El Ministerio de Salud liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo anunció la expedición de la resolución 347 de 2026, mediante la cual se crea la “Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida”. Según la cartera, se trata de “una medida orientada a fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención oportuna de estos casos en el sistema de salud colombiano”.
“Con esta estrategia damos un paso decisivo para que ninguna persona en riesgo quede sin atención. El Código Dorado permitirá activar de manera inmediata al sistema de salud y garantizar una respuesta oportuna, humanizada y sin barreras frente a situaciones de ideación o intento de suicidio”, explicó Jaramillo.
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Además, el Código Dorado incluirá medidas concretas dentro del sistema de salud, como atención prioritaria en servicios de urgencias, hospitalización o consulta externa; tamizajes con instrumentos especializados para identificar riesgo suicida; teleorientación en salud mental a través de canales digitales habilitados por EPS, IPS y entidades territoriales; y el registro obligatorio de los casos en el sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) para hacer seguimiento.
No es la única medida de la estrategia. La resolución también establece una serie de acciones para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Entre ellas están el fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud, la estandarización de protocolos clínicos y comunitarios y la ampliación de mecanismos de detección temprana del riesgo en distintos entornos. Por ejemplo, la estrategia plantea que la identificación de señales de alerta no se limite a los servicios de salud. También se promoverá la detección temprana en espacios como instituciones educativas, entornos laborales, escuelas deportivas y artísticas, comisarías de familia y casas de justicia, entre otros escenarios comunitarios.
El documento también subraya que la prevención de la conducta suicida requiere la participación de distintos sectores más allá del sistema sanitario. Por eso, la estrategia plantea una articulación con áreas como educación, trabajo y justicia, así como con organizaciones sociales, líderes comunitarios y redes de apoyo que puedan ayudar a identificar y acompañar a personas en riesgo.
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Según la nueva norma, las entidades territoriales y los actores del sistema tendrán cinco meses para implementar plenamente estos protocolos y acciones.
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