Los embargos a los recursos de Nueva EPS han aumentado de nuevo, por decisión de cuatro juzgados en Caquetá y Bogotá. Según comunicó la EPS, la cifra incrementó a más de COP 2.1 billones. Cabe recordar que el valor ya había sido duplicado en noviembre de 2025, cuando pasó de COP 422.000.000 a COP 887.000.000.
“En este momento la entidad tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación, de allí que dicha decisión tome gran relevancia, pues solo se cuenta con el giro directo que llega cada semana para postulación hacia la red prestadora y limitación absoluta de uso de los recursos de tesorería”, se lee en el comunicado de Nueva EPS. También aseguró que si los embargos se mantienen, su funcionamiento se verá “seriamente” comprometido y no podrá operar administrativamente.
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La entidad se refirió, además, no solo al impacto en su sostenibilidad financiera, sino de la red de alrededor de 5.000 prestadores en el país. Los embargos, apuntó, se concentran en aproximadamente 95 IPS que presentaron las demandas en el proceso de intervención de la EPS, de las cuales, en su mayoría, son las principales instituciones privadas del país. Ante este panorama, Nueva EPS afirmó que ha implementado diferentes medidas, entre ellas la de acercarse a los jueces que han establecido las medidas de embargo.
El comunicado señala que, si bien la EPS traía un déficit considerable, las medidas de embargo han agudizado su situación financiera. Nueva EPS subrayó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son inembargables, de acuerdo con la ley y la Constitución Política. La Procuraduría, del mismo modo, ha reiterado que estos fondos no pueden ser objeto de medidas cautelares.
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La EPS se dirigió a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud, a la ADRES y entes de control, solicitando medidas para frenar estas decisiones judiciales. Mientras tanto, agotará “las vías jurídicas disponibles y reitera el llamado a las autoridades y actores involucrados para considerar las consecuencias legales y sociales de estas acciones, en aras de proteger la sostenibilidad del sistema de salud y la garantía de la prestación del servicio”.
El pronunciamiento de Nueva EPS se conoce poco después de que la Supersalud se refiriera al respecto, a través de un concepto unificado. Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, aseguró la superintendencia, tienen una destinación exclusiva y, por lo tanto, no pueden ser direccionados a fines distintos ni ser objeto de medidas cautelares.
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