Intoxicados por cromo y plomo: denuncias de trabajadores de pigmentos Ferro

Girardota, un municipio que queda a unos 45 minutos de Medellín, es una de las zonas con peor calidad del aire de Colombia. En su parte urbana, por ejemplo, hay seis empresas que realizan procesos a base de carbón, sumando un total de 143 chimeneas. Pero las implicaciones que estas industrias dejan en sus habitantes van más allá: trabajadores de la empresa de pigmentos Ferro, antes conocida como Nubiola, llevan años denunciando intoxicación por trabajar casi a diario con químicos como el plomo y el cromo, entre otros. (Le sugerimos: Mercurio y plomo, principales amenazas de la población en América Latina)

Farley Castrillón, ya pensionado, comenzó a trabajar como preparador en Ferro en 1979. Su labor, comenta, era repetitiva. Debía vaciar sacos de 25 kilos en polvo de bicromato de sodio en una tina y mezclarlo con otros componentes, como el sulfato de amonio. Así, después de un largo proceso que implicaba también batearlo, secarlo y molerlo, podía obtener el resultado de uno de los productos que la empresa exporta: nitrato de plomo.

Hizo este proceso una y otra vez durante casi 40 años. “Al principio, sin ningún tipo de protección”, asegura. “Luego nos dieron máscaras desechables”. Más adelante, tras una visita de la ARL, supo que estaba trabajando con químicos potencialmente tóxicos. El bicromato de sodio, por ejemplo, es considerado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, como carcinógeno humano. Esto, en especial, porque uno de sus compuestos, el cromo VI, está clasificado en el grupo 1 de agentes cancerígenos.

Pero la única amenaza no es el cromo. Mario Fernando Orlas trabaja con Ferro desde 1999. Durante mucho tiempo estuvo en el área de “colores base para pinturas”, manejando, abriendo y vertiendo sacos de plomo en polvo. Hacia 2018, la empresa les hizo unos exámenes de sangre y los de él arrojaron que estaba alto en plomo. Si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informan que los niveles de plomo en la sangre en adultos se consideran altos cuando son de 5 mcg/dl o más, y de hecho buscan que no se pasen de 10 mcg/dl cuando hay exposición laboral, Mario los alcanzó a tener en 20,4 mcg/dl.

Según la Guía Neurológica de la Asociación Colombiana de Neurología, la neurotoxicidad por plomo, por solo mencionar algunos de los problemas de salud que puede causar, va desde dolor abdominal hasta encefalopatías cuando la exposición es muy alta o acumulativa.

“Cuando vieron que tenía el plomo muy alto, lo que hizo Ferro fue cambiarme de área”. Lo pasaron a “azul lavadora”, un proceso en el que se bombea el bicromato de sodio líquido (que tiene cromo IV) para hacer un color conocido como curticron. Aunque con el tiempo el nivel de plomo en la sangre bajó, el de cromo se le subió. (Lea también: Las largas jornadas de trabajo matan: OMS)

Ambos ahora tienen una serie de síntomas que le atribuyen a su trabajo. Farley pierde el hilo de la conversación seguido, le falla la memoria y, de hecho, tiene cuatro diagnósticos de enfermedad laboral: efecto tóxico, niveles anormales de metales pesados en la sangre, hipertensión e insuficiencia renal crónica no especificada. Mario se marea y se siente cansado. Otros compañeros cuentan una historia similar. William Martínez, quien trabajó en el área de óxido de cromo verde y en la de sal de cromo, comparte con Mario una sensación de cansancio inexplicable. Y Héctor Toro, quien también trabajó con plomo y cromo, es hipertenso, y con solo 54 años se le está descalcificando la dentadura.

Los trabajadores de Ferro no pueden saber con seguridad si todo lo que sienten es por su trabajo, pero sí creen que el riesgo que asumen a diario es suficiente para que la empresa asuma alguna responsabilidad. Están pidiendo lo mínimo: que Ferro acepte que se trata de una labor de alto riesgo y, por ende, se puedan pensionar unos cinco años antes. Pero no han recibido respuesta.

El Espectador consultó a la empresa Ferro para que respondiera varias preguntas, como el tipo de elementos de protección que les daban a los trabajadores, el nivel de toxicidad de los químicos con los que trabajan, el tipo de exámenes que les hacen y por qué no consideraban esta una labor de alto riesgo. Sin embargo, Ferro solo contestó que la empresa “velaba por un estricto cumplimiento legal, contamos con certificaciones globales en ISO 9001-2015, ISO14001 e ISO 45000, además de ser miembro de Business Alliance for Secure Commerce (BASC) y operador logístico autorizado. Además, nuestras operaciones están regidas por los estándares de Ferro Corporation, que requieren altos estándares de cumplimiento de los sistemas de gestión de salud y seguridad de los empleados y los programas de protección ambiental”.

