Defensoría del Pueblo alerta por quejas contra EPS Emssanar y Asmet Salud

Defensor del Pueblo.

Esta semana, la Defensoría del Pueblo hizo una advertencia a las EPS Emssanar y Asmet Salud, para que mejoren sus servicios y resuelvan las quejas de los pacientes. Ambas EPS ya han enfrentado llamados de atención por parte de la Superintendencia de Salud y la Contraloría General de la Nación.

“Es hora de mejorar los indicadores, de resolver las quejas, de garantizar una red que permita a los afiliados acceder a los servicios y satisfacer sus derechos. No esperen a que se presenten tutelas, no esperen a que la Superintendencia, las secretarías de salud, las personerías o la Defensoría del Pueblo actuemos”, dijo a las EPS Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Aunque afirmó que la Superintendencia ya ha tomado medidas, advirtió que, si esas no bastan “lo que seguiría es ordenar su liquidación, lo cual pondría en alto riesgo a sus afiliados, trabajadores y acreedores”. Por eso, el llamado de la Defensoría, como lo expresó en un comunicado, es que las dos EPS asuman “su rol como verdaderos garantes de los derechos de los afiliados”. (También puede leer: Minsalud vs. EPS indígenas de La Guajira)

Durante este 2023, la Defensoría del Pueblo recibió 944 quejas en contra de Emssanar y 888 en contra de Asmet Salud. Además de estas cifras, algo “sumamente preocupante”, resaltó la entidad, es que el número de tutelas de ambas EPS aumentó con respecto al año pasado.

Las quejas contra Asmet Salud, por ejemplo, aumentaron un 171 % en marzo, en comparación al mismo mes en 2022; en 82 % en abril; 124 % en mayo; y 131 % en junio. En el caso de Emssanar, por su parte, las tutelas en abril aumentaron en un 28 %; y en mayo, 5,13 %. En junio, en cambio, disminuyeron un 25 %.

Solo en inicios de agosto, la Contraloría había encontrado irregularidades por $28.570 millones en la gestión de la EPS Emssanar. Algunas deficiencias corresponden a pagos de intereses por créditos bancarios con entidades financieras, lo cual no está contemplado en la regulación especial del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). (Le puede interesar: Decreto para reabrir los mataderos municipales en el país ya está listo: Minsalud)

También se encontraron pagos que no tienen que ver con la prestación de servicios de salud y se hicieron descuentos de recursos pagados sin justa causa, algo que la Contraloría relaciona con la falta de actualización de información de afiliados de la EPS.

Con corte a 31 diciembre de 2021 en los reportes financieros, la EPS registra “atrasos significativos” en el pago de los servicios de salud contratados con la red prestadora de servicios. Las cuentas por pagar, que se encuentran en el rango entre 181 a 360 días y más de un año, alcanzan los $90.896.002.120, es decir, el 59 % del total del pago que se encuentra en mora por $155.348.205.022.

Por su parte, hace unos meses, la Supersalud había ordenado la intervención de Asmet Salud por “reiteradas” fallas. A partir de esa intervención, se determinó que la Superintendencia administraría la EPS por un año “debido a las reiteradas fallas en la atención que ponen en riesgo la salud de los usuarios, así como por la crítica situación financiera de esta entidad promotora que tiene 2.027.382 afiliados en 12 departamentos del país”, indicó la Supersalud a través de un comunicado.

Asmet Salud cuenta con afiliados en Bogotá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. En el régimen contributivo, tiene aproximadamente 90.000 afiliados, mientras que más o menos 1.900.000 pertenecen al régimen subsidiado. (Puede leer: Muere Fernando Suárez Obando, reconocido genetista colombiano)

Según la Defensoría del Pueblo, la problemática con Asmet Salud tiene que ver particularmente con la obtención de citas con especialistas, entrega de medicamentos y realización de exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas. Por otro lado, a pesar de que las cifras de Emssanar “muestran mejoría”, deben seguir haciendo mejores en la prestación del servicio.

“Si las medidas de intervención no cumplen su fin último, o si el remedio es, a la larga, peor que la enfermedad, la autoridad administrativa debe reevaluar lo que está sucediendo y usar su función discrecional para defender y proteger el derecho fundamental a la salud del afiliado”, concluyó Camargo, defensor del Pueblo.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