Semanas después de que se denunciara la presunta violencia sexual por parte de 118 militares del Ejército hacia niños y niñas indígenas del Guaviare, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció algunos cambios en la seccional de ese departamento.
Entre las acciones propuestas, se mencionó la creación de dos Unidades Especializadas de Apoyo Interdisciplinario, con un enfoque étnico y de género, que fortalecerán en menos de dos meses a las cinco Defensorías de Familia que atienden en el departamento, incluyendo el Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS).
Debe recordarse que el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el asunto, afirmando que serían al menos 118 los militares involucrados, y también calificó como “un etnocidio” y como una “violación sistemática” los presuntos casos de abuso contra menores indígenas.
El presidente Petro también se refirió al informe que el ICBF entregó sobre las denuncias de violencia sexual en ese departamento, que estableció que, durante los últimos 4 años, 69 casos reportados con denuncia penal afectaron a las comunidades Jiw y Nukak, pueblos indígenas que están declarados como sujetos de especial protección y en vía de extinción.
Durante la investigación también se registraron relatos relacionados con inhalación de pegante y/o consumo de sustancias psicoactivas en estas poblaciones indígenas.
Por su parte, el ICBF afirmó que pondrá en marcha la atención por parte de una Unidad de Búsqueda Activa (UBA). Esta recorrerá los resguardos indígenas e identificará a niñas y niños de primera infancia con riesgos de desnutrición para que posteriormente sean remitidos a centros de salud.
También se prometió la elaboración de boletines periódicos, realizados por el Observatorio de la Niñez, que esperan informar sobre la situación de las niñas y niños en el Guaviare.
Por último, se espera establecer una agenda y un cronograma para diseñar, en conjunto con los miembros de las comunidades indígenas, un servicio que contemple el enfoque étnico con participación de la sociedad civil y la institucionalidad.
“El ICBF continuará articulando acciones con las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, y se concertará con los miembros de las comunidades indígenas la construcción de los modelos de atención integral para las niñas y niños Nukak y Jiw”, afirmó el comunicado emitido por la entidad.
Lea también: El producto que demostró la posibilidad de negocio con ingredientes amazónicos.
¿En qué va el caso?
La Personería de San José del Guaviare denunció que en una zona de tolerancia en el municipio es recurrente la presencia de niños y niñas indígenas, quienes son explotados sexualmente a cambio de comida y dinero. La Procuraduría ya pidió explicaciones que aún no han sido respondidas.
El fiscal general, Francisco Barbosa, niega que hayan existido violaciones contra menores en Guaviare; sin embargo, la Procuraduría tiene en la mira al director del ICBF en el departamento, Joaquín Mendieta Silguero. Según el Ministerio Público, Mendieta sería responsable de no haber investigado posibles casos de abuso y violencia sexual cometidos por parte de uniformados de las Fuerzas Militares contra indígenas menores de edad.
Por ahora, se nombró a Astrid Cáceres como subdirectora del ICBF en ese departamento. Se espera que su trabajo se enfoque, inicialmente, en supervisar las denuncias del Guaviare.