De la impunidad a la mala gestión del gobierno en Saludcoop
El Fiscalía citó al expresidente Carlos Palacino por desvío de recursos de la salud. No obstante, cuando el Gobierno asumió el manejo de la EPS el desgreño administrativo fue total.
El Espectador.com
Después de dormir el sueño de los justos por cerca de cinco años, con la llegada de Néstor Humberto Martínez la Fiscalía, fue llamado a indagatoria al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino, quien fue denunciado por la apropiación de $1.4 billones de la salud. Palacino era muy cercano al exfiscal Eduardo Montealegre y durante los cuatro años que estuvo en este cargo el caso no avanzó. (Lea: El caso Saludcoop por fin avanza en la Fiscalía)
Las razones son públicas y así las ratificó el senador Jorge Robledo en un debate en el Congreso. Montealegre había sido abogado de Palacino y fue quien le dio un concepto jurídico con “tesis sofisticadas” para que las inversiones en infraestructura fueran validadas como gastos en salud. Es decir, la plata que debía ser para atención médica se gastó, amparados en este concepto, en compra de clínicas, hospitales e infraestructura.
La relación entre Palacino y Montealegre era conocida y los avances fueron pocos. La investigación quedó en manos de funcionario muy cercanos al exfiscal. De este modo, era fácil saber qué pasaba con este expediente, con el que finalmente no pasó nada.
El investigador del escándalo Saludcoop era Jorge Rojas, quien era apoyado por Federico Ospina, los dos, junto al exfiscal, fueron compañeros de universidad. La coincidencia es que los tres son amigos desde que estudiaban derecho. En síntesis, uno de los casos en los que Montealegre se declaraba impedido, era manejado por fiscales que eran amigos personales.
Ese círculo cercano a Montealegre tuvo importantes ascensos. Rosalba Patricia Jiménez, esposa de Jorge Rojas, pasó de fiscal delegada ante tribunal y enviada en comisión a la subdirección de Bienes.
El Gobierno
El escándalo de la desviación de recursos generó que el Gobierno interviniera Saludcoop y la cura resultó peor que la enfermedad. Gastos a manos llenas, mala atención, deterioro de la red de servicios, contratos costosos entregados a dedo y hasta remodelaciones millonarias en la oficina del interventor Guillermo Grosso. (Lea: Cafesalud, en cuidados intensivos por corrupción)
Todo esto sucedió ante la mirada impávida de la Superintendencia de Salud, que aunque fue advertida de los malos manejos y los contratos onerosos, no emitía sanciones o decisiones al respecto.
El senador Jorge Iván Ospina hizo una radiografía de la intervención. Los hallazgos de su investigación fueron impresionantes. Incrementaron el número de afiliados a esta EPS sin contar con la infraestructura para brindar una buena atención. Entonces funcionaban como una captadora de dinero proveniente del pago que da el Estado por cada afiliado, pero sin garantizar servicio.
A juicio del senador Ospina la empresa sufrió una clara burocratización. Los gastos administración subieron de $176 mil millones a $338 mil millones, entre 2014 y 2015. Un aumento del 91% en puestos de trabajo y primas innecesarios. Lo más grave es que de acuerdo con los reportes de la misma Saludcoop la mayor parte de ese aumento, de más de $150 mil millones, fue en honorarios, primas y beneficios no contemplados por la ley. Es decir, se entregaron a dedo. (Lea: ¿Quién quebró realmente a Saludcoop?)
Esa creación de puestos, señalan, tenía como fin pagar los favores de políticos quienes respaldaban Grosso como interventor y que además lo apoyaron para que posteriormente fuera nombrado director de Cafesalud, empresa que asumió los pacientes que salieron de la liquidada Saludcoop. No se trata de una partida pequeña, según los balances el incremento de puestos de trabajo significó $17 mil millones.
La lista es larga: $500 millones en carros blindados para directivos y familiares de Guillermo Grosso, $1.360 en honorarios para abogados que solo llevaban dos procesos, $400 millones en la fiesta de fin de año, $220 millones en talleres de motivación para empleados, $800 millones en remodelación de la oficina y los viáticos aumentaron el 60%.
Al mismo tiempo se multiplicaban las tutelas por mala atención, las quejas por mala atención pasaron de 3.000 a 6.500. Las citas médicas que deben ser prioridad, como las de las mujeres embarazadas, pasaron de asignarse en un tiempo de 6 días a 14. Las de pediatría de 7 días a 14. De este modo, los cerca de $290 mil millones que recibía Saludcoop mensualmente no resultaban suficiente.
