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Coosalud EPS, la quinta más grande del país, dio a conocer que recibió el informe final de la auditoría forense que había contratado en agosto del año pasado para revisar a detalle los procesos, registros y transacciones que se han realizado en la EPS. Como resultado, identificaron “matrices de hallazgos con presunta incidencia de carácter administrativo, fiscal y/o penal”.
En otras palabras, esto quiere decir que encontraron posibles problemas o irregularidades que podrían tener consecuencias administrativas, fiscales o incluso penales. Por esto, informaron que pusieron en conocimiento de la Fiscalía los hallazgos que arrojó la auditoría, “actuando bajo el principio de responsabilidad institucional”, escribieron en un comunicado.
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“De esta manera, y haciendo uso del debido proceso, mediante orden de Policía Judicial, se proceda a la extracción de los soportes probatorios que permanecen bajo custodia del auditor forense, con el fin de avanzar en las investigaciones que correspondan”, agregaron.
Coosalud fue la primera EPS de las intervenidas en la actualidad que inició un proceso de este tipo. En ese momento (agosto de 2025), el entonces superintendente nacional, Giovanni Rubiano García, recordó que todas las EPS intervenidas deben adelantar este procedimiento, que, según explicó, “busca garantizar la transparencia y proteger los recursos de la salud”.
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Este tipo de auditorías se emplean en la investigación de delitos financieros o conductas ilegales y puede ser de dos tipos. Uno de ellos es la preventiva, que está orientada a disuadir, prevenir y detectar fraudes; y la otra es la detectiva, la cual busca confirmar la existencia de estos.
En el caso de la auditoria de Coosalud EPS, de acuerdo con la Supersalud, fue suscrita con una alianza conformada por una firma colombiana y otra internacional, pero no detalló el nombre de las empresas.
Cabe recordar además que, el 22 de noviembre de 2024, la Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa contra Coosalud EPS tras detectar deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas. Los resultados, revelados en diciembre, fueron remitidos a la Fiscalía y señalaron un posible riesgo de lavado de activos.
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