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La red pública hospitalaria de Risaralda decidió suspender, a partir del 16 de enero, la atención a los usuarios de la Nueva EPS, Asmet Salud y Pijao Salud. La principal razón, según argumentan, es el reiterado incumplimiento de estas entidades con los acuerdos de pago.
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De acuerdo con Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de ACESI, esta falta de recursos se ha reflejado en las dificultades para la remisión de pacientes, especialmente en servicios de baja complejidad, salud mental y oncología. “Esto se debe a la ausencia de una red funcional en el departamento”, explicó.
La medida, en la que solo se garantizarán los servicios de urgencias vitales, afecta a cerca de 400.000 usuarios afiliados a estas EPS, que, de acuerdo con los gerentes de los hospitales del departamento, mantienen una deuda con la red pública que supera los COP 400.000 millones.
La situación más crítica, añadieron los gerentes, es de la Nueva EPS, que adeuda COP 54.000 millones del total. Le siguen Asmet Salud, con una deuda de COP 37.000 millones, y Pijao Salud, con COP 27.000 millones.
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A este panorama, dijo Zuluaga, se le suma las dificultades que han presentado con los proveedores de estas instituciones, quienes “ya no quieren despachar insumos y medicamentos por la cartera tan alta que tienen con ellos”.
Además, en algunos hospitales de varios municipios, la contratación del talento humano solo está garantizada hasta junio, lo que agudiza aún más la situación.
La red pública hospitalaria del departamento está conformada por el Hospital Universitario San Jorge, de tercer nivel; los hospitales Homerís, Santa Mónica de Dosquebradas y San Pedro y San Pablo de La Virginia, de segundo nivel; y los hospitales municipales de primer nivel.
Sobre la situación también se pronunció Javier Alejandro Gaviria, gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, quien expresó su preocupación. A sus ojos, “tarde o temprano vamos a llegar a un momento en el que colapse todo y no vamos a tener cómo prestar los servicios a las personas usuarias”.
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