Los embargos a los que están sometidos, por orden de jueces, billonarios recursos del sistema de salud están cada vez despertando más alerta entre las autoridades.
La última en pronunciarse fue la Superintendencia Nacional de Salud. La entidad le solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que, “en el marco de sus competencias, evalúen posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud y adopten las acciones que consideren pertinentes”.
La Supersalud detalla que, con corte al pasado 22 de enero de 2026, identificó embargos en EPS con medidas de intervención forzosa administrativa que suman más de COP $2,6 billones. De este total, Nueva EPS concentra cerca de COP $2,1 billones, seguida por Coosalud EPS con aproximadamente COP $341 mil millones y Asmet Salud con COP $137 mil millones. También se registran afectaciones en Cajacopi EPS (ahora Proteger EPS, con vigilancia especial) con COP $43 mil millones, y en Emssanar EPS, con alrededor de COP $39 mil millones.
También se identificaron 36 embargos adicionales en EPS sin medidas de intervención administrativa, que suman más de COP $32 mil millones. Se concentran en Mallamas EPS-I, con COP $15.052 millones; Capital Salud EPS, con COP $8.750 millones; Compensar EPS, con COP $7.478 millones; Sanitas, con COP $752 millones y Salud Total EPS, con COP $540 millones. Se evidenció una mayor concentración de estos procesos en Caquetá y Huila, así como en la ciudad de Bogotá, y la participación recurrente de algunos demandantes en múltiples casos.
Para la Supersalud, “la afectación de los recursos del sistema compromete directamente la prestación de los servicios de salud”, porque ese dinero tiene una función específica: pagar consultas, tratamientos, medicamentos y todo lo que necesitan los usuarios. Por eso insiste en que estos recursos tienen una naturaleza especial. No son fondos cualquiera, sino dineros públicos con un destino definido, “esenciales para garantizar la continuidad y oportunidad en la atención”.
Es decir, si se alteran, se rompe el flujo normal del sistema y pueden empezar a aparecer demoras o fallas en la atención. En ese contexto, la Supersalud lanza una advertencia concreta que ve en el panorama: los embargos sobre estos recursos podrían generar una cadena de problemas. Según explica, podrían causar “retrasos en pagos a prestadores”, lo que afectaría a clínicas y hospitales; además de un “aumento de quejas y acciones judiciales”, y “mayores riesgos para la operación de las EPS”. Todo esto, en conjunto, terminaría impactando directamente a los pacientes, ya sea en la atención o en el acceso a tecnologías en salud.
Frente a esto, la entidad reitera que los recursos del sistema “son inembargables y no hacen parte del patrimonio de las EPS”. En otras palabras, no pueden ser usados para cubrir deudas o procesos legales de estas entidades.
Como contamos en el pasado, detrás de los embargos suelen haber peticiones de clínicas u hospitales que buscan que las EPS les paguen deudas pendientes por servicios ya prestados. En muchos casos, ante retrasos prolongados, los prestadores acuden a vías judiciales para intentar recuperar esos recursos. Que estas solicitudes hayan llegado a un juez también sugiere, como reconocía Nueva EPS hace unos meses, que los canales de negociación entre EPS y prestadores están enfrentando dificultades o no están resolviendo los pagos a tiempo.
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺
