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“Recibo complacida y comprometida la designación del señor Presidente Abelardo De La Espriella. La asumo pensando en los pacientes, en quienes los cuidan cada día y en un sector que requiere con urgencia recuperar la confianza”. Con ese mensaje, Ana María Vesga respondió al anuncio de que será la próxima ministra de Salud.
Vesga se venía desempeñando como presidenta de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo. Es abogada de la Universidad de los Andes, y cuenta con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico de la misma institución. Antes de llegar a Acemi, trabajó cerca de seis años en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
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Con este recorrido, son varios los retos que tendrá que enfrentar en el sector la ministra designada. Como contamos en esta nota, para Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, el principal desafío del nuevo gobierno será establecer cuál es la verdadera situación de la salud en Colombia. A su juicio, la administración entrante recibirá un sector con más preguntas que respuestas sobre el destino de los recursos públicos y el estado financiero de varias de las entidades intervenidas durante los últimos años. “El nuevo gobierno recibe un sistema de salud con las cuentas oscuras, tanto en materia financiera como en resultados en salud”, sostiene.
Para los expertos que consultamos hace un par de semanas, hay un frente de discusión coyuntural. “El entonces candidato y hoy presidente electo habló de un plan de choque para inyectar COP 10 billones al sistema, pero todavía falta entender cómo se destinarán esos recursos. Una de las grandes preguntas es cuánto tiempo tomará implementarlo”, señaló en su momento Alejandro Escobar, líder de Sectorial, una firma de análisis que ha estudiado con detalle las finanzas de la salud. “Él habló de 90 días, pero seguramente la visión cambiará cuando asuma el cargo y conozca de primera mano la magnitud de los retos actuales”.
Augusto Galán, exministro de Salud y director del observatorio Así Vamos en Salud, coincidió coincide en términos generales. “Durante la campaña hubo expectativa e incertidumbre, sobre todo alrededor del cómo. El sector puede compartir algunos de los objetivos planteados en el programa de gobierno y en los documentos sobre salud. Se habló de una crisis humanitaria y se propuso un plan de choque basado en la recuperación del flujo de recursos, el fortalecimiento de la atención primaria, la protección de los pacientes más vulnerables y la preservación de aquello que funciona dentro del sistema. Sin embargo, persisten dudas sobre la manera en que todo eso se llevará a la práctica”.
Ambos coinciden en que hay dos preguntas fundamentales alrededor de ese plan de choque: de dónde saldrán los COP 10 billones anunciados y cómo se focalizarán. “Durante la campaña se sugirió que esos COP 10 billones servirían para casi todo: desde pagar deudas con los prestadores hasta ajustar la UPC. Y eso no parece realista”, opinaba Escobar.
En su visión, el nuevo gobierno debería tomar tres decisiones desde el primer día. La primera, enviar una señal de estabilidad institucional y anunciar que acatará las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el ajuste de la UPC (la plata que el Estado les gira a las EPS). La segunda, aclarar el destino de los recursos del plan de choque y concentrar una parte importante de ellos en el pago de las deudas acumuladas del sistema. Y la tercera, definir cuanto antes una UPC para 2027 que garantice la suficiencia financiera.
“Esas tres medidas ayudarían a detener el desangre del sistema de salud”, asegura Escobar. Según detalla, permitirían reducir riesgos como que continúe el cierre de servicios de salud, las dificultades en la dispensación de medicamentos y el deterioro de la atención.
Los principales retos
Uno de los puntos principales que deberá atender el próximo gobierno, según expertos que consultamos, es recuperar el acceso a medicamentos. Carlos Mario Ramírez, exviceministro de Salud y exdirector de la Adres, nos contaba hace un par de semanas que esta es una de las prioridades más urgentes de la próxima administración. En su opinión, una parte importante de la crisis que atraviesa hoy el sistema se refleja en las dificultades que enfrentan los pacientes para obtener desde medicamentos de alto costo para enfermedades como el cáncer hasta tratamientos básicos para hipertensión, diabetes o infecciones.
Para enfrentar ese problema, propone acelerar mecanismos de negociación centralizada de medicamentos a través del Estado y de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una estrategia que, asegura, podría generar ahorros importantes y mejorar la disponibilidad de tratamientos. Ramírez considera que esta es una de las medidas que puede comenzar a implementarse de inmediato, sin necesidad de nuevas reformas legales, y que tendría efectos tanto sobre las finanzas del sistema como sobre la atención de los pacientes.
La situación de las EPS también figura entre las prioridades que, según Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), debe tener el próximo gobierno. Además de realizar un diagnóstico detallado de su estado financiero, el nuevo Ejecutivo deberá definir cuáles son viables, cuáles requieren capitalizaciones urgentes y cuáles podrían terminar en procesos de liquidación.
Otro frente tiene que ver con las transformaciones estructurales que requiere la salud en Colombia. Aunque existen diferencias sobre el camino para alcanzarlas, entre los expertos consultados parece haber consenso en que esos cambios no pueden seguir aplazándose muchos más años.
“El próximo gobierno no puede caer en la tentación del péndulo. Uno entiende que electoralmente se pasa de un lado a otro, pero los sistemas de salud no toleran esos movimientos bruscos. Tampoco sería conveniente intentar volver exactamente al modelo que existía antes”, advierte Galán, en relación con lo que se entendió como una defensa de Abelardo de la Espriella de la Ley 100. Para el exministro de Salud, existe un acuerdo cada vez más amplio dentro del sector: el sistema necesita evolucionar.
En ese sentido, hay varias discusiones de fondo. Giraldo considera inevitable abrir una discusión sobre la transformación del sistema una vez se supere la emergencia. En su opinión, el debate no debería centrarse en si se necesita o no una reforma, sino en cómo llevarla a cabo. “Todos estamos de acuerdo en que se necesita una reforma, pero no podemos seguir naufragando en los cómos”, señala. El director de la ACHC cree que el país debe revisar el alcance del aseguramiento y el papel de varias instituciones, aunque insiste en que cualquier cambio debería preservar un modelo mixto de prestación de servicios que combine capacidades públicas y privadas.
Galán coincide en que el sistema necesita transformaciones profundas, pero advierte que eso no necesariamente implica tramitar una gran reforma en el Congreso. “Colombia no necesita volver al pasado, necesita aprender de él”, resume. En su opinión, muchas de las herramientas necesarias para impulsar cambios relevantes ya existen en la legislación y lo que ha faltado es desarrollarlas y aplicarlas de manera efectiva. Entre los desafíos que identifica está la necesidad de fortalecer la sostenibilidad del sistema más allá de la discusión sobre la suficiencia de los recursos. Eso implica, por ejemplo, definir criterios más claros para la incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos, de manera que los recursos se destinen a intervenciones que generen valor real para los pacientes.
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