El cementerio de las familias colombianas

Adela Guzmán va a cumplir veinticinco años viendo cómo las familias colombianas colapsan e intentando interrumpir los círculos autodestructivos que inician las personas cuando algo sale mal en su hogar. La violencia no ha dejado de sorprenderla, pese a ser la primera comisaria de familia del país. (Lea 'Chequeo mental a Colombia')

“Eran diecisiete páginas de correos electrónicos donde no había ni una sola buena palabra —dice, recordando un caso reciente—. ‘Perra’, ‘hijueputa’, ‘la voy a matar’, ‘le voy a hacer tal cosa’... Uno no ve admisible que personas con educación tan elevada —se trataba de una pareja adinerada— puedan agredirse de esa manera”. (Lea la primera entrega de este especial: 'Tenemos que hablar de Horacio')

Pero lo hacen, al igual que las familias de todos los estratos sociales a lo largo y ancho del país. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM), adelantada por la Universidad Javeriana y el Ministerio de Salud, los colombianos, adultos y menores, sufren cuando algo ocurre en sus familias. Los problemas de pareja y la ausencia de algún padre biológico durante la etapa de formación son detonantes para alguna afectación de la salud mental. Después del conflicto armado, la violencia intrafamiliar es la causa más común de alteraciones. Cada vez son más las personas que crecen en hogares reconfigurados, o quebrados, y que son víctimas de abusos por parte de las personas más cercanas.

Quienes trabajan en las Comisarías de Familia y en los Juzgados de Familia se han convertido, en esa guerra que se está librando a puertas cerradas, en la última línea de defensa del ideal de las familias, en los protectores de las víctimas y, cuando no hay de otra, en los patólogos de las relaciones antes de su entierro. Esta es la historia de un país profundamente alterado. (Vea también Colombianos, ¿programados para ser indolentes?)

A falta de cordura, abogados

Son varios los caminos que llevan a las familias a los juzgados. Cuando se trata de una pareja casada, inician un proceso de disolución de sociedad conyugal para repartirse los bienes. En algunas situaciones, también se tasa una mensualidad para la parte que, por la separación, quede en una condición económica precaria. Si no eran casados, pero convivieron por más de dos años, inician un proceso para que se declare que existió una unión de hecho y, acto seguido, para que se disuelva, con la respectiva repartición del patrimonio que hayan hecho juntos. Cuando hay hijos de por medio se debe definir la custodia, un régimen de visitas (cuándo van a ver al otro pariente y con quién van a pasar fechas como el cumpleaños y la Navidad) y la cuota alimentaria (cuánto va a pagar mensualmente el padre o la madre ausente para colaborar con la alimentación, vestimenta, educación y entretención de los menores). En esa última se dan las peleas más mezquinas.

Francisco Niño, juez del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander), cuenta el caso de una niña de dos años con microcefalia. Carlos, el padre, vivía en Panamá, y la madre lo demandó para que le diera una cuota alimentaria de un salario mínimo. Carlos prefirió pagar una abogada, en una tasa mucho mayor a una eventual cuota, que ayudar a la menor. “Es común encontrarse con papás que prefieren renunciar a sus trabajos que cederles parte de su salario a sus hijos —cuenta Niño—. La mayoría de los que fallan son los hombres, pero también hay mujeres”. La información de la ENSM lo respalda: en Colombia, sólo el 58,1 % de los padres biológicos contribuyen con los gastos de los niños, mientras que el 79,7% de las madres lo hacen.

La situación actual es la siguiente: el 48,5 % de los menores colombianos entre siete y once años no viven con uno de sus padres biológicos. Dentro de ese grupo, en el 59,8 % de los casos quien falta es el papá, y la mamá en el 27,4 %. Para el 12,4 % restante no están ni el papá ni la mamá. Algo tal vez aún más diciente de las relaciones rotas es que el 31,5 % de los menores no tienen ninguna comunicación con su padre biológico, y sólo el 1,2 % no la tiene con su madre.

“Hay una gran falta de corresponsabilidad”, dice Guzmán. En los casos de cuota alimentaria, las Comisarías de Familia son un paso obligado por la ley. Allí se debe intentar dar solución a la situación en una audiencia de conciliación, mediada por la comisaria o el comisario de turno, con la esperanza de que se llegue a un acuerdo.

Pero la realidad es otra. “La mayoría de personas que asisten vienen en un estado emocional que los hace muy agresivos —cuenta Guzmán—. Como han abandonado las obligaciones como padres, económicas y afectivas, no encuentran forma de solucionar el problema pacíficamente”.

Las audiencias se vuelven discusiones con el objetivo de que alguno de los dos sea decretado “ganador”. Los hijos se convierten en un instrumento de conquista y manipulación. Las heridas sentimentales son utilizadas para obtener un triunfo que se representa en dinero. Pero todos pierden.

