrollo económico de la mano con la conservación. O, en otras palabras, hacer lo que estuviera a su alcance para que algunas de las riquezas del territorio, como el río Cauca, los Farallones de Cali o los 35 ecosistemas que hay en su jurisdicción perduraran en el tiempo.
La apuesta era sencilla en el papel, pero en los laberintos del bosque o en algún punto remoto de los parajes rurales se complicaba. La Constitución de 1991 determinó que las Corporaciones tendrían autonomía para cuidar sus propios territorios y que la mejor forma para hacerlo era descentralizar las decisiones desde una oficina en Bogotá hacia los territorios donde había centenares de especies para proteger, pero también funcionarios que conocían cada pulgada de las regiones y, como aliciente, sabían de qué forma preservar esa biodiversidad.
Su director, Marco Antonio Suárez, comenta que en 30 años se ha demostrado que en Colombia sí puede existir un modelo de conservación que muestre resultados y sirva como ejemplo de descentralización: “El desarrollo de un territorio pasa por lo ambiental inequívocamente; pero lo ambiental se soluciona estando en el territorio y no a través de un gobierno central. Las Corporaciones Autónomas Regionales han demostrado que desde las regiones se puede preservar el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Es la única forma de sacar adelante nuestros desafíos ambientales”.
Suárez subraya que en el mundo son pocos los ejemplos de autoridades ambientales autónomas que funcionen como las Corporaciones. En Países Bajos, por ejemplo, las autoridades del agua recorren el territorio para cuidar el recurso y dictaminar cuándo un proyecto o actividad humana, en lugar de traer progreso y réditos económicos, pueden ser nocivos para el recurso hídrico.
En 30 años, por supuesto, muchas cosas han cambiado en su labor. Ni la naturaleza que buscan proteger enfrenta los mismos desafíos, ni el país que las vio nacer continúa funcionando bajo las mismas dinámicas. Pero su trabajo sigue siendo el mismo: intentar a toda costa tener una Colombia biodiversa para el futuro.
Yesid González, director de ASOCARS, la organización que reúne las 33 Corporaciones del país, lo resume así: “Hace 30 años entendimos que proteger el patrimonio natural de Colombia requería unir esfuerzos y fortalecer a quienes trabajan por nuestros territorios. Hoy nuestro mayor desafío es garantizar que las regiones cuenten con la autonomía y las herramientas necesarias para conservar la biodiversidad y proteger el agua y los recursos naturales”.
Los resultados de apostarle a una conservación con autonomía son notables. En los libros de historia de ASOCARS aparecen hitos como la plantación de más de 63 millones de árboles que ayudan a mitigar la contaminación aérea, o a través de sus raíces y ramas dan refugio a millones de especies que asientan su hábitat. Pero también hay otras estadísticas que ilustran los resultados: en los 30 años que ha funcionado ASOCARS, al menos un millón de animales silvestres han sido protegidos o, en casos puntuales, retornados a sus biomas luego de transitar una larga cadena de tráfico ilegal de especies.

En ecosistemas de alta riqueza hídrica, los resultados también han llegado. González explica que más de 29 millones de hectáreas que ven transitar los cauces de ríos, lagunas o humedales han sido protegidos, mientras que miles de metros de corales y manglares han sido restaurados para evitar que la erosión y el cambio climático causen daños irreparables en comunidades humanas.
Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado por el gobierno de Abelardo De la Espriella también aplaude el trabajo de 30 años de luchas de conservación ambiental: “Los retos ambientales no se resuelven desde Bogotá, sino trabajando conjuntamente con las regiones y fortaleciendo su capacidad técnica e institucional que protejan las comunidades y nuestros ecosistemas”.
En varios frentes
La tarea de proteger la biodiversidad ha estado repartida en varios frentes de batalla. El principal es el impacto del cambio climático y consecuencias que tanto en Colombia como en otras latitudes del mundo han empezado a sentirse en la última década. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado a inicios de 2026 mostró que la degradación avanza más rápido que los logros por proteger la naturaleza. El estudio señala que Colombia alberga poco más del 10 % de la biodiversidad del mundo, pero dos de cada tres especies están bajo algún tipo de riesgo.
