Fe de erratas: es falso que comunidades científicas respalden demanda contra vacunas

El jueves 18 de febrero, El Espectador publicó una noticia titulada “Con demanda piden tumbar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19”. Allí se explicaba que, tras el primer día de vacunación y la llegada de las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, el Plan Nacional de Vacunación (PNV) ya tenía la primera demanda por inconstitucionalidad. (Lea ABC sobre la vacunación contra el coronavirus en Colombia)

La demanda fue interpuesta por el movimiento llamado “Veeduría Ciudadana por la Verdad”, cuyo nombre, en realidad, no le hace honor a la verdad. Este grupo, que efecto presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2064 del 2020 (que regula el PNV) y que el Congreso aprobó la semana pasada, utiliza argumentos engañosos y falsos, muy similares a los que suelen usar los “movimientos antivacunas”, un verdadero peligro para la salud pública, tal y como los ha catalogado la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Lea Las noticias mal hechas también pueden arruinar la vacunación)

Una de las mentiras más graves del colectivo es la siguiente: quienes lo conforman aseguraron que cuentan con el apoyo de 13 agremiaciones y sociedades científicas, entre las cuales, dicen, están la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia; el Observatorio del Comportamiento de la Automedicación de la Universidad del Rosario; el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia; la Asociación Colombiana de Farmacología, la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana y la Asociación Colombiana de Infectología.

Pero este apoyo es completamente falso, según le hicieron saber a este diario algunas de estas asociaciones científicas. Carlos Calderón, profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio de Comportamiento de Automedicación dice que, primero, “nunca hemos apoyado esta acción de tutela. Segundo, consideramos que dicha tutela carece de fundamento científico. Tercero, apoyamos las directrices en materia de autocuidado, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que en este caso incluyen la vacunación masiva contra el COVID-19 con el fin de lograr la inmunidad de rebaño”. Así también lo manifestó Andrés Pérez, director del Observatorio, a través de un comunicado.

Así mismo, a través de una carta, Ángela Caro, presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, aseguró que “como agremiaciones no la apoyamos; al contrario, estamos en contra de dicha tutela por su ligereza y poco fundamento; por lo tanto, las afirmaciones de la nota ponen en tela de juicio el criterio científico de las asociaciones enunciadas. Solicitamos a ustedes se retire de inmediato los nombres de las Asociaciones de dicha nota y se aclare en medio impreso y digital esta situación”.

Además de mentir sobre el supuesto respaldo de las comunidades científicas, los argumentos de la demanda del movimiento “Veeduría Ciudadana por la Verdad” también son falsos y engañosos.

Por un lado, la tutela menciona que hay información de que la vacuna de Pfizer era un “peligro para ancianos y personas terminales”, citando a la Agencia Noruega de Medicamentos que reportó que “23 personas han muerto en el país poco tiempo después de recibir su primera dosis de la vacuna. De esas muertes”, dice el movimiento, “13 se han sometido a autopsia, y los resultados sugieren que los efectos secundarios comunes pueden haber contribuido a reacciones graves en personas ancianas frágiles”.

Sin embargo y como contó El Espectador, la directora del Instituto Noruego de Salud Pública, Camilla Stoltenberg, precisó la información y aseguró que no era posible determinar posibles efectos adversos de la vacuna en las 23 personas y que, “claramente, el COVID-19 es mucho más peligroso para la mayoría de los pacientes que la vacunación. No estamos alarmados”, dijo a mediados de enero. Además, la delegada respondió que en Noruega mueren alrededor de 45 ancianos al día y que se trata de unas denuncias sin fundamento.

Como si fuera poco, el movimiento “Veeduría ciudadana por la verdad” puso como prueba de sus “argumentos” un link a un artículo del medio SputnikNews que reporta, supuestamente, una parálisis facial de 13 personas en Israel. La nota ni siquiera existe.

Pero lo cierto detrás de todas estas mentiras es que la Organización Mundial de la Salud y diferentes agencias sanitarias como la FDA, de Estados Unidos, y la EMA, de Europa, han recalcado que las vacunas que han sido aprobadas son seguras y eficaces, mucho más, incluso de lo que esperaba la OMS. Sus efectos secundarios no son graves. Dolor de cabeza, dolor en el brazo o fiebre leve, son algunos de ellos.

Las vacunas que han sido autorizadas se han probado en ensayos clínicos y, a medida que la vacunación ha crecido, las diferentes agencias sanitarias han monitoreado constantemente la información de varias fuentes para detectar cualquier signo de que una vacuna pueda causar riesgos para la salud.

Para el 18 de febrero de 2021, se han implementado en los países al menos siete vacunas diferentes en tres plataformas. Al mismo tiempo, se encuentran en desarrollo más de 200 candidatos a vacunas adicionales, de los cuales más de 60 están en desarrollo clínico.

En cuanto a la de Pfizer / BioNTech (que es la que inauguró el Plan de vacunación en Colombia), es cierto hay poblaciones específicas para las que no se recomienda (como mujeres embarazadas o menores de 16 años), pero esto obedece a una razón: estas poblaciones no fueron incluidas en los ensayos clínicos por razones éticas. Por ese motivo, el Ministerio de Salud colombiano no está administrando ni recomendando estas vacunas para esos grupos.

Dentro de la Ley 2406, como lo denuncia el colectivo, el Artículo 5 sí se refiere a la responsabilidad de los fabricantes; sin embargo, el Congreso decidió que las empresas que produzcan el medicamento, en realidad, serán responsables por “acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”.

Si tiene dudas sobre sobre la vacunación contra el coronavirus en Colombia, en este ABC las resolvemos.

El jueves 18 de febrero, El Espectador publicó una noticia titulada “Con demanda piden tumbar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19”. Allí se explicaba que, tras el primer día de vacunación y la llegada de las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, el Plan Nacional de Vacunación (PNV) ya tenía la primera demanda por inconstitucionalidad. (Lea ABC sobre la vacunación contra el coronavirus en Colombia)

La demanda fue interpuesta por el movimiento llamado “Veeduría Ciudadana por la Verdad”, cuyo nombre, en realidad, no le hace honor a la verdad. Este grupo, que efecto presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2064 del 2020 (que regula el PNV) y que el Congreso aprobó la semana pasada, utiliza argumentos engañosos y falsos, muy similares a los que suelen usar los “movimientos antivacunas”, un verdadero peligro para la salud pública, tal y como los ha catalogado la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Lea Las noticias mal hechas también pueden arruinar la vacunación)

Una de las mentiras más graves del colectivo es la siguiente: quienes lo conforman aseguraron que cuentan con el apoyo de 13 agremiaciones y sociedades científicas, entre las cuales, dicen, están la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia; el Observatorio del Comportamiento de la Automedicación de la Universidad del Rosario; el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia; la Asociación Colombiana de Farmacología, la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana y la Asociación Colombiana de Infectología.

Pero este apoyo es completamente falso, según le hicieron saber a este diario algunas de estas asociaciones científicas. Carlos Calderón, profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio de Comportamiento de Automedicación dice que, primero, “nunca hemos apoyado esta acción de tutela. Segundo, consideramos que dicha tutela carece de fundamento científico. Tercero, apoyamos las directrices en materia de autocuidado, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que en este caso incluyen la vacunación masiva contra el COVID-19 con el fin de lograr la inmunidad de rebaño”. Así también lo manifestó Andrés Pérez, director del Observatorio, a través de un comunicado.

Así mismo, a través de una carta, Ángela Caro, presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, aseguró que “como agremiaciones no la apoyamos; al contrario, estamos en contra de dicha tutela por su ligereza y poco fundamento; por lo tanto, las afirmaciones de la nota ponen en tela de juicio el criterio científico de las asociaciones enunciadas. Solicitamos a ustedes se retire de inmediato los nombres de las Asociaciones de dicha nota y se aclare en medio impreso y digital esta situación”.

Además de mentir sobre el supuesto respaldo de las comunidades científicas, los argumentos de la demanda del movimiento “Veeduría Ciudadana por la Verdad” también son falsos y engañosos.

Por un lado, la tutela menciona que hay información de que la vacuna de Pfizer era un “peligro para ancianos y personas terminales”, citando a la Agencia Noruega de Medicamentos que reportó que “23 personas han muerto en el país poco tiempo después de recibir su primera dosis de la vacuna. De esas muertes”, dice el movimiento, “13 se han sometido a autopsia, y los resultados sugieren que los efectos secundarios comunes pueden haber contribuido a reacciones graves en personas ancianas frágiles”.

Sin embargo y como contó El Espectador, la directora del Instituto Noruego de Salud Pública, Camilla Stoltenberg, precisó la información y aseguró que no era posible determinar posibles efectos adversos de la vacuna en las 23 personas y que, “claramente, el COVID-19 es mucho más peligroso para la mayoría de los pacientes que la vacunación. No estamos alarmados”, dijo a mediados de enero. Además, la delegada respondió que en Noruega mueren alrededor de 45 ancianos al día y que se trata de unas denuncias sin fundamento.

Como si fuera poco, el movimiento “Veeduría ciudadana por la verdad” puso como prueba de sus “argumentos” un link a un artículo del medio SputnikNews que reporta, supuestamente, una parálisis facial de 13 personas en Israel. La nota ni siquiera existe.

Pero lo cierto detrás de todas estas mentiras es que la Organización Mundial de la Salud y diferentes agencias sanitarias como la FDA, de Estados Unidos, y la EMA, de Europa, han recalcado que las vacunas que han sido aprobadas son seguras y eficaces, mucho más, incluso de lo que esperaba la OMS. Sus efectos secundarios no son graves. Dolor de cabeza, dolor en el brazo o fiebre leve, son algunos de ellos.

Las vacunas que han sido autorizadas se han probado en ensayos clínicos y, a medida que la vacunación ha crecido, las diferentes agencias sanitarias han monitoreado constantemente la información de varias fuentes para detectar cualquier signo de que una vacuna pueda causar riesgos para la salud.

Para el 18 de febrero de 2021, se han implementado en los países al menos siete vacunas diferentes en tres plataformas. Al mismo tiempo, se encuentran en desarrollo más de 200 candidatos a vacunas adicionales, de los cuales más de 60 están en desarrollo clínico.

En cuanto a la de Pfizer / BioNTech (que es la que inauguró el Plan de vacunación en Colombia), es cierto hay poblaciones específicas para las que no se recomienda (como mujeres embarazadas o menores de 16 años), pero esto obedece a una razón: estas poblaciones no fueron incluidas en los ensayos clínicos por razones éticas. Por ese motivo, el Ministerio de Salud colombiano no está administrando ni recomendando estas vacunas para esos grupos.

Dentro de la Ley 2406, como lo denuncia el colectivo, el Artículo 5 sí se refiere a la responsabilidad de los fabricantes; sin embargo, el Congreso decidió que las empresas que produzcan el medicamento, en realidad, serán responsables por “acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”.

Si tiene dudas sobre sobre la vacunación contra el coronavirus en Colombia, en este ABC las resolvemos.