La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación frente a los recientes anuncios de suspensiones de servicios de salud y de dispensación de medicamentos. Por un lado, la entidad se refirió a las decisiones del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso de suspender sus servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026.
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Las instituciones habrían tomado la determinación debido a causas administrativas y financieras en común, como la mora, fallas en plataformas de radicación e incumplimiento de pagos por parte de Nueva EPS.
Por otro lado, la Defensoría mencionó el cierre definitivo en el país del servicio de dispensación de medicamentos por parte de Colsubsidio para los afiliados de Nueva EPS. “Se indica que la continuidad de los tratamientos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos será asumida por la EPS, sin que se precise información clara, oportuna y verificable sobre las rutas de transición, los puntos alternos de dispensación ni los mecanismos para garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes”, advirtió el órgano.
Es por ello que la Defensoría pidió al Ministerio de Salud, entre otras entidades, informar, por territorio, las rutas oficiales de contacto para la atención y gestión de casos de cada una de las EPS intervenidas. También instó a remitir la documentación, programación, planes de visita y resultados del plan de choque actual, en cuánto a acceso y disponibilidad de medicamentos, de la Superintendencia Nacional de Salud.
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La Defensoría solicitó “implementar y remitir un informe individual por cada EPS que contenga el detalle de los pagos efectuados por concepto de reembolso de gasto de bolsillo por medicamentos prescritos y no entregados”.
Además, pidió a las EPS intervenidas y a los gestores farmacéuticos informar los planes de contingencia disponibles para evitar la interrupción abrupta en la prestación de servicios y en la entrega de medicamentos.
“Estas acciones son fundamentales para responder de manera oportuna a las necesidades de los usuarios, fortalecer los canales de trabajo conjunto y asegurar el cumplimiento del derecho fundamental a la salud en cada territorio”, subrayó.
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