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La niñez sigue sufriendo las consecuencias de las decisiones que toman los adultos. Hace unos días se realizó una charla que debatió cómo diseñar respuestas rápidas, oportunas y integrales para que millones de niños y adolescentes en el país no sufran con mayor dureza los estragos de un conflicto armado que colinda con sus veredas en las zonas rurales o, más recientemente, queden sin educación, vivienda o derechos básicos tras ver que un terremoto destruye todo su mundo cercano.
El evento “Los niños en el centro de la acción humanitaria” se desarrolló en Bogotá y contó con la participación de académicos, funcionarios y representantes de organizaciones dedicadas a la protección y garantía de los derechos de la niñez. El objetivo fue discutir cómo lograr respuestas rápidas y articuladas, y cómo garantizar que la atención no termine cuando desaparece la emergencia inmediata.
Representantes de Aldeas Infantiles, World Vision, Unicef y ACNUR hablaron de la atención de niños en contextos de alta vulneración de derechos. También participaron la Universidad Javeriana, la Fundación Plan y representantes de la Defensoría del Pueblo, quienes describieron cómo el Sistema de Alertas Tempranas puede convertirse en una herramienta para identificar riesgos y prevenir crisis humanitarias antes de que sea demasiado tarde.
En el foro, convocado por Aldeas Infantiles SOS, se mencionó que Colombia es un escenario recurrente de emergencias que afectan los derechos de sus ciudadanos y, de manera particular, los de niños y adolescentes. Aldeas Infantiles aseguró que, según un balance preliminar, en el país se presenta una emergencia humanitaria cada dos días. El desplazamiento, los desastres naturales y la migración forzada, dice la ONG, pueden alterar las condiciones en las que crece una generación entera.
El caso de la diáspora venezolana también muestra cómo una emergencia puede poner en riesgo los derechos de los niños. Al menos 2.336 niños oriundos de Venezuela han sido incluidos en programas de atención de derechos, mientras que otros han sido reportados como no acompañados y han requerido medidas de protección en zonas fronterizas como Necoclí, Cúcuta, La Guajira y Arauca.
La academia también puso sobre la mesa una dimensión que suele quedar relegada durante las primeras respuestas: la salud mental. Diana Betancourt, psicóloga y profesora de la Universidad Javeriana, destacó que los efectos de una emergencia pueden profundizarse con el paso del tiempo, sobre todo cuando los niños enfrentan la muerte de familiares, desplazamientos, pérdida de sus espacios cotidianos u otros acontecimientos traumáticos.
“Esta conversación tiene pertinencia y urgencia. Las emergencias irrumpen en sus vidas y alteran de manera abrupta lo que les daba seguridad; por eso debemos mirar las emergencias en un sentido amplio, con enfoque de salud mental prolongado en el tiempo”, comenta Betancourt.
Conversación urgente
La premisa es clara: las consecuencias de una emergencia son diferentes para quienes apenas están atravesando los primeros años de su vida y, en muchas ocasiones, no tienen autonomía plena para decidir cómo proteger su futuro.
En el panel se explicó que aplica a distintos escenarios. Una migración puede dejar a niños separados de sus familias o sin acompañamiento en el país de destino. Un desastre natural puede destruir en cuestión de minutos sus viviendas, escuelas y redes de protección, como ocurrió con el terremoto del 10 de agosto que ha dejado más de 45.000 familias damnificadas. Y un conflicto armado puede llevar al desplazamiento de familias o al reclutamiento de menores de edad por grupos armados que disputan el control territorial.
En el último año, por ejemplo, las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendieron a 77.000 menores de edad en escenarios de emergencia, sumados al reporte de al menos 500 niños reclutados por grupos armados ilegales.
Una guerra, por supuesto, tiene afectaciones sobre poblaciones enteras: restringe la movilidad de las familias, amenaza la integridad de los pobladores y causa daños que alcanzan a comunidades completas. Pero los niños sufren perjuicios particulares que, según Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, pueden prolongarse durante toda la vida.
Las consecuencias también alcanzan otros ámbitos, como la familia y la educación. Las emergencias ponen en riesgo que los niños crezcan en espacios de cuidado y protección o que, debido a la muerte o separación de sus adultos responsables, enfrenten la pérdida de sus redes familiares.
“Una emergencia tarda solo algunos segundos o semanas, pero puede impactar negativamente la vida de los niños. Debemos diseñar una respuesta en la que la acción humanitaria privilegie a los niños. Desde Aldeas Infantiles SOS creemos que la respuesta debe ser la niñez en el centro. En toda situación de emergencia debemos proteger el cuidado familiar para garantizar el bienestar de la niñez”, dice Reyes.
Decálogo por la niñez
El panel reunió varias voces para construir, en los próximos meses, una hoja de ruta que defina cómo debe atenderse a los niños, cuáles son las principales necesidades que enfrentan y de qué manera puede agilizarse la respuesta ante una emergencia. En este punto, comenta Reyes, todas las experiencias y opiniones cuentan. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, tiene décadas de experiencia alertando al Estado sobre la necesidad de prevenir crisis humanitarias o atender cuanto antes a quienes ya fueron afectados por un combate, una inundación o un desplazamiento. Las organizaciones sociales, por su parte, conocen las maneras de atender a la niñez, orientar recursos y procurar que su trabajo contribuya al restablecimiento de sus derechos.
Mientras el documento se construye y recibe nuevas perspectivas, la tarea de brindar respuestas urgentes sigue pendiente, pero también queda otra discusión: entender que atender una emergencia no significa solo responder mientras ocurre, sino acompañar a los niños cuando el desastre, el desplazamiento o el conflicto ya terminó.