Después de dormir el sueño de los justos por cerca de cinco años, con la llegada de Néstor Humberto Martínez la Fiscalía, fue llamado a indagatoria al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino, quien fue denunciado por la apropiación de $1.4 billones de la salud. Palacino era muy cercano al exfiscal Eduardo Montealegre y durante los cuatro años que estuvo en este cargo el caso no avanzó. (Lea: El caso Saludcoop por fin avanza en la Fiscalía)
Las razones son públicas y así las ratificó el senador Jorge Robledo en un debate en el Congreso. Montealegre había sido abogado de Palacino y fue quien le dio un concepto jurídico con “tesis sofisticadas” para que las inversiones en infraestructura fueran validadas como gastos en salud. Es decir, la plata que debía ser para atención médica se gastó, amparados en este concepto, en compra de clínicas, hospitales e infraestructura.
La relación entre Palacino y Montealegre era conocida y los avances fueron pocos. La investigación quedó en manos de funcionario muy cercanos al exfiscal. De este modo, era fácil saber qué pasaba con este expediente, con el que finalmente no pasó nada.
El investigador del escándalo Saludcoop era Jorge Rojas, quien era apoyado por Federico Ospina, los dos, junto al exfiscal, fueron compañeros de universidad. La coincidencia es que los tres son amigos desde que estudiaban derecho. En síntesis, uno de los casos en los que Montealegre se declaraba impedido, era manejado por fiscales que eran amigos personales.
Ese círculo cercano a Montealegre tuvo importantes ascensos. Rosalba Patricia Jiménez, esposa de Jorge Rojas, pasó de fiscal delegada ante tribunal y enviada en comisión a la subdirección de Bienes.
El Gobierno
El escándalo de la desviación de recursos generó que el Gobierno interviniera Saludcoop y la cura resultó peor que la enfermedad. Gastos a manos llenas, mala atención, deterioro de la red de servicios, contratos costosos entregados a dedo y hasta remodelaciones millonarias en la oficina del interventor Guillermo Grosso. (Lea: Cafesalud, en cuidados intensivos por corrupción)
Todo esto sucedió ante la mirada impávida de la Superintendencia de Salud, que aunque fue advertida de los malos manejos y los contratos onerosos, no emitía sanciones o decisiones al respecto.
El senador Jorge Iván Ospina hizo una radiografía de la intervención. Los hallazgos de su investigación fueron impresionantes. Incrementaron el número de afiliados a esta EPS sin contar con la infraestructura para brindar una buena atención. Entonces funcionaban como una captadora de dinero proveniente del pago que da el Estado por cada afiliado, pero sin garantizar servicio.
A juicio del senador Ospina la empresa sufrió una clara burocratización. Los gastos administración subieron de $176 mil millones a $338 mil millones, entre 2014 y 2015. Un aumento del 91% en puestos de trabajo y primas innecesarios. Lo más grave es que de acuerdo con los reportes de la misma Saludcoop la mayor parte de ese aumento, de más de $150 mil millones, fue en honorarios, primas y beneficios no contemplados por la ley. Es decir, se entregaron a dedo. (Lea: ¿Quién quebró realmente a Saludcoop?)
Esa creación de puestos, señalan, tenía como fin pagar los favores de políticos quienes respaldaban Grosso como interventor y que además lo apoyaron para que posteriormente fuera nombrado director de Cafesalud, empresa que asumió los pacientes que salieron de la liquidada Saludcoop. No se trata de una partida pequeña, según los balances el incremento de puestos de trabajo significó $17 mil millones.
La lista es larga: $500 millones en carros blindados para directivos y familiares de Guillermo Grosso, $1.360 en honorarios para abogados que solo llevaban dos procesos, $400 millones en la fiesta de fin de año, $220 millones en talleres de motivación para empleados, $800 millones en remodelación de la oficina y los viáticos aumentaron el 60%.
Al mismo tiempo se multiplicaban las tutelas por mala atención, las quejas por mala atención pasaron de 3.000 a 6.500. Las citas médicas que deben ser prioridad, como las de las mujeres embarazadas, pasaron de asignarse en un tiempo de 6 días a 14. Las de pediatría de 7 días a 14. De este modo, los cerca de $290 mil millones que recibía Saludcoop mensualmente no resultaban suficiente.