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La Contraloría General de la República adelanta este jueves una actuación de Policía Judicial en la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de la creciente preocupación institucional por la situación financiera del sistema de salud. La decisión se da, según el ente de control, por la ausencia reiterada de estados financieros de Nueva EPS, lo que ha encendido alertas sobre la transparencia y el estado real del aseguramiento en salud en el país.
El objetivo de esta actuación, aclaró el ente de control en un par de publicaciones en X, es recaudar información que permita establecer con mayor precisión la condición actual del sistema. Los datos recopilados servirán como insumo técnico para evaluar posibles actuaciones fiscales y disciplinarias, conforme a las competencias de la entidad. La Contraloría reiteró que mantiene la vigilancia sobre los recursos públicos destinados a la salud, con el fin de garantizar su adecuada destinación y contribuir al mejoramiento del servicio para los usuarios.
Hay que recordar que la situación de Nueva EPS, la EPS más grande del país con más de 11 millones de usuarios, ha sido una constante preocupación en el sector. La entidad no presenta estados financieros desde hace dos años y tiene millones de facturas de servicios de salud sin procesar. A eso se suma la incertidumbre actual: la intervención terminó el pasado 3 de abril y, hasta ahora, no hay claridad sobre si se renovará ni sobre qué viene para la aseguradora.
En las últimas horas, y en medio de ese panorama, la Procuraduría dio un ultimátum a la Supersalud para entregar información sobre la situación actual de la EPS. La misiva fue enviada por la procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruíz, a la superintendente nacional de Salud, Luz Marina Múnera.
Entre las solicitudes realizadas por la Procuraduría está la de confirmar si se mantienen o no las causales de intervención forzosa por parte del Gobierno. Asimismo, la Procuraduría señaló que la Nueva EPS aún no cumple con la totalidad de las órdenes impartidas: “A pesar de las acciones implementadas por la EPS en las actividades relacionadas con el cierre, certificación, dictamen y el proceso de aprobación de los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024, así como en la estabilización del envío de información regulatoria requerida por la Supersalud”.
Nueva EPS, como lo contamos aquí, afronta desde octubre de 2025 una de las crisis más importantes de su historia. Así lo muestran una serie de datos internos a los que tuvo acceso El Espectador y que son producto de informes de gestión que revelan un deterioro profundo en la prestación de los servicios de salud, las finanzas y la red de atención de la entidad.
Los datos muestran, por ejemplo, que las dificultades para acceder a medicamentos han afectado al 17,5 % de los afiliados de la EPS: entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160 %. La situación ha impactado especialmente a grupos de pacientes críticos. Las cifras señalan que el 91 % de los pacientes trasplantados presentó medicamentos pendientes (es decir, no recibieron los fármacos al momento de solicitarlos o estos no se entregaron), y el 90 % de quienes perdieron un trasplante (46 de 51) tuvo un acceso inadecuado a medicamentos y debió regresar a diálisis.
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