En Leticia (Amazonas), por ejemplo, la Comisaría de Familia suple varios vacíos institucionales: al no haber otro centro de conciliación, y ante la pobreza de la población, incluyendo la indígena, el comisario tiene que solucionar muchos problemas. Los familiares, sin embargo, siguen los mismos patrones. Jerónimo Rincón Rodríguez, comisario desde hace cuatro años, dice que “muchos de los casos se deben a que, dado que no hubo noviazgo en la pareja, sino que los forzaron a convivir, eso termina en violencia. Lo más común es que el padre se aproveche de que la mujer no tiene suficientes ingresos para manipularla, o simplemente para no cumplir. Y hay mucha infidelidad”.

Rincón cuenta un caso que bien puede representar el abanico de problemas que llegan a su oficina: ambos pertenecían a una comunidad indígena en una región muy apartada y ambos se habían sido infieles. La señora, madre de seis hijos, le pedía a él que respondiera por la cuota alimentaria, pero él se negaba y además la golpeaba. Después de meses de trabajo, que involucraron la participación de la Fiscalía, pues la violencia era grave, la señora terminó en un albergue de paso. Cuando el problema parecía superado, sin embargo, la señora regresó a vivir con su esposo.

En nombre de la familia

Al momento de hacer una audiencia de conciliación, los comisarios y los jueces de familia tienen la obligación de intentar persuadir a las partes de llegar a un acuerdo y, en ese proceso, se convierten en la voz de la conciencia dentro del caos.

“Uno de los argumentos es hacerlos reflexionar, hacerlos ver que cuando concilian unos alimentos tienen que despojarse de toda la rabia que tienen en su corazón el uno del otro, para ver que esa niña o niño no es culpable ni merece ser utilizada como instrumento de conquista”, dice Guzmán. “La clave está en hacerles ver que todo lo que hacen por sus niños es por ellos”.

Aunque no siempre funciona. “Toca hacer mucha presión —dice Niño—. Sí, les hablo de los niños, de la parte humana, pero muchas veces toca amenazar hablando de los problemas que les trae no cumplir con la ley”.

Rincón concuerda: “Yo trato de que la gente entienda que ellos, como padre y madre, son los responsables de sus hijos y de la familia, y de recordarles que si las cosas no van a funcionar como pareja, al menos deben funcionar como familia”.

Pero muchas veces es una lucha en vano. Después de hablar con comisarios y jueces de Pasto, Manizales, Riohacha, Cúcuta, Leticia, Bogotá y Cali, todos comparten el mismo cansancio, resumido por Niño: “Al ver que personas de todos los niveles de la sociedad se comportan tan mal, con tanto rencor, es imposible no quedar con un mal sabor de boca” sobre el futuro de las familias colombianas.

Todos, también, tienen historias aún peores cuando se trata de violencia intrafamiliar.

El dolor no se queda en casa

Una niña de once años fue violada en su casa y, cuando llegó al hospital, fue violada de nuevo por un empleado del centro de salud. Una mamá ponía a sus tres hijas, de siete, nueve y once años, a disposición de su padrastro para que las violara. Otra mujer llevaba más de un año siendo golpeada y humillada por su pareja. Hombres maltratados, manipulados. Nadie se salva, y los comisarios tienen que entrar a lidiar con las personas en esos espacios.

Según datos de Medicina Legal, en Colombia hay una tasa de 144,8 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes. Cuando no se quedan en la impunidad silenciosa detrás de las puertas de los hogares, son los comisarios los que se ven forzados a intervenir. Pero esos espacios también se convierten en competencias por imponer una posición. Lo dijo Rincón: “Ganar es obtener una sentencia o un fallo de acuerdo a lo que ellos quieren, y no es en ganar en tanto a que todos salgan beneficiados. Siempre buscan que el juez les dé la razón”. El cinismo es inevitable.

La lucha diaria por responder a la violencia se hace con las uñas. Guzmán celebra que “ahora en las comisarías hay equipos interdisciplinarios” que incluyen abogados, sicólogos y digitadores. Pero ese no es el caso en todo el país, donde en ocasiones, como en Leticia, la labor depende de la buena voluntad de unos cuantos funcionarios abrumados de trabajo.

Rescatando familias

Pese a que el panorama suele ser desolador, todos los entrevistados demostraron esperanza en lo que hacen y una visión positiva —aunque sobria— del futuro de las familias colombianas. Guzmán dijo que “a través del trabajo de las Comisarías se intenta construir positivamente, y es muy satisfactorio cuando llega una persona y agradece, o me dice: ‘Gracias, usted salvó mi vida, yo había pensado en suicidarme’”.

