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El grupo Keralty, a través de una carta firmada por su presidente, Joseba Grajales, anunció que interpondrá denuncias ante los juzgados nacionales e internacionales contra el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su equipo de Gobierno. Según Grajales, estas personas “han colaborado en la difusión de estas mentiras” y buscan desprestigiar al grupo empresarial, sus instituciones y a quienes lo conforman. En el comunicado, también advirtió que tomarán acciones legales contra cualquier entidad, pública o privada, que atente contra su reputación, ya sea por acción u omisión.
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La carta se conoció tras la alocución presidencial del pasado martes 15 de julio. En esa intervención, el presidente Petro lanzó fuertes críticas contra distintos actores del sistema de salud. Uno de los blancos de sus críticas fue precisamente Keralty, el conglomerado al que pertenece la EPS Sanitas.
Durante su discurso, Petro calificó como “delincuentes” a los dueños del grupo y pidió públicamente su salida del país. “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia, debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros (…) así me toque hablar con el rey de España”, señaló el presidente.
A los ojos de Grajales, estas palabras representan un atropello a las instituciones y además forman parte de lo que considera “una campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos”, cuyo propósito, en su opinión, es “socavar, sin fundamento alguno, la legitimidad de nuestro trabajo, el valor de nuestra historia y la reputación de quienes lideramos con responsabilidad y compromiso”.
Uno de los antecedentes más recientes de este enfrentamiento entre el Gobierno y Keralty se remonta al 26 de junio, cuando la Corte Constitucional anuló la intervención que el Gobierno había ordenado sobre la EPS Sanitas a comienzos de 2024.
En la Sentencia SU-277 de 2025, la Sala Plena falló una acción de tutela presentada por varias entidades del grupo Keralty —entre ellas la Clínica Colsanitas y Medisanitas— junto con Juan Pablo Rueda Sánchez, en contra de la Superintendencia Nacional de Salud. Estas entidades alegaban que dicha intervención vulneraba su derecho fundamental al debido proceso.
Como consecuencia, el alto tribunal dejó sin efectos varias resoluciones clave emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, las cuales ordenaban la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas, así como su intervención administrativa durante un año.
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Este fallo, dijo Grajales, “marca un hito claro en la defensa de la legalidad, de los principios y de nuestro propósito”.
Otras acusaciones de Petro contra Keralty
Esta no es la primera vez que el presidente Petro lanza acusaciones contra Keralty. En varias ocasiones ha reiterado sus señalamientos, respaldado por denuncias presentadas por congresistas del Pacto Histórico, como Wilson Arias.
Desde 2024, Arias ha afirmado que el grupo habría hecho aportes millonarios a partidos políticos en pleno año electoral. Ese mismo año, presentó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra los partidos Centro Democrático, ASI, Liberal, Conservador y de la U, argumentando que habrían recibido financiación de Keralty y del Grupo Bolívar durante la campaña presidencial de 2022.
La acusación se sustenta en la norma que prohíbe expresamente que partidos, movimientos o campañas sean financiados con recursos provenientes, directa o indirectamente, de gobiernos o personas extranjeras, salvo que se trate de cooperación técnica no relacionada con asuntos electorales.
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El 19 de marzo de 2024, el presidente Petro dio mayor visibilidad a estas denuncias al declarar públicamente: “La Constitución prohíbe que la política se financie con recursos extranjeros. Esta prohibición fue violada, si la empresa extranjera que es dueña de una EPS es la principal financiadora de campañas políticas. Han roto con la Constitución”.
Sin embargo, en junio de ese mismo año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la investigación. Tras revisar los documentos y argumentos presentados por ambas partes, el CNE concluyó que todas las empresas involucradas están registradas y domiciliadas en Colombia, por lo que no se configuraba ninguna irregularidad por financiación extranjera.
“Esta Corporación no observa alguna transgresión del numeral 3 del artículo 10 y del numeral 1 del artículo 27 de la Ley 1475 del 2011, con ocasión a la financiación efectuada por las empresas Seguros Comerciales Bolívar S.A., El Grupo Bolívar, El Banco Davivienda y La Sociedad Keralty S.A.S., al funcionamiento del Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U para el año 2022, razón por la cual dará por terminada la actuación administrativa”, se lee en la resolución que publicó el 28 de mayo.
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En Colombia, Keralty S.A.S. está registrada como empresa nacional y forma parte del Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, así como de otras entidades como Colsanitas, Medisanitas y la Fundación Universitaria Sanitas.
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