Señalaron, además, “que las revisiones son realizadas por auditores nacionales e internacionales, así como por las autoridades como el Ministerio de Trabajo, para asegurar en todo momento el cumplimiento legal. Estas agencias están familiarizadas con nuestras operaciones, inventario y manejo de químicos, equipo de protección personal y las medidas que se brindan a nuestros empleados y demás grupos de interés, los programas de capacitación y educación, así como los datos de seguridad y salud en el trabajo. Todos los permisos de operación y los registros requeridos están en su lugar”.

La contaminación no es solo del aire, sino de sus cuerpos.

En noviembre del año pasado (2020), el Consejo de Estado emitió un fallo como respuesta a una acción popular que se presentó contra la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el municipio de Girardota (Antioquia) por no garantizar la “protección de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano y con la salubridad pública”. En otras palabras, se les exigió que, en un plazo de seis meses, debían presentar un plan para mejorar la calidad del aire del municipio y trabajar por su descontaminación. (Lea acá: Girardota, primer municipio con monitoreo de calidad del aire)

El plazo se venció hace dos meses, pero los trabajadores ven allí una oportunidad para que el fallo los cobije. La abogada Angélica Palacios Martínez, laboralista y parte del equipo jurídico del Centro de Solidaridad, quien está siguiendo tanto el proceso de la acción popular como el de los trabajadores de Ferro, explica que el fallo habla de varios grupos que deben hacerle seguimiento a la calidad del aire o del agua del municipio. “Queremos que uno de estos grupos esté conformado por organizaciones sociales, incluyendo a los trabajadores de Ferro, porque es un problema que no solo los afecta a ellos, sino a toda la población”. A lo que se refiere es que los líquidos que desecha Ferro también estarían llegando a los recursos hídricos del municipio y afectando el aire.

No lo dice solamente ella. María Rocío Bedoya, profesora de derecho laboral de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y quien vive en Girardota desde que inició la pandemia, explica que la empresa Ferro afecta a toda la comunidad. “Está en un sector donde habita mucha gente, cerca del barrio Juan 23, y los vecinos también se han visto afectados. Les entra humo, se les irrita la piel y muchos han dicho que han visto vertidos de agua azul”, comenta.

El plan, agrega Palacios, es que bajo la sombrilla del fallo también se conforme una mesa de diálogo en la que estén los trabajadores, representantes de Ferro, Colpensiones, la ARL y el Ministerio del Trabajo. ¿El objetivo? Que se reconozca que es un trabajo de alto riesgo, que está afectando su salud, y los trabajadores logren lo que se conoce como “pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo”.

“Ya existe el Decreto 2090 de 2003, que dice que cuando se trabaja con sustancias comprobadamente cancerígenas, son labores de alto riesgo. No entiendo cómo les han negado esa pensión y por qué la empresa insiste en lo contrario”, concluye Bedoya.

Girardota, un municipio que queda a unos 45 minutos de Medellín, es una de las zonas con peor calidad del aire de Colombia. En su parte urbana, por ejemplo, hay seis empresas que realizan procesos a base de carbón, sumando un total de 143 chimeneas. Pero las implicaciones que estas industrias dejan en sus habitantes van más allá: trabajadores de la empresa de pigmentos Ferro, antes conocida como Nubiola, llevan años denunciando intoxicación por trabajar casi a diario con químicos como el plomo y el cromo, entre otros. (Le sugerimos: Mercurio y plomo, principales amenazas de la población en América Latina)

Farley Castrillón, ya pensionado, comenzó a trabajar como preparador en Ferro en 1979. Su labor, comenta, era repetitiva. Debía vaciar sacos de 25 kilos en polvo de bicromato de sodio en una tina y mezclarlo con otros componentes, como el sulfato de amonio. Así, después de un largo proceso que implicaba también batearlo, secarlo y molerlo, podía obtener el resultado de uno de los productos que la empresa exporta: nitrato de plomo.

Hizo este proceso una y otra vez durante casi 40 años. “Al principio, sin ningún tipo de protección”, asegura. “Luego nos dieron máscaras desechables”. Más adelante, tras una visita de la ARL, supo que estaba trabajando con químicos potencialmente tóxicos. El bicromato de sodio, por ejemplo, es considerado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, como carcinógeno humano. Esto, en especial, porque uno de sus compuestos, el cromo VI, está clasificado en el grupo 1 de agentes cancerígenos.

Pero la única amenaza no es el cromo. Mario Fernando Orlas trabaja con Ferro desde 1999. Durante mucho tiempo estuvo en el área de “colores base para pinturas”, manejando, abriendo y vertiendo sacos de plomo en polvo. Hacia 2018, la empresa les hizo unos exámenes de sangre y los de él arrojaron que estaba alto en plomo. Si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informan que los niveles de plomo en la sangre en adultos se consideran altos cuando son de 5 mcg/dl o más, y de hecho buscan que no se pasen de 10 mcg/dl cuando hay exposición laboral, Mario los alcanzó a tener en 20,4 mcg/dl.

Según la Guía Neurológica de la Asociación Colombiana de Neurología, la neurotoxicidad por plomo, por solo mencionar algunos de los problemas de salud que puede causar, va desde dolor abdominal hasta encefalopatías cuando la exposición es muy alta o acumulativa.