Pero la mano humana también ha sido sinónimo de degradación ambiental. Olga Lucía Alfonso, directora de la Corporación Autónoma de Tolima, señala que varios de los episodios más nocivos para el territorio que está bajo su jurisdicción han sido ocasionados por grupos armados y el ser humano. Un ejemplo de ello es la minería ilegal que se da en los municipios de Ataco, Chaparral y Coyaima o la nada alentadora secuencia de 65 días continuos de incendios que redujeron 83.000 hectáreas de bosques y tierras productivas a cenizas y suelos inhóspitos.
“Nuestra voluntad de conservación ha existido durante las últimas tres décadas. Pero a veces los problemas superan nuestras propias capacidades de atender lo que sucede en el territorio. Es un llamado a que las Corporaciones Autónomas sean respaldadas para preservar lo que aún permanece en las regiones y restaurar aquello que ya ha sido degradado”, comenta en diálogo con El Espectador. En su departamento, por mencionar un caso, hubo 30 focos de incendios en el lapso de un día.
A las amenazas se suman pocos recursos, las inmensas barreras geográficas que hay entre una ciudad y un ecosistema que debe ser protegido o, como se mencionó al inicio de esta publicación, problemas de seguridad que han vivido los mismos funcionarios de las Corporaciones y que también se han replicado en Arauca, Cundinamarca, Atlántico o Cauca, donde dos funcionarios de la Corporación fueron asesinados en un atentado cometido en abril de este año.
Historia por escribir
Por supuesto, aún quedan muchas tareas por ejecutar. Los directores y los casi 5.000 funcionarios que componen las Corporaciones tienen la tarea de anticiparse a los desastres y frenar la destrucción de los ecosistemas. Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, asegura que hay experiencia aprendida que le ha enseñado a Colombia que la conservación no depende únicamente de las Corporaciones: “La ciudadanía, el sector privado y las entidades públicas también hacen parte de apostarle a tener biodiversidad en el futuro. Nuestra nueva realidad será la de los cambios y tenemos que prepararnos: en Cundinamarca hemos propendido por el cuidado y mostrarle a la ciudadanía que esto es labor de varios protagonistas, porque las riquezas naturales y nuestros ecosistemas nos pertenecen a todos”.
Adriana García, directora de la Corporación Autónoma en Cesar, comenta que parte de la investidura de ser una autoridad ambiental no radica únicamente en sancionar cuando una conducta nociva con la naturaleza ocurre, sino también en mostrarle al país que allí laboran algunas de las personas que más conocen los territorios.
“No ha sido fácil mostrarle a las comunidades las tareas que hacemos; nos confunden con la Policía u organismos de gestión de riesgo. Debemos mostrar más nuestro papel y fortalecer los pilares de la educación ambiental”.
30 años después de que Colombia apostara por un modelo de conservación con autonomía regional, el futuro de sus ecosistemas sigue dependiendo, en buena medida, de la capacidad de estas corporaciones para llegar a los lugares donde la biodiversidad enfrenta sus mayores amenazas. La experiencia acumulada, el conocimiento de los territorios y el trabajo de miles de funcionarios constituyen una base sobre la cual el país puede seguir construyendo respuestas frente a la degradación ambiental. Respaldar a las CAR significa también reconocer que proteger la naturaleza exige presencia institucional, decisiones oportunas y condiciones para que quienes defienden los recursos naturales puedan hacerlo sin poner en riesgo sus vidas.
La historia de estas tres décadas demuestra que conservar no es una tarea que pueda darse por terminada ni una responsabilidad que recaiga exclusivamente en las autoridades ambientales. Es un compromiso colectivo que necesita corporaciones fortalecidas, comunidades involucradas y entidades dispuestas a trabajar en una misma dirección. Colombia tiene en sus regiones buena parte de las respuestas para preservar su riqueza natural; garantizar que las CAR puedan seguir haciendo ese trabajo será determinante para que esa biodiversidad también esté presente en las próximas generaciones.
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fabio(87682)•02 de noviembre de 2026 – 20:57En un correo electrónico le digo que su labor es muy loable (cometí un error de digitación), puesto que pocas personas en Colombia reconocen y apoyan esa difícil labor de autoridad ambiental, que en cierto modo se enfrenta al concepto dominante de desarrollo y que son las CAR las únicas entidades descentralizadas de orden nacional con autonomía administrativa, como herencia de la Constitución del 91.
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Eduardo(34409)•02 de noviembre de 2026 – 14:46Será cierto tanto titular, con tanta corrupción como la hay en esas corporaciones, si son la caja menor de los politiqueros, por favor!!!!!!