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El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Colombia (DescLAB) presentó su más reciente balance sobre la implementación de la eutanasia en nuestro país.
El informe llega en un momento simbólico: han pasado diez años desde que Colombia reglamentó por primera vez la eutanasia, en 2015, lo que permitió llevar un registro oficial de esta práctica. Desde entonces, en el país se han realizado 1.044 procedimientos de eutanasia. El 2024 marcó un récord, con 352 casos, lo que significó un aumento del 29,9 % respecto a 2023. El contraste con los primeros años es aún más claro: en 2015 apenas se registraron 4 casos, de modo que la práctica se ha multiplicado por 88 en una década.
Sin embargo, a pesar de ese crecimiento sostenido, la eutanasia, dice DescLAB, sigue siendo una causa de muerte muy marginal. En 2024 representó tan solo el 0,13 % de todas las muertes en Colombia. (Puede ver: Agendan debate de reforma a la salud)
Desde octubre de 2021, cuando empezó a operar el Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia (SRSE), se han registrado 2.491 solicitudes. Solo en 2024 se presentaron 1.169, pero de ellas únicamente 352 fueron aprobadas y practicadas, lo que refleja una tasa de autorización del 30,1 %, la más baja desde que existen registros oficiales.
Aunque el cáncer sigue siendo la principal causa por la que las personas solicitan la eutanasia, los diagnósticos no oncológicos han venido ganando terreno en los últimos años. Entre 2015 y 2024, el 74,6 % de los procedimientos correspondió a pacientes con algún tipo de cáncer, siendo los más frecuentes los de estómago, páncreas, recto y pulmón.
El 25,4 % restante estuvo asociado a enfermedades no oncológicas, una proporción que ha crecido desde 2021, año en el que la Corte Constitucional eliminó el requisito de padecer una enfermedad terminal para acceder a la eutanasia. En este grupo destacan diagnósticos como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el dolor crónico intratable, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la insuficiencia renal crónica.
El informe también muestra un cambio en el perfil de las solicitudes: en 2024, el 69,2 % de los casos correspondió a enfermedades incurables avanzadas o graves, mientras que las enfermedades terminales representaron solo el 25,6 %. “Estos datos muestran que el derecho a morir dignamente se está ejerciendo más allá del cáncer y las enfermedades terminales, respondiendo a realidades de sufrimiento diverso y a la ampliación de garantías por parte de la jurisprudencia”, explicó Lucas Correa Montoya, Director de Investigaciones de DescLAB y autor del informe.
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Voluntades más claras
Un aspecto positivo en el panorama de la eutanasia en Colombia es el aumento en el uso de los Documentos de Voluntad Anticipada (DVA), un mecanismo mediante el cual una persona deja por escrito sus decisiones frente al final de la vida. Según el informe, entre 2015 y 2024 el 49,8 % de quienes accedieron a la eutanasia contaban con un DVA diligenciado, mientras que en reportes anteriores esa cifra apenas llegaba al 23 %.
Sin embargo, y pese al aumento en el uso de este documento, el desconocimiento sigue siendo alto. Muchas familias creen que basta con conversar sobre los deseos de un ser querido, cuando en realidad es indispensable formalizar esas decisiones en un documento válido para que el sistema de salud pueda garantizarlas. Como explicó Camila Jaramillo Salazar, investigadora de DescLAB, “los DVA son una herramienta clave de autonomía y cuidado, pero todavía no se usan lo suficiente. Su baja difusión genera incertidumbre para las familias y obstáculos para hacer valer la voluntad de los pacientes”.
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El estudio también revela fuertes desigualdades territoriales: el 85,5 % de los procedimientos se concentran en Bogotá (42,9 %) y Antioquia (42,6 %). Esto significa que en gran parte del país el acceso es limitado. De hecho, de las 124 IPS habilitadas, solo 53 han recibido solicitudes y apenas 35 han realizado procedimientos.
Otros hallazgos apuntan a problemas de gestión: el tiempo promedio de respuesta de los comités en 2024 fue de 33,5 horas, lo que supera el límite legal de 24 horas. Para Correa, esta situación evidencia que “la garantía del derecho todavía depende del lugar de residencia y de la voluntad institucional. El reto es ampliar la red y eliminar barreras administrativas”. El informe completo puede consultarse aquí.
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