“Cuando vieron que tenía el plomo muy alto, lo que hizo Ferro fue cambiarme de área”. Lo pasaron a “azul lavadora”, un proceso en el que se bombea el bicromato de sodio líquido (que tiene cromo IV) para hacer un color conocido como curticron. Aunque con el tiempo el nivel de plomo en la sangre bajó, el de cromo se le subió. (Lea también: Las largas jornadas de trabajo matan: OMS)

Ambos ahora tienen una serie de síntomas que le atribuyen a su trabajo. Farley pierde el hilo de la conversación seguido, le falla la memoria y, de hecho, tiene cuatro diagnósticos de enfermedad laboral: efecto tóxico, niveles anormales de metales pesados en la sangre, hipertensión e insuficiencia renal crónica no especificada. Mario se marea y se siente cansado. Otros compañeros cuentan una historia similar. William Martínez, quien trabajó en el área de óxido de cromo verde y en la de sal de cromo, comparte con Mario una sensación de cansancio inexplicable. Y Héctor Toro, quien también trabajó con plomo y cromo, es hipertenso, y con solo 54 años se le está descalcificando la dentadura.

Los trabajadores de Ferro no pueden saber con seguridad si todo lo que sienten es por su trabajo, pero sí creen que el riesgo que asumen a diario es suficiente para que la empresa asuma alguna responsabilidad. Están pidiendo lo mínimo: que Ferro acepte que se trata de una labor de alto riesgo y, por ende, se puedan pensionar unos cinco años antes. Pero no han recibido respuesta.

El Espectador consultó a la empresa Ferro para que respondiera varias preguntas, como el tipo de elementos de protección que les daban a los trabajadores, el nivel de toxicidad de los químicos con los que trabajan, el tipo de exámenes que les hacen y por qué no consideraban esta una labor de alto riesgo. Sin embargo, Ferro solo contestó que la empresa “velaba por un estricto cumplimiento legal, contamos con certificaciones globales en ISO 9001-2015, ISO14001 e ISO 45000, además de ser miembro de Business Alliance for Secure Commerce (BASC) y operador logístico autorizado. Además, nuestras operaciones están regidas por los estándares de Ferro Corporation, que requieren altos estándares de cumplimiento de los sistemas de gestión de salud y seguridad de los empleados y los programas de protección ambiental”.

Señalaron, además, “que las revisiones son realizadas por auditores nacionales e internacionales, así como por las autoridades como el Ministerio de Trabajo, para asegurar en todo momento el cumplimiento legal. Estas agencias están familiarizadas con nuestras operaciones, inventario y manejo de químicos, equipo de protección personal y las medidas que se brindan a nuestros empleados y demás grupos de interés, los programas de capacitación y educación, así como los datos de seguridad y salud en el trabajo. Todos los permisos de operación y los registros requeridos están en su lugar”.

La contaminación no es solo del aire, sino de sus cuerpos.

En noviembre del año pasado (2020), el Consejo de Estado emitió un fallo como respuesta a una acción popular que se presentó contra la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el municipio de Girardota (Antioquia) por no garantizar la “protección de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano y con la salubridad pública”. En otras palabras, se les exigió que, en un plazo de seis meses, debían presentar un plan para mejorar la calidad del aire del municipio y trabajar por su descontaminación. (Lea acá: Girardota, primer municipio con monitoreo de calidad del aire)

El plazo se venció hace dos meses, pero los trabajadores ven allí una oportunidad para que el fallo los cobije. La abogada Angélica Palacios Martínez, laboralista y parte del equipo jurídico del Centro de Solidaridad, quien está siguiendo tanto el proceso de la acción popular como el de los trabajadores de Ferro, explica que el fallo habla de varios grupos que deben hacerle seguimiento a la calidad del aire o del agua del municipio. “Queremos que uno de estos grupos esté conformado por organizaciones sociales, incluyendo a los trabajadores de Ferro, porque es un problema que no solo los afecta a ellos, sino a toda la población”. A lo que se refiere es que los líquidos que desecha Ferro también estarían llegando a los recursos hídricos del municipio y afectando el aire.

No lo dice solamente ella. María Rocío Bedoya, profesora de derecho laboral de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y quien vive en Girardota desde que inició la pandemia, explica que la empresa Ferro afecta a toda la comunidad. “Está en un sector donde habita mucha gente, cerca del barrio Juan 23, y los vecinos también se han visto afectados. Les entra humo, se les irrita la piel y muchos han dicho que han visto vertidos de agua azul”, comenta.

El plan, agrega Palacios, es que bajo la sombrilla del fallo también se conforme una mesa de diálogo en la que estén los trabajadores, representantes de Ferro, Colpensiones, la ARL y el Ministerio del Trabajo. ¿El objetivo? Que se reconozca que es un trabajo de alto riesgo, que está afectando su salud, y los trabajadores logren lo que se conoce como “pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo”.

“Ya existe el Decreto 2090 de 2003, que dice que cuando se trabaja con sustancias comprobadamente cancerígenas, son labores de alto riesgo. No entiendo cómo les han negado esa pensión y por qué la empresa insiste en lo contrario”, concluye Bedoya.