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La alocución del presidente Gustavo Petro que versó alrededor de la crisis del sistema de salud y de la necesidad, según él, de una reforma, comienza a generar reacciones a favor y en contra.
Alejandro Gaviria, por ejemplo, exministro de educación de Petro y de Salud de Juan Manuel Santos, escribió en X. “La salud de los colombianos está en manos de un presidente delirante, fuera de sus cabales, y de un grupo de funcionarios pusilánimes, incapaces de reaccionar ante su verborrea televisada”. En su discurso, Petro arremetió contra Gaviria, acusándolo de no haber cumplido con sus responsabilidades al frente del Ministerio de Educación y de haber enfocado sus esfuerzos en criticar la gestión de Carolina Corcho, entonces ministra de salud, con quien ha tenido constantes enfrentamientos alrededor del funcionamiento del sistema de salud.
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Precisamente, la exministra Corcho, una de las aliadas más visibles del Gobierno en la defensa de la reforma, también se pronunció. En X, Corcho respaldó los argumentos del presidente Petro y aseguró que su intervención desmiente el “falso relato” de que el Ejecutivo ha desfinanciado el sistema de salud. A su juicio, los datos expuestos por el mandatario no solo refutan esa idea, sino que además revelan posibles hechos de corrupción y desvío de recursos que, según ella, podrían representar uno de los saqueos más graves en la historia reciente del país.
Ana María Vesga, directora de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, tiene una idea diferente a la de Corcho. “La alocución del presidente inconveniente y delirante solamente agrava la crisis de los pacientes. Responder a cifras y datos errados y juicios infundados en nada contribuye a la solución. No haremos parte de ese debate. El sistema de salud merece otro diálogo, sereno, técnico y soportado. Nos mantendremos en los escenarios institucionales, las Cortes, los órganos de control. Eso es lo que corresponde a quienes seriamente trabajamos por el sistema”, escribió en X. Es decir, Vesga no solo rechaza los señalamientos hechos por el presidente y por figuras como Corcho, sino que también se niega a entrar en una confrontación pública basada en lo que considera datos erróneos y afirmaciones infundadas.
Analistas como Johnattan García Ruiz —abogado, magíster en Salud Pública con énfasis en Salud Global de la Universidad de Harvard y uno de los expertos que ha seguido de cerca la discusión sobre la reforma a la salud— también reaccionaron a la alocución presidencial con críticas puntuales. Uno de los aspectos que más cuestionó fue la afirmación del presidente Petro, en línea con lo que ha reiterado el Ministerio de Salud, sobre la existencia de más de 10.000 equipos básicos de salud en operación en todo el país. García advirtió que asignar recursos para esos equipos no es lo mismo que tenerlos efectivamente funcionando.
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Diana Cárdenas, exviceministra de salud durante el gobierno de Iván Duque, también comentó el discurso del presidente. “Cada vez que se acerca el debate de la reforma, el Gobierno repite el mismo libreto: reporte de cifras mal explicadas, acusaciones sin pruebas y ataques al sector privado, especialmente a las EPS. ¿Qué intenta ocultar? Un grave deterioro del sistema y negligencia en su solución", escribió en X. Cárdenas señaló, entre otra cosas, que “la obsesión ideológica contra la gestión privada ha impedido reconocer su papel en la ampliación de cobertura y acceso. En lugar de fortalecer el sistema, el Gobierno ha preferido buscar culpables, omitiendo su deber constitucional de proteger el derecho a la salud”.
En los últimos treinta minutos de su alocución de este miércoles, el presidente Gustavo Petro centró su mensaje en defender la reforma a la salud. Insistió en que las EPS no desaparecerán, sino que se transformarán en Gestoras de Salud y Vida, con funciones distintas a las que hoy tienen como intermediarias financieras. Explicó que el proyecto contempla un mecanismo de crédito, estructurado por el Ministerio de Hacienda, para cubrir las deudas de las EPS que se acojan a la transformación, con pagos directos a los acreedores según los planes de saneamiento aprobados por la Superintendencia de Salud.
“El gobierno está salvando a las EPS”, dijo Petro, pero aclaró que lo hace bajo un nuevo rol: el de auditoría y gestión, no como aseguradoras. Reiteró que el aseguramiento debe ser responsabilidad del Estado, que debe garantizar la salud a todos los ciudadanos. También negó que esto implique desbordes en el gasto, al afirmar que ya existe un manual tarifario que se aplicará, incluyendo en el sistema de salud del magisterio (Fomag). La reforma a la salud permanece estancada en la Comisión Séptima del Senado, donde cursa su tercer debate.
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