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Demoras en la entrega de medicamentos, entregas parciales y aglomeraciones con tiempos de espera de hasta ocho horas, son algunas de las situaciones que evidenció la Defensoría del Pueblo tras hacer un seguimiento a la Nueva EPS. En un informe, el ente de control manifestó que, pese a los esfuerzos administrativos que ha hecho la entidad de salud, aún no se ven reflejados estos resultados en los pacientes.
El seguimiento se hizo entre octubre de 2025 y marzo de 2026. En este periodo se desarrollaron 14 mesas de trabajo con asociaciones de pacientes de alto costo, cuatro mesas de seguimiento a la acción popular de Manizales, una reunión de instalación de la estrategia DIPSA (Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud), una mesa de seguimiento con la Vicepresidencia de Salud de Nueva EPS y dos mesas regionales en Ocaña, Norte de Santander.
En esos espacios, asegura la Defensoría, la EPS presentó planes de estabilización financiera, ajustes en la red de prestadores y estrategias para mejorar la dispensación de medicamentos. Pero, hasta el momento los resultados de esas propuestas no coinciden con “la realidad que enfrentan miles de afiliados(as) en los territorios”, escribió el ente de control.
En el caso de los pacientes de alto costo, el compromiso era alcanzar un 80 % de efectividad en la entrega de medicamentos. Sin embargo, el informe muestra que aún hay persistencia de medicamentos pendientes, entregas parciales de fórmulas, e interrupciones en entrega de insumos complementarios, como pañales y apoyos nutricionales.
“Además, los indicadores presentados por los gestores farmacéuticos no coinciden con los reportes recogidos en territorio, lo que evidencia una brecha entre cifras administrativas y realidad operativa”, mencionó la Defensoría.
(Lea: El mal “timing” para que Nueva EPS reciba más de 2 millones de afiliados nuevos)
En Manizales, donde hay una Auto Interlocutorio, relacionado con una acción popular, todavía hay, aproximadamente, 109.000 medicamentos pendientes. La Defensoría del Pueblo advirtió que la capacidad de atención sigue siendo insuficiente: de una población proyectada de 25.000 usuarios, solo se atienden entre 200 y 300 personas por día, cuando la meta debería estar en 700 atenciones por día.
En los departamentos de Vichada, Guainía, Amazonas, Guaviare y Vaupés —territorios con alta población indígena— el ente de control señaló que persisten barreras estructurales de acceso. “En Vichada, por ejemplo, el 70 % de la población es indígena y se han reportado negaciones de servicios a personas que no figuran en censos oficiales, a pesar de existir lineamientos que ordenan reconocer los censos de autoridades indígenas”, aseguró la Defensoría.
A esto se suma que, en San Andrés, el servicio opera al 70 %, con promesa de reactivación total el 1 de abril próximo. Y, en Ocaña continúan las quejas por autorizaciones represadas y demoras en remisiones a niveles de mayor complejidad.
Ante esta situación, el llamado de la Defensoría es a que las dificultades administrativas, contractuales o financieras no se trasladen a los pacientes ni se conviertan en interrupciones de tratamientos esenciales. “La garantía del derecho a la salud exige resultados concretos, medibles y sostenibles en el territorio”, puntualizó.
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