"La despenalización del aborto es un camino para avanzar en salud pública": Profamilia

En diciembre de 2016, la abogada Natalia Bernal Cano interpuso dos demandas que reabren el debate sobre el aborto en Colombia. La primera pretende que el Código Civil modifique los artículos que dicen que la vida comienza al nacer, y la segunda, a modificar el artículo del Código Penal que tipifica el delito de aborto y las excepciones que dispuso la Corte Constitucional en 2006. 

Adicional a esto, el debate se volvió a prender por cuenta de la pubicación del borrador de la resolución con la que el Ministerio de Salud pretende cumplir la orden de la Corte Constitucional para regular y protocolizar de una vez por todas el aborto seguro, y así evitar barreras administrativas que eviten que las mujeres accedan a este derecho (considerado como fundamental por ese mismo tribunal). 

Por el momento, las demandas reposan en el despacho del magistrado Alejandro Linares. Mientras se toma una decisión, la clínica privada Profamilia, que realiza unas 2.000 interrumpciones voluntarias del embarazo al mes solo en Bogotá, y que lleva 50 años prestando servicios de derechos sexuales y reproductivos, publicó un comunicado en donde apoya la despenalización del aborto en Colombia: 

"En materia de Derechos Humanos, la única posibilidad que cabe es la ampliación y la progresividad, nunca el retroceso. Grandes decisiones se han tomado en la historia del país en materia de políticas públicas para garantizar el derecho a decidir y la autonomía reproductiva de las mujeres, como un derecho fundamental para las personas gestantes. Cada oportunidad de discusión debe ser analizada con hechos, riguroso soporte científico y con una visión integral que permita avanzar en la construcción de una sociedad con verdadera equidad de género, justicia y libre de discriminación. Los que trabajamos por el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos, estamos convencidos que la despenalización total del aborto es el camino. Por lo tanto, cualquier progreso que se dé en este sentido, es un paso más hacia la garantía de los derechos de las mujeres, un avance en materia de salud pública, y en la reducción del estigma que ha marcado la vida de miles de mujeres que han tomado el control sobre su cuerpo y sus vidas.

La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo cada año se realizan 22 millones de abortos en condiciones inseguras. La mayoría de estos ocurren en países en vía de desarrollo, donde el ejercicio del derecho está penalizado o presenta restricciones que dificultan el acceso; en Colombia, el panorama no es distinto. Cifras del Ministerio de Salud y Protección Social demuestran que el índice de embarazos no planeados alcanza un 52% y que 70 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros y/o clandestinos. Hoy, a casi catorce años de la promulgación de la Sentencia C-355 del 2006 la cual ha sido referente jurisprudencial en el mundo, los retos continúan y no son pocos: el estigma, los señalamientos, el rechazo, la crueldad y la desinformación, entre otros, siguen enfrentando a las mujeres y personas gestantes a múltiples barreras que les impide acceder a servicios oportunos, seguros y de calidad, llevándolos a escenarios peligrosos donde los riesgos para sus vidas son múltiples y latentes.

A propósito de las demandas que cursan en la Corte Constitucional: No existe evidencia científica, sistemática y rigurosa, que demuestre una relación entre el aborto y la afectación de la salud mental de las mujeres. Por el contrario, múltiples estudios científicos demuestran que el estigma social, la criminalización y las barreras de acceso a procedimientos seguros de interrupción voluntaria del embarazo, generan verdaderos daños en la salud mental de las mujeres como: ansiedad, estrés, pérdida de autonomía y control sobre sus vidas. El acceso libre a procedimientos seguros y oportunos, dentro del sistema de salud, garantiza el cuidado y la protección de quienes deciden ejercer su derecho al aborto.

De igual manera, se ha comprobado que la oportuna y correcta implementación de la ruta de aborto en las instituciones prestadoras de salud, a través de la ejecución de las guías y protocolos para el aborto seguro, han demostrado no dejar ningún tipo de secuela física que pueda afectar la futura salud sexual y reproductiva de la mujer.

Es inconcebible que 14 años después de la Sentencia C - 355 de 2006, de más de 17 fallos de la Corte y regulación por parte de autoridades de salud, las mujeres sigan siendo sometidas a actos de crueldad como juzgamientos, señalizaciones, discriminación, abusos, etiquetas morales y sociales que solo atentan y destruyen su vida y salud mental. En este sentido, desde Profamilia hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que siga avanzando en el reconocimiento del derecho a decidir, como un derecho fundamental, y a la opinión pública para que la discusión se dé en un plano de salud pública y de derechos; con información verídica, científica y legal, que permita eliminar los múltiples obstáculos que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar para poder acceder a servicios de aborto seguros, oportunos y libres de discriminación". 

