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La Contraloría publicó su más reciente informe sobre el estado financiero de las EPS en Colombia, en el que advierte “una profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del sistema y el acceso efectivo a los servicios para millones de colombianos”.
El ente de control, en una revisión de los estados financieros de las 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, encontró que la deuda acumulada por servicios de salud prestados, pero aún no pagados a la red de salud, asciende a 32,9 billones de pesos. De estos, $24.4 billones corresponden a las EPS intervenidas.
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Para la Contraloría, el monto de esta deuda “muestra una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema”.
En esta misma línea, de las 29 EPS activas en el país, únicamente 6 cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. Sin embargo, estas entidades apenas cubren al 10,92% de los afiliados. El 89 % restante está vinculado a EPS que incumplen uno o más de estos requisitos.
“Ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente”, precisa el ente de Control.
Las intervenciones no han sido eficaces
Una de las principales conclusiones de la Contraloría es que las intervenciones de EPS por parte de la Superintendencia de Salud no han sido eficaces ni para mejorar la calidad en la prestación del servicio, ni para revertir la crisis financiera. “Se advierte que no se han exigido acciones contundentes a los interventores para lograr la estabilidad de las EPS”, indicó la Contraloría, a través de un comunicado.
Vale señalar que de las 29 EPS activas en el país, 9 se encuentran en Procesos de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar, Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar y Medidas Especiales por la Supersalud. En total, las EPS intervenidas concentran 56,65 % de la población asegurada en Colombia.
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En el informe se hace particular énfasis en la situación financiera de la Nueva EPS, que cuenta con más de 11,5 millones de afiliados y cuya intervención se extendió por un año en marzo de 2025. En la auditoria financiera se encontró que la EPS no presentó sus estados financieros certificados para 2023 y 2024 y registra patrimonio negativo, lo que impide determinar su desempeño financiero y su gestión fiscal [...] Su intervención, además, no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país”, sostiene la Contraloría.
Preocupación por el gasto en salud
La Contraloría también se pronunció sobre lo que sigue siendo uno de los temas más álgidos en el sector salud: la Unidad por Pago por Capitación (UPC). En sus análisis financieros se encontró que el dinero entregado por el Estado a las EPS para atención de cada paciente, la UPC, no está siendo suficiente.
A esta conclusión se llegó al calcular la siniestralidad del sistema, que es cuánto le cuesta a la EPS atender a sus afiliados en comparación con lo que recibe por ellos, que fue de 110 %.
Por su parte, también se identificaron riesgos fiscales en el Pago Global Prospectivo (PGP), establecido en el Decreto 441 de 2022 y que es la entrega de una bolsa de recursos a la red de salud para la atención de pacientes, en lugar del pago por evento.
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“Este representa un riesgo fiscal significativo al permitir pagos anticipados sin mecanismos sólidos de control sobre la prestación efectiva de los servicios. Esta medida progresiva debilita la discusión del sector en torno a la suficiencia de los recursos dispuestos para la UPC”, indica la Contraloría.
Por otra parte, el ente de control también encendió la alarmas sobre las deudas a los gestores farmacéuticos. Con corte, a 31 de diciembre de 2024, se registraron deudas por $2,8 billones y se identificó que estos saldos corresponden aproximadamente al 15% del costo médico para ese año.
“Durante 2024, la deuda a los operadores farmacéuticos aumento en $1.43 billones respecto a la vigencia anterior (2023), la cual presentaba un saldo inicial de $1.43 billones. Preocupa a la Contraloría, en el marco de este informe, que la deuda acumulada sea el argumento en la barrera de suministro de medicamentos a los usuarios, reflejándose en un aumento importante de las PQR”, se lee en informe.
Preciosamente, otro de los puntos sobre los que alerta el ente de control es el aumento “alarmante” de las PQR y tutelas. “Las PQR aumentaron en un 23,2 %, pasando de 1.3 millones en 2023 a más de 1.6 millones en 2024. El 91 % se relaciona con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. La Nueva EPS concentró el 22% del total”, indica la Contraloría.
Con este panorama, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, resaltó que “no se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo, si no se toman decisiones estructurales y urgentes” por lo que se deben buscar manera y mecanismos para mejorar la atención en el sistema.
Puede leer acá el informe completo:
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