Adela Guzmán va a cumplir veinticinco años viendo cómo las familias colombianas colapsan e intentando interrumpir los círculos autodestructivos que inician las personas cuando algo sale mal en su hogar. La violencia no ha dejado de sorprenderla, pese a ser la primera comisaria de familia del país. (Lea 'Chequeo mental a Colombia')

“Eran diecisiete páginas de correos electrónicos donde no había ni una sola buena palabra —dice, recordando un caso reciente—. ‘Perra’, ‘hijueputa’, ‘la voy a matar’, ‘le voy a hacer tal cosa’... Uno no ve admisible que personas con educación tan elevada —se trataba de una pareja adinerada— puedan agredirse de esa manera”. (Lea la primera entrega de este especial: 'Tenemos que hablar de Horacio')

Pero lo hacen, al igual que las familias de todos los estratos sociales a lo largo y ancho del país. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM), adelantada por la Universidad Javeriana y el Ministerio de Salud, los colombianos, adultos y menores, sufren cuando algo ocurre en sus familias. Los problemas de pareja y la ausencia de algún padre biológico durante la etapa de formación son detonantes para alguna afectación de la salud mental. Después del conflicto armado, la violencia intrafamiliar es la causa más común de alteraciones. Cada vez son más las personas que crecen en hogares reconfigurados, o quebrados, y que son víctimas de abusos por parte de las personas más cercanas.

Quienes trabajan en las Comisarías de Familia y en los Juzgados de Familia se han convertido, en esa guerra que se está librando a puertas cerradas, en la última línea de defensa del ideal de las familias, en los protectores de las víctimas y, cuando no hay de otra, en los patólogos de las relaciones antes de su entierro. Esta es la historia de un país profundamente alterado. (Vea también Colombianos, ¿programados para ser indolentes?)

A falta de cordura, abogados

Son varios los caminos que llevan a las familias a los juzgados. Cuando se trata de una pareja casada, inician un proceso de disolución de sociedad conyugal para repartirse los bienes. En algunas situaciones, también se tasa una mensualidad para la parte que, por la separación, quede en una condición económica precaria. Si no eran casados, pero convivieron por más de dos años, inician un proceso para que se declare que existió una unión de hecho y, acto seguido, para que se disuelva, con la respectiva repartición del patrimonio que hayan hecho juntos. Cuando hay hijos de por medio se debe definir la custodia, un régimen de visitas (cuándo van a ver al otro pariente y con quién van a pasar fechas como el cumpleaños y la Navidad) y la cuota alimentaria (cuánto va a pagar mensualmente el padre o la madre ausente para colaborar con la alimentación, vestimenta, educación y entretención de los menores). En esa última se dan las peleas más mezquinas.

Francisco Niño, juez del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander), cuenta el caso de una niña de dos años con microcefalia. Carlos, el padre, vivía en Panamá, y la madre lo demandó para que le diera una cuota alimentaria de un salario mínimo. Carlos prefirió pagar una abogada, en una tasa mucho mayor a una eventual cuota, que ayudar a la menor. “Es común encontrarse con papás que prefieren renunciar a sus trabajos que cederles parte de su salario a sus hijos —cuenta Niño—. La mayoría de los que fallan son los hombres, pero también hay mujeres”. La información de la ENSM lo respalda: en Colombia, sólo el 58,1 % de los padres biológicos contribuyen con los gastos de los niños, mientras que el 79,7% de las madres lo hacen.

La situación actual es la siguiente: el 48,5 % de los menores colombianos entre siete y once años no viven con uno de sus padres biológicos. Dentro de ese grupo, en el 59,8 % de los casos quien falta es el papá, y la mamá en el 27,4 %. Para el 12,4 % restante no están ni el papá ni la mamá. Algo tal vez aún más diciente de las relaciones rotas es que el 31,5 % de los menores no tienen ninguna comunicación con su padre biológico, y sólo el 1,2 % no la tiene con su madre.

“Hay una gran falta de corresponsabilidad”, dice Guzmán. En los casos de cuota alimentaria, las Comisarías de Familia son un paso obligado por la ley. Allí se debe intentar dar solución a la situación en una audiencia de conciliación, mediada por la comisaria o el comisario de turno, con la esperanza de que se llegue a un acuerdo.

Pero la realidad es otra. “La mayoría de personas que asisten vienen en un estado emocional que los hace muy agresivos —cuenta Guzmán—. Como han abandonado las obligaciones como padres, económicas y afectivas, no encuentran forma de solucionar el problema pacíficamente”.

Las audiencias se vuelven discusiones con el objetivo de que alguno de los dos sea decretado “ganador”. Los hijos se convierten en un instrumento de conquista y manipulación. Las heridas sentimentales son utilizadas para obtener un triunfo que se representa en dinero. Pero todos pierden.

En Leticia (Amazonas), por ejemplo, la Comisaría de Familia suple varios vacíos institucionales: al no haber otro centro de conciliación, y ante la pobreza de la población, incluyendo la indígena, el comisario tiene que solucionar muchos problemas. Los familiares, sin embargo, siguen los mismos patrones. Jerónimo Rincón Rodríguez, comisario desde hace cuatro años, dice que “muchos de los casos se deben a que, dado que no hubo noviazgo en la pareja, sino que los forzaron a convivir, eso termina en violencia. Lo más común es que el padre se aproveche de que la mujer no tiene suficientes ingresos para manipularla, o simplemente para no cumplir. Y hay mucha infidelidad”.

Rincón cuenta un caso que bien puede representar el abanico de problemas que llegan a su oficina: ambos pertenecían a una comunidad indígena en una región muy apartada y ambos se habían sido infieles. La señora, madre de seis hijos, le pedía a él que respondiera por la cuota alimentaria, pero él se negaba y además la golpeaba. Después de meses de trabajo, que involucraron la participación de la Fiscalía, pues la violencia era grave, la señora terminó en un albergue de paso. Cuando el problema parecía superado, sin embargo, la señora regresó a vivir con su esposo.

En nombre de la familia

Al momento de hacer una audiencia de conciliación, los comisarios y los jueces de familia tienen la obligación de intentar persuadir a las partes de llegar a un acuerdo y, en ese proceso, se convierten en la voz de la conciencia dentro del caos.

“Uno de los argumentos es hacerlos reflexionar, hacerlos ver que cuando concilian unos alimentos tienen que despojarse de toda la rabia que tienen en su corazón el uno del otro, para ver que esa niña o niño no es culpable ni merece ser utilizada como instrumento de conquista”, dice Guzmán. “La clave está en hacerles ver que todo lo que hacen por sus niños es por ellos”.

Aunque no siempre funciona. “Toca hacer mucha presión —dice Niño—. Sí, les hablo de los niños, de la parte humana, pero muchas veces toca amenazar hablando de los problemas que les trae no cumplir con la ley”.

Rincón concuerda: “Yo trato de que la gente entienda que ellos, como padre y madre, son los responsables de sus hijos y de la familia, y de recordarles que si las cosas no van a funcionar como pareja, al menos deben funcionar como familia”.

Pero muchas veces es una lucha en vano. Después de hablar con comisarios y jueces de Pasto, Manizales, Riohacha, Cúcuta, Leticia, Bogotá y Cali, todos comparten el mismo cansancio, resumido por Niño: “Al ver que personas de todos los niveles de la sociedad se comportan tan mal, con tanto rencor, es imposible no quedar con un mal sabor de boca” sobre el futuro de las familias colombianas.

Todos, también, tienen historias aún peores cuando se trata de violencia intrafamiliar.

El dolor no se queda en casa

Una niña de once años fue violada en su casa y, cuando llegó al hospital, fue violada de nuevo por un empleado del centro de salud. Una mamá ponía a sus tres hijas, de siete, nueve y once años, a disposición de su padrastro para que las violara. Otra mujer llevaba más de un año siendo golpeada y humillada por su pareja. Hombres maltratados, manipulados. Nadie se salva, y los comisarios tienen que entrar a lidiar con las personas en esos espacios.

Según datos de Medicina Legal, en Colombia hay una tasa de 144,8 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes. Cuando no se quedan en la impunidad silenciosa detrás de las puertas de los hogares, son los comisarios los que se ven forzados a intervenir. Pero esos espacios también se convierten en competencias por imponer una posición. Lo dijo Rincón: “Ganar es obtener una sentencia o un fallo de acuerdo a lo que ellos quieren, y no es en ganar en tanto a que todos salgan beneficiados. Siempre buscan que el juez les dé la razón”. El cinismo es inevitable.

La lucha diaria por responder a la violencia se hace con las uñas. Guzmán celebra que “ahora en las comisarías hay equipos interdisciplinarios” que incluyen abogados, sicólogos y digitadores. Pero ese no es el caso en todo el país, donde en ocasiones, como en Leticia, la labor depende de la buena voluntad de unos cuantos funcionarios abrumados de trabajo.

Rescatando familias

Pese a que el panorama suele ser desolador, todos los entrevistados demostraron esperanza en lo que hacen y una visión positiva —aunque sobria— del futuro de las familias colombianas. Guzmán dijo que “a través del trabajo de las Comisarías se intenta construir positivamente, y es muy satisfactorio cuando llega una persona y agradece, o me dice: ‘Gracias, usted salvó mi vida, yo había pensado en suicidarme’”.