Ayer la Superintendencia Nacional de Salud intervino administrativamente la EPS Sanitas, que tiene 5.790.578 afiliados. El superintendente, Luis Carlos Leal, aseguró que “la medida se ordena por un año, y está basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitacion y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.
Menos de 24 horas después, durante la tarde de hoy, se conoció que Nueva EPS, con más de 10.9 millones de afiliados (la más grande del país), también fue intervenida. En una rueda de prensa, Leal aseguró que la decisión se tomó por razones similares a las que llevaron a intervenir Sanitas.
La intervención administrativa significa que la Supersalud designa a un funcionario interventor que reemplaza al gerente de la EPS y asume las funciones de dirección. En el caso de Sanitas, el interventor será Duver Dicson Vargas, quien ya había sido interventor en gobiernos pasados, y por parte de Nueva EPS será Jesús Alberto Rincón Ramírez. Ambos funcionarios ya fueron posesionados.
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Por ahora, las entidades están prestando sus servicios con normalidad, al igual que la entrega de medicamentos.
Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi, la asociación que reúne a los hospitales públicos de Colombia, afirma que si bien la intervención de Sanitas genera preocupación y es una muestra de los problemas estructurales del sistema de salud, “es algo necesario cuando definitivamente no se está garantizando la atención y el derecho a la salud. Lastimosamente, las quejas de Sanitas se habían incrementado de forma importante por la no entrega de medicamentos, por la dilatación de los servicios, lo cual obliga a que la Superintendencia actúe”.
No obstante, agrega Zuluaga, este caso “ratifica la necesidad de una reforma estructural del sistema de salud toda vez que Sanitas, al igual que otros prestadores, no cumplen con indicadores financieros, lo cual también les coloca en riesgo de intervención. El cumplimiento de esos indicadores es lo que permite a una entidad gartantizar el pago a los prestadores”.
Según la directora, hay quejas a nivel nacional de que Sanitas es una de las entidades que no ha realizado el incremento de ley para los mismos servicios que se venían prestando desde el año pasado.
Desde Acemi, la asociación que agremia a las EPS, expresaron en un comunicado su “rechazo por la medida de intervención forzosa para administrar decretada el día de ayer por la Superintendencia Nacional de Salud a nuestra afiliada Sanitas EPS”. Según la Asociación, “la medida se da en medio de la discusión política de la reforma a la salud y su posible hundimiento y a pesar de reiterados y múltiples solicitudes al gobierno nacional para adoptar las acciones requeridas para conjurar la crisis del sector”.
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Acemi es enfática en que la intervención de EPS no responde “a los problemas del sector y amenace con un colapso en la atención de millones de usuarios”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, afirmó en un comunicado que desde hace meses “se hizo un llamado a poner en marcha un plan de salvamento del sector salud que garantizara el correcto funcionamiento de todos sus agentes y la atención de los pacientes, el cual fue repetidamente ignorado por el Ministerio de Salud y la Superintendencia”.
Para esta Asociación “cabe preguntarse ¿Cuáles son las justificaciones en los casos de cada una de las intervenciones? Incluyendo las causas derivadas de la responsabilidad del Estado y la falta de flujo de recursos, así como las mejores capacidades del Estado para cumplir funciones que son otorgadas a las EPS”.
Del lado de la Asociación de Usuarios de Sanitas, su director, Álvaro Molina, afirmó para la W Radio que “la intervención no es para mejorar. Cuatro EPS intervenidas por esta superintendencia demuestran que en el proceso de intervenir, pese a que sean buenos interventores, el deterioro en la prestación aumenta. No es mejorar, es poner en riesgo la vida de los pacientes”.
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Para Molina, la intervención va a aumentar las quejas de los usuarios. Según el director, la Asociación ya ha recibido llamadas por parte de pacientes preocupados por la posible interrupción de tratamientos.
Por otro lado, Jaime Arias, exdirector de Acemi, el gremio de las EPS, y exministro de Salud, afirmó para Caracol Radio que aunque aparentemente la intervención no tendrá impactos en los usuarios “porque en una intervención no se modifican las redes de servicios, más adelante sí se va a ver el impacto, los pacientes van a empezar a ver retardos”. Según Arias, no ha habido casos de éxito, “las intervenciones administrativas terminan en liquidación, no son exitosas porque el gobierno no tiene la experiencia de manejo de EPS. Solo algunas EPS pequeñas se han podido recuperar”.
Luego, tras conocerse la intervención a la Nueva EPS, fue publicado un pronunciamiento por parte de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) en el que manifestaron su preocupación “acerca del futuro de la salud en Colombia”.
Para esta asociación, las intervenciones marcan “un momento crítico” del sistema de salud. María Clara Escobar, su presidente ejecutiva de Afidro, dijo en el comunicado que “estos hechos son una clara muestra de nuestras constantes advertencias sobre el grave problema de desfinanciamiento que enfrenta el sistema de salud. Los recursos actuales son insuficientes para cubrir las necesidades reales de los pacientes, lo que inevitablemente lleva a una crisis como la que estamos presenciando”.
Además, hizo un llamado a que “desde el Gobierno Nacional se tomen medidas concretas y a largo plazo que verdaderamente aseguren la sostenibilidad del sistema”.
Hasta el momento, Nueva EPS no se ha pronunciado sobre la decisión de la Supersalud.
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