En diciembre de 2016, la abogada Natalia Bernal Cano interpuso dos demandas que reabren el debate sobre el aborto en Colombia. La primera pretende que el Código Civil modifique los artículos que dicen que la vida comienza al nacer, y la segunda, a modificar el artículo del Código Penal que tipifica el delito de aborto y las excepciones que dispuso la Corte Constitucional en 2006. 

Adicional a esto, el debate se volvió a prender por cuenta de la pubicación del borrador de la resolución con la que el Ministerio de Salud pretende cumplir la orden de la Corte Constitucional para regular y protocolizar de una vez por todas el aborto seguro, y así evitar barreras administrativas que eviten que las mujeres accedan a este derecho (considerado como fundamental por ese mismo tribunal). 

Por el momento, las demandas reposan en el despacho del magistrado Alejandro Linares. Mientras se toma una decisión, la clínica privada Profamilia, que realiza unas 2.000 interrumpciones voluntarias del embarazo al mes solo en Bogotá, y que lleva 50 años prestando servicios de derechos sexuales y reproductivos, publicó un comunicado en donde apoya la despenalización del aborto en Colombia: 

"En materia de Derechos Humanos, la única posibilidad que cabe es la ampliación y la progresividad, nunca el retroceso. Grandes decisiones se han tomado en la historia del país en materia de políticas públicas para garantizar el derecho a decidir y la autonomía reproductiva de las mujeres, como un derecho fundamental para las personas gestantes. Cada oportunidad de discusión debe ser analizada con hechos, riguroso soporte científico y con una visión integral que permita avanzar en la construcción de una sociedad con verdadera equidad de género, justicia y libre de discriminación. Los que trabajamos por el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos, estamos convencidos que la despenalización total del aborto es el camino. Por lo tanto, cualquier progreso que se dé en este sentido, es un paso más hacia la garantía de los derechos de las mujeres, un avance en materia de salud pública, y en la reducción del estigma que ha marcado la vida de miles de mujeres que han tomado el control sobre su cuerpo y sus vidas.

La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo cada año se realizan 22 millones de abortos en condiciones inseguras. La mayoría de estos ocurren en países en vía de desarrollo, donde el ejercicio del derecho está penalizado o presenta restricciones que dificultan el acceso; en Colombia, el panorama no es distinto. Cifras del Ministerio de Salud y Protección Social demuestran que el índice de embarazos no planeados alcanza un 52% y que 70 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros y/o clandestinos. Hoy, a casi catorce años de la promulgación de la Sentencia C-355 del 2006 la cual ha sido referente jurisprudencial en el mundo, los retos continúan y no son pocos: el estigma, los señalamientos, el rechazo, la crueldad y la desinformación, entre otros, siguen enfrentando a las mujeres y personas gestantes a múltiples barreras que les impide acceder a servicios oportunos, seguros y de calidad, llevándolos a escenarios peligrosos donde los riesgos para sus vidas son múltiples y latentes.

A propósito de las demandas que cursan en la Corte Constitucional: No existe evidencia científica, sistemática y rigurosa, que demuestre una relación entre el aborto y la afectación de la salud mental de las mujeres. Por el contrario, múltiples estudios científicos demuestran que el estigma social, la criminalización y las barreras de acceso a procedimientos seguros de interrupción voluntaria del embarazo, generan verdaderos daños en la salud mental de las mujeres como: ansiedad, estrés, pérdida de autonomía y control sobre sus vidas. El acceso libre a procedimientos seguros y oportunos, dentro del sistema de salud, garantiza el cuidado y la protección de quienes deciden ejercer su derecho al aborto.

De igual manera, se ha comprobado que la oportuna y correcta implementación de la ruta de aborto en las instituciones prestadoras de salud, a través de la ejecución de las guías y protocolos para el aborto seguro, han demostrado no dejar ningún tipo de secuela física que pueda afectar la futura salud sexual y reproductiva de la mujer.

Es inconcebible que 14 años después de la Sentencia C - 355 de 2006, de más de 17 fallos de la Corte y regulación por parte de autoridades de salud, las mujeres sigan siendo sometidas a actos de crueldad como juzgamientos, señalizaciones, discriminación, abusos, etiquetas morales y sociales que solo atentan y destruyen su vida y salud mental. En este sentido, desde Profamilia hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que siga avanzando en el reconocimiento del derecho a decidir, como un derecho fundamental, y a la opinión pública para que la discusión se dé en un plano de salud pública y de derechos; con información verídica, científica y legal, que permita eliminar los múltiples obstáculos que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar para poder acceder a servicios de aborto seguros, oportunos y libres de discriminación".