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En los últimos 4 años, el sistema de salud ha transitado de un malestar crónico a una sala de cuidados intensivos. El diagnóstico inicial y el tratamiento, aunque pudieron estar cargados de buenas intenciones, el fortalecimiento de la rectoría y de la atención primaria, y la mejora en la prestación de servicios, se distorsionaron y han llevado a resultados contrarios a los esperados, lo que puede significar un retroceso en indicadores sobre el estado de salud. La falta de consensos y la subvaloración del conocimiento, la gestión errática en las entidades rectoras y la confrontación permanente, han derivado en una crisis profunda que golpea a pacientes y a sus familias.
No todo ha sido negativo. Entre los avances que merecen continuidad y fortalecimiento, se destacan: la consolidación de la ADRES como fondo único del sistema, con capacidad para realizar giros directos a prestadores y operadores logísticos, así como el desarrollo de un sistema de información que aporta trazabilidad y transparencia sobre el gasto; el impulso al discurso y la práctica de la atención primaria en salud, incluidos los equipos básicos de salud como apuesta que amerita revisar para fortalecer o reconducir; la preocupación por la red pública y las propuestas orientadas a ganar soberanía sanitaria.
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Sin embargo, el saldo en rojo es abrumador y exige un examen cuidadoso. El primer gran fallo radica en la suficiencia de recursos. La discusión sobre la UPC sigue sin zanjarse, pero diversas aproximaciones señalan un desfase de al menos el 10 % , que se traduce en un déficit cercano a los COP 10 billones.
Pero el mayor desacierto ha sido la obsesión por desmontar el modelo de aseguramiento basado en el pluralismo estructurado o competencia administrada. Convencido de que la intermediación financiera era el cáncer del sistema, el Gobierno intentó dinamitar el rol de las EPS. Al no lograr una reforma por vía legislativa, con tres intentos fallidos en el Congreso y unos más frustrados por decreto, se optó por la intervención de gigantes como Nueva EPS, Sanitas y Savia Salud.
El Estado acumuló el mando de aseguradoras que agrupan a cerca de la mitad de la población nacional y, lejos de traer alivios, estas intervenciones empeoraron los indicadores financieros y de acceso, y estuvieron acompañadas de malas prácticas de gobierno, reflejadas en la alta rotación de interventores.
A esto se suman declaraciones y acciones que erosionaron la legitimidad del sistema. Iniciando su gobierno, el presidente Petro afirmó que el sistema de salud era “uno de los peores del mundo”, un diagnóstico que, lejos de ser constructivo y sin tener bases en una comparación internacional rigurosa, minó la confianza.
El desafío a la institucionalidad estuvo presente en la discusión de la reforma. Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso, el gobierno optó por radicalizarse y romper la coalición de la que hacían parte ministros con amplia trayectoria, además de dar paso a las intervenciones de EPS en una actitud que pareció ser más una revancha ante la no aprobación del proyecto. Precisamente, la C. Constitucional ordenó en 2025 la devolución de la EPS a sus propietarios, por considerar que se había vulnerado el debido proceso, y algo similar sucedió en 2026 ante fallos judiciales que ordenaron devolver las EPS Savia Salud y Coosalud.
Más allá del escenario político, en el marco de los pesos y contrapesos, la rama jurisdiccional mantuvo un rol activo en la defensa del estado de derecho, y fue así como frenó varios intentos del Ejecutivo por legislar mediante decreto o adoptar medidas que irían en contra de la Constitución y de la ley. Así sucedió con el intento por destinar el 5% de la UPC para financiar los equipos básicos de salud, cuya inaplicación ordenó la Corte Constitucional, y la adopción de varios puntos de la reforma que naufragó en el Congreso, mediante los decretos 858 de 2025 y 182 de 2026, suspendidos por el Consejo de Estado.
A pesar de los fallos judiciales, la sala de seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional realizó varias audiencias y dictó autos destinados a corregir la insuficiencia de recursos (UPC), pero el gobierno no dio cumplimiento cabal y mantuvo una postura negacionista ante la necesidad de revisar los cálculos y asegurar la participación. Tal fue el caso del Auto 2049 de 2025, mediante el cual la Corte declaró incumplimiento general en la definición de la UPC.
Mientras tanto, las modificaciones al modelo de salud del magisterio, a cargo del FOMAG, resultó un fracaso anunciado.
La corrupción, por su parte, no ha dado tregua. En 2024, el Supersalud anunció auditorías a cuatro EPS que evidenciaron irregularidades en el manejo de recursos públicos. Los casos de Coosalud, con más de COP 200 mil millones en manejos irregulares y del propio FOMAG, donde la Supersalud encontró diferencias cercanas a los COP 210 mil millones entre sus propios reportes financieros, son solo la punta del iceberg.
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Decálogo de Buen Gobierno
A falta de un informe oficial de empalme, y recogiendo las voces de expertos y actores del sector, el nuevo gobierno debería desplegar esfuerzos inmediatos en seis frentes prioritarios:
1. Instalar un Consejo Nacional de Salud. Existe un consenso amplio sobre la necesidad de una instancia formal de participación y concertación. Esta debe ser la primera medida de gobierno, encomendándole la discusión sobre la transformación del sistema.
2. Potenciar la Comisión Intersectorial de Salud Pública y asegurar su articulación efectiva.
3. Presentar al país un informe de cuentas claras, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales, que establezca una línea de base sólida sobre la situación financiera del sistema.
4.Definir la UPC para 2027 con la participación de un equipo de expertos independiente y acogiendo las órdenes de la C. Constitucional.
5. Blindar el fondo único de salud.
6. Conformar un equipo directivo con altas capacidades técnicas e idoneidad ética al frente de las principales entidades del sector: la ADRES, la Supersalud, el INVIMA y el INS.
El país no puede permitirse otro cuatrienio de experimentos ideológicos ni de pulsos políticos estériles. El paciente, el sistema, y los 52 millones de colombianos no merecen tratamientos improvisados. Exige un diagnóstico certero, tratamiento basado en la evidencia y un pacto nacional que anteponga la vida y el bienestar a las banderas partidistas.
* Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas - U. de Antioquia
** Profesor de la Escuela de Gobierno - U. de los